Guerra fiscal en el Gobierno por dar un trato VIP a las estrellas del capital riesgo

El divorcio del Reino Unido con la Unión Europea ha abierto muchas posibilidades para que las grandes ciudades del Viejo Continente den cobijo a las numerosas empresas financieras que han decidido irse de la City londinense. Una de ellas es Madrid, que, apoyada por el Gobierno de Mariano Rajoy, se ha ofrecido para atraer a bancos, gestoras de fondos de inversión y de capital riesgo para que se instalen en España. Sin embargo, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, se ha opuesto a dar cualquier tipo de trato preferente a los ejecutivos de estas firmas, algunos de los cuales están protagonizando las operaciones corporativas más importantes en el Ibex 35.

La reciente compra del 20% de Gas Natural en manos de Repsol por 3.800 millones ha sido realizada por CVC Capital Partners, que es el mayor accionista de Cortefiel, de la aceitera Deoleo, de la papelera Torraspapel y fue, hasta finales de 2015, un inversor destacado en Abertis (tuvo el 15% del capital). Aernnova, el mayor fabricante español de aviones, fue adquirida en 2017 por 900 millones de euros por Peninsula Capital y TowerBrook, dos fondos instalados en Londres. Otra empresa como Pronovias fue absorbida por BC Partners por 550 millones, mientras que Naturgas y Redexis -suministradores de gas a domicilio- también pasaron a manos de ‘private equity’.

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Para aprovechar este 'boom' y ante el deseo de muchas de estas sociedades de inversión de buscar otras ciudades donde echar el ancla tras el Brexit, la Asociación Española de Capital, Crecimiento e Inversión (Ascri) ha presentado a la Comisión Nacional del Mercados de Valores (CNMV), al Ministerio de Economía y al de Hacienda una propuesta para atraer a todas estas firmas de capital riesgo a Madrid. El planteamiento era facilitar el traslado de los cuarteles generales adaptando la ley española, que en general es bastante similar, salvo el tratamiento de los salarios de los ejecutivos.

La proposición incluye que el ‘carry’ o la comisión que los gestores de los fondos cobran por administrar con éxito el dinero de sus inversores (‘limited partners’) tribute al tipo marginal en lugar de como rendimientos del trabajo. Así se hace en los países vecinos, como Francia, Alemania y recientemente Italia, que ha adaptado su normativa fiscal para convencer a los Permira, Cinven, PAI Partners, Capital Group, Carlyle, Blackstone, Cerberus, Bain, Ardian o KKR de turno. Todos ellos tienen inversiones actualmente en España, como Idealista, Famosa, Telepizza, Tous, Uralita o las inmobiliarias de Santander, BBVA, Bankia y Liberbank.

Montoro ha preferido seguir la estela de Suecia, que justo hace un año emitió una sentencia que puso patas arriba a los ejecutivos del sector

La diferencia es sustancial porque la tributación al tipo marginal sería del 25%, mientras que si el tratamiento fuese como rentas del trabajo, el IRPF ascendería al 45%. Pese a que la CNMV y Economía se han mostrado favorables a este esquema de Ascri, el Ministerio de Hacienda se ha opuesto totalmente. Montoro ha transmitido a Ascri que no está por la labor de ofrecer una fiscalidad laxa a estos trabajadores cualificados, que pueden obtener ‘carrys’ de 5, 10, 30 e incluso de hasta 100 millones de euros -así pasó en Aernnova- en función de cómo tengan negociadas sus comisiones con los ‘limited partners’, los que les prestan el dinero para invertirlo con garantía de rentabilidades mínimas del 20%.

El precedente sueco

El titular de Hacienda ha preferido seguir la estela de Suecia, que justo hace un año emitió una sentencia que puso patas arriba a los ejecutivos del sector. La Corte de Apelación indicó en una resolución que 85 gestores de ‘private equity’ locales, como EQT, también con inversiones en España, debían pagar al fisco 263 millones de euros en retrasos tras considerar que sus ingresos entre 2007 y 2012 debían tributar como rentas del trabajo y no como capital. Es decir, al 60% frente a un IRPF que oscila entre el 25 y el 30%.

En el Reino Unido, el Tesoro británico aprobó una norma en 2016 según la cual los directivos del capital riesgo deben tributar al 40% si consiguen sus ‘carry interest’ en un plazo inferior a 40 meses, una decisión con la que pretende reducir la especulación en la compra y venta de empresas. Por su parte, Donald Trump anunció durante su campaña electoral que acabaría con las ventajas de estos profesionales del mundo de las finanzas, pero, lejos de cumplir con su amenaza, posteriormente indicó que rebajaría su factura fiscal al 15%.

Ante esta situación, algunos de los fondos que se habían mostrado favorables a trasladar sus oficinas a Madrid han descartado España como vía de escape del Brexit. Desde la patronal del sector consideran una gran oportunidad perdida para el país, que podría haber atraído talento y riqueza si facilitase el desembarco de firmas que el año pasado completaron compraventas de empresas nacionales por 4.900 millones de euros. De esta cantidad, el 75% era de 'private equity' internacionales.