Los afectados del Popular, a esperar: la instrucción puede demorarse año y medio

Los afectados por la resolución del Banco Popular pueden sentarse a esperar. El fiscal anticorrupción Antonio Romeral ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu que se declare compleja la instrucción del caso Popular. Esta calificación implica que el plazo máximo para concluir el sumario se eleva desde los seis meses de la causa simple hasta 18. Además, la Fiscalía también ha rechazado el recurso del expresidente del Popular Ángel Ron contra el embargo de tres millones de su plan de pensiones.

Este retraso se suma al de la causa contra la resolución del banco decretada por la JUR (Junta Única de Resolución) en el Tribunal de Luxemburgo, que se demorará unos dos años, como ha informado El Confidencial. No obstante, algunos abogados de los perjudicados consideran que "a cambio de esperar más, la instrucción será más seria y la investigación más profunda, sobre todo la de los peritos del Banco de España, lo que ayudará a esclarecer los hechos y a depurar las responsabilidades". Para la mayoría de las partes, el informe de los peritos será clave para el caso, como ha ocurrido en el de Bankia.

El fiscal ha solicitado la calificación de causa compleja por cuatro motivos. El primero es la complejidad de los delitos que se imputan: "Delito societario por falseamiento de cuentas del artículo 290 del Código Penal, de un delito relativo al mercado y a los consumidores del artículo 282 bis del Código Penal, de un delito de manipulación del mercado del artículo 284 del Código Penal, etc.".

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Eduardo Segovia

El segundo es el elevado número tanto de investigados, más de 20, y sobre todo de perjudicados, que cifra en cientos a la luz de las personaciones hasta ahora. La tercera razón se refiere precisamente a la necesidad de realizar pruebas periciales sobre la contabilidad "para establecer la conformidad o no con la realidad económica y financiera del Banco Popular Español SA", o sobre " las auditorías realizas a las empresas investigadas, y otros informes sobre la gestión empresarial, lo que requiere el examen de la información contable de diversos ejercicios, además de abundante documentación".

Ingente cantidad de documentación

Como adelantó El Confidencial, Andreu solicitó el 14 de febrero a todos los organismos y entidades involucrados en el fin del banco la remisión de toda la documentación de que dispongan, incluyendo el informe completo de Deloitte o la liquidez de emergencia que le inyectó el BCE. Una ingente cantidad de documentos cuyo análisis puede requerir mucho tiempo.

Por último, y en relación con esto, el fiscal argumenta que la investigación "requiere de la revisión de diversos aspectos de la gestión del banco en el periodo objeto de instrucción". Andreu aceptó la tesis de Anticorrupción este miércoles 7 de marzo y dio un plazo de tres días a las partes para presentar alegaciones. Una vez que las tenga en su poder, decidirá si definitivamente transforma la causa en compleja.

A favor del embargo a Ron

Por otro lado, la Fiscalía también se ha opuesto al recurso presentado por Ángel Ron contra la decisión de Andreu del 2 de febrero de embargarle 2.940.975 euros que debía cobrar el expresidente de su plan de pensiones contratado con Allianz, "con objeto de asegurar las responsabilidades civiles y pecuniarias que pudieren derivarse de la presente causa". El expresidente recurrió al entender que Allianz incumplió sus obligaciones al 'chivarse' al juez de que iba a efectuar ese pago sin haber sido preguntada.

El fiscal Romeral ya se opuso el 15 de febrero, pero Ron contraatacó aportando un nuevo escrito, respecto al que el Ministerio Público asegura: "El documento que aporta, consistente en las alegaciones que realiza el Banco Popular Español SA en el expediente sancionador n° 15/2017 de la CNMV, en nada afecta a la causa y razón de la adopción de la medida cautelar impugnada". Este expediente abierto por la CNMV se refiere a la posible ocultación de información sobre las retribuciones, y el fiscal entiende que eso no tiene nada que ver con "las medidas de aseguramiento de las responsabilidades pecuniarias en la causa".