Hacienda: Hacienda sanciona a Endesa y la investiga por perjudicar a los proveedores españoles. Noticias de Empresas
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Hacienda sanciona a Endesa y la investiga por perjudicar a los proveedores españoles

La Agencia Tributaria tiene abiertos numerosos expendientes a la eléctrica española controlada por la italiana Enel, uno de ellos con resultado de multa económica

Foto: Foto: Reuters.
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El Gobierno ha puesto su foco sobre Endesa, la eléctrica española propiedad de la italiana Enel, con la que el Ministerio de Energía mantiene una relación poco amistosa por la polémica sobre el cierre de las centrales nucleares y las de carbón. Según documentos oficiales, la Agencia Tributaria ha sancionado a la filial de energías verdes de la que fuera empresa pública nacional por el pago del impuesto de sociedades. Un castigo que se suma a otras inspecciones firmadas en disconformidad y a una investigación sobre la contratación de servicios desde Madrid en favor de subsidiarias con sede en Roma.

Endesa reconoce que en junio de 2017 recibió por parte de la Agencia Tributaria los acuerdos de liquidación sobre las actas del impuesto sobre sociedades firmadas en disconformidad, confirmando dichos acuerdos las regularizaciones más significativas incoadas en las actas iniciales. Pero el 20 de julio del pasado año Hacienda notificó a Enel Green Power España el inicio de un expediente sancionador sobre el tercer pago fraccionado del año 2015, contra el que la compañía eléctrica presentó en agosto las pertinentes alegaciones a la Oficina Técnica.

Sin embargo, pese a estas explicaciones, el pasado 4 de enero, la Agencia Tributaria le comunicó la resolución del expediente sancionador, confirmando la propuesta de sanción inicialmente liquidada. Aunque en un principio Endesa tenía decidido no recurrir la multa, el pasado 30 de enero cursó la pertinente reclamación económico-administrativa. Curiosamente, según fuentes del grupo energético, la liquidación le salió positiva, por lo que el Estado debía devolver dinero a la filial española de Enel. Pero una revisiones posteriores de los técnicos de Hacienda concluyeron que, en realidad, la eléctrica debía de contribuir a las cuentas públicas nacionales. Ninguna de las partes ha querido revelar la cantidad en discusión.

La investigación de la Agencia Tributaria empezó en 2015, cuando inició actuaciones de inspecciones sobre Enel Green Power en relación con el impuesto sobre sociedades de los ejercicios 2010 a 2013, sobre el impuesto sobre el valor añadido (IVA) (mayo de 2011 a diciembre de 2013) y retenciones del impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) a empleados, servicios profesionales, dividendos e intereses, rentas obtenidas por no residentes (desde mayo de 2011 a diciembre de 2013), así como sobre el tercer pago fraccionado del grupo fiscal correspondiente al ejercicio 2015.

En junio de 2017, Enel presentó sus correspondientes recursos y considera que las liquidaciones finales “no debieran afectar de manera significativa a los estados financieros consolidados de Endesa”. El grupo tiene abiertos a inspección los ejercicios 2006, 2011 y siguientes del impuesto sobre sociedades, así como los ejercicios 2012 y siguientes para los demás impuestos que le son de aplicación. Además, en 2016, la administración tributaria inició un procedimiento de comprobación e investigación, que está en la última fase de recogida de información y análisis, sobre el impuesto de sociedades, el IVA y retenciones del que podrían derivarse pasivos contingentes.

Cobra en lugar de pagar

Las discrepancias fiscales entre el Estado español y Enel no quedan aquí. Según indican otras fuentes próximas al fisco, Hacienda también está investigando lo que se conoce como operaciones vinculadas entre Endesa y su matriz italiana. Es decir, los pagos que empresas en Madrid hacen a sociedades transalpinas. El volumen total de facturas que Roma pasa a las filiales españolas rondó los 1.250 millones de euros en 2017. La mayoría de estos pagos están relacionados con compras de inmovilizado material, adquisición de terminales, prestación de servicios, contratos de gestión y opciones de compra. Según las mismas fuentes, la Agencia Tributaria ha comenzado a analizar los ejercicios 2011 a 2014, especialmente tras detectar que Enel había iniciado una política de cambio de proveedores españoles por italianos.

El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. (EFE)
El ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal. (EFE)

La poca sintonía entre Madrid y Roma viene de lejos. Álvaro Nadal, ministro de Energía, acusó el pasado año a Enel de hacer política a favor de los ciudadanos italianos a costa del consumidor español y de los trabajadores españoles” cuando la multinacional transalpina anunció el cierre de dos centrales de carbón sin previo aviso a su ministerio. No le faltaba razón en el fondo. De hecho, el enfado ha ido a mayores tras descubrir que, en lugar de pagar impuestos, la Hacienda española devuelve dinero a la empresa nacional italiana por su inversión en la eléctrica con sede en Madrid.

Así consta en las cuentas anuales de Enel Iberoamérica, la tenedora de las acciones representativas del 70% del capital de Endesa. Según estos documentos, el impuesto de sociedades de esta empresa que Enel usa como cabecera de sus intereses en España le sale positivo, es decir, como ingreso, en lugar de como gasto, gracias a la contabilización de los créditos fiscales derivados de la deuda en que incurrió para comprar la eléctrica española en 2007. De esta forma, Enel Iberoamérica, lejos de pagar a Hacienda, cobra de las arcas públicas nacionales, lo que ha irritado aún más al titular de la cartera de Energía.

Según estas cuentas, Enel Iberoamérica recibió en 2016 un ingreso de 153,9 millones de euros por el impuesto de sociedades, frente a los 138,9 millones del año precedente. Pero, además, el último ejercicio fiscal, la filial de Enel se apuntó los beneficios de la fusión por absorción de Enel Latinoamérica SAU, que se tradujo esencialmente en la aplicación de una exención fiscal para evitar la doble imposición por 1.275,22 millones (614 millones en el año anterior).

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