Despido nulo para el sindicalista de Ayesa que pidió ayuda por carta a Susana Díaz

Denunciar las prácticas laborales en la tecnológica andaluza Ayesa AT, empresa controlada mayoritariamente por la ingeniería sevillana Ayesa y en la que la Junta andaluza es el segundo accionista con un 23% del capital, llevó al despido del que era presidente del comité de empresa en 2015, Francisco Barjas. El sindicalista, representante de la central CSC, envió el 17 de septiembre de ese año una carta a la presidenta de la Junta, Susana Díaz, y a los grupos políticos del Parlamento andaluz detallando lo que consideró que eran situaciones abusivas en la gestión de los recursos humanos en Ayesa AT, la antigua empresa pública que se denominaba Sadiel. Y pedía una reunión con cada uno de esos destinatarios para analizar la situación.

La empresa lo despidió en diciembre, tres meses después, y ahora un juzgado de lo Social de Sevilla ha anulado ese despido y condenado a Ayesa no sólo a readmitirle sino también a pagarle 12.000 euros por vulnerar su derecho a la libertad sindical y a la libertad de expresión. La firma tecnológica, que no ha contestado a las preguntas de El Confidencial, ya ha recurrido la decisión conocida el pasado 9 de febrero ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, según fuentes de CSC.

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La sentencia estima parcialmente la demanda de Barjas y asegura que este actuó dentro de los límites del derecho a la libertad sindical y de su libertad de expresión al informar a Díaz y a los grupos políticos de los despidos de mujeres embarazadas, de mujeres que acababan de dar a luz, de mujeres que tenían concedida reducción de jornada por cuidado de sus hijos, o de las denuncias ante la Inspección de Trabajo por el clima laboral existente en la filial TIC de Ayesa. En total, ocho puntos de denuncia que llegaron a la clase política andaluza y motivaron que el consejero en representación de la Junta en Ayesa AT preguntara en un consejo de octubre de 2015 por las denuncias descritas en la misiva.

La sentencia analiza cada uno de esos puntos, a la luz de la información facilitada por Barjas y por Ayesa AT, y cómo la empresa se basó en esos puntos para abrir el expediente que derivó en su despido. Expediente que, según declararon a la juez los dos empleados de Ayesa AT que lo firmaron como instructor y secretario, les llegó ya redactado desde la dirección y ellos sólo rubricaron. La resolución judicial concluye, respecto a la libertad de expresión: "De la prueba practicada se constata que el contenido del expediente disciplinario tramitado, que dio lugar a los hechos de la carta de sanción, imputan al trabajador no una total falta de veracidad de lo que dijo en su comunicación sino en que no lo dijo como a la empresa le hubiera gustado que lo hubiera hecho y en definitiva esto supone una limitación a la libertad de expresión".

Expediente sancionador precocinado

Y en relación a vulneración de la libertad sindical, la juez María Lerdo de Tejada señala en su resolución: "La sanción impuesta [el despido] tiene su origen en la acción sindical y su libre ejercicio que en este caso se ha expresado a través de una comunicación a la Presidenta de la Junta de Andalucía y a los Grupos del Parlamento Andaluz. De forma, que con su actuación la empresa parece pretender que el actor ejercite la acción sindical en la manera que la propia empresa estima adecuado y por tanto, infringe directamente el derecho a la libertad sindical". La magistrada desestima el resto de puntos alegados por el demandante (vulneración al derecho a la igualdad, a la garantía de indemnidad, y al honor y la propia imagen).

El comité de empresa pasó a estar controlado por UGT tras las elecciones sindicales del año pasado, pasando CSC a ser la segunda fuerza en representación. En el accionariado de la empresa se mantiene además Caixabank, con un 5% heredado de la absorción de Banca Cívica (en la que se integró la extinta Cajasol que era quien originalmente estaba presente en el capital de la antigua Sadiel). Ayesa AT aporta aproximadamente la mitad del negocio del conjunto de Ayesa, que suma 240 millones en ingresos. Su plantilla asciende a 4.000 empleados, de los que alrededor de 1.100 están en la rama TIC. Está presidida por Arantxa Manzanares, hija del cofundador de Ayesa José Luis Manzanares.