habrá instrucción hasta 2020

La AN seguirá investigando Caixabank hasta 2020 al declarar el caso "causa compleja"

Las dos piezas en las que se repartió la investigación se investigarán durante 30 meses. La entidad ha presentado, mientras, un nuevo recurso de apelación

Foto: Las 'torres negras', sede de Caixabank en Barcelona. (EFE)
Las 'torres negras', sede de Caixabank en Barcelona. (EFE)

Treinta meses en lugar de seis. Es el tiempo que el titular del Juzgado Central Número 5, José de La Mata, se ha dado para instruir la causa en la que está investigada toda la cúpula directiva de Caixabank, el tercer banco español. El procedimiento ha pasado a ser "causa compleja", un mecanismo legal que permite aumentar el período de diligencias. Recientemente, se ha aplicado en procedimientos como el ‘caso Rato’ o la trama de comisiones en los ERE de Andalucía, entre otros.

El magistrado lo ha establecido con un auto fechado el 20 de diciembre, apenas ocho días antes de que terminara el plazo corriente para la instrucción. Con esta decisión, ambas piezas en las que la Audiencia investiga la entidad financiera pasan a este nivel de complejidad.

Inicialmente el juez disponía de 6 meses para investigar, tal y como la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece para las causas sencillas. El plazo acababa este jueves, pero De La Mata ha tomado la decisión por la gran cantidad de investigados: "Es evidente que [el caso] exige la realización de pericias o de colaboraciones que implican el examen de abundante documentación o complicados análisis, y precisa de la revisión de la gestión de personas jurídico-privadas o públicas, en lo que se refiere a las operaciones descritas". Con esta decisión, el juzgado podrá seguir investigando el caso hasta el 28 de junio de 2020.

La causa proviene de una querella presentada a comienzo del año pasado, y ampliada en el mes de diciembre. La Audiencia está investigando posibles delitos de apropiación indebida y delito societario y el pago del finiquito de 16 millones de euros a José María Nin, consejero de la entidad hasta 2014. La entidad habría pagado la compensación, según denuncian los pequeños accionistas que se querellan, gracias a las ayudas públicas recibidas de forma indirecta tras la absorción de entidades que se integraron en el banco catalán. El juez investiga si la indemnización se pagó "mediante un plan urdido" ad hoc con tal fin y "con la cooperación necesaria del consejo de administración y de otros asesores". De ahí que cita como investigados a Isidro Fainé -presidente de La Caixa hasta 2016-, a los actuales vicepresidente y consejero delegado y al propio Nin.

En una pieza se investiga si se cometieron delitos de apropiación indebida y delito societario. En la otra, alzamiento de bienes, falsedad y estafa procesal

En otra pieza surgida de la misma querella, siempre instruida por De La Mata, se investigan delitos de alzamiento de bienes, falsedad y estafa procesal por los gravámenes y venta por 50 millones de euros al Estado de una finca en la que Caixabank se habría beneficiado en colaboración con los vendedores. También esta causa ha sido declarada “compleja”. En ambos casos, el Ministerio Fiscal no ve indicios de delito y, de hecho, se ha posicionado del lado de Caixabank en los recursos que la entidad ha presentado para evitar que se siguiera el procedimiento.

Apelaciones sin éxito

A la complejidad de la causa se añade además una ampliación de la querella, que pide investigar delitos de administración desleal, abuso de mercado bursátil y delitos societarios, que los demandantes presentaron. En esta ocasión, el foco de los delitos sería la actividad expansiva de la entidad durante la presidencia de Fainé y la compra del Banco Portugués de Inversiones (BPI).

En sus recursos, la entidad insiste en que no ha recibido ayudas públicas, tal y como sostiene el Fondo de Restructuración Ordenada Bancaria (FROB). Los querellantes, sin embargo, hacen hincapié en un informe del Tribunal de Cuentas hecho público en 2017 que sostiene que las ayudas a Banca Cívica, absorbidas por Caixabank, han de considerarse como ayudas a la entidad catalana. El juez, por ahora, ha argumentado que "directa o indirectamente" existieron unas ayudas públicas, por lo cual debe investigarse si se han utilizado de forma irregular.

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