Rato trata de evitar la cárcel por Bankia culpando al Banco de España y a la CNMV

Rodrigo Rato pretende aferrarse a un clavo ardiendo en su defensa por el caso Bankia, cuyo juicio se celebrará en torno a octubre de 2018 y puede durar seis meses. En vez de sostener que las cuentas de la salida a bolsa de 2011 eran veraces, su principal argumento será echarle la culpa al Banco de España y a la CNMV, ya que cumplió "en todo momento con cuantos requerimientos, recomendaciones y directrices le fueron dirigidos" por los supervisores, que no pusieron ninguna pega a sus actuaciones. No obstante, el Código Penal deja claro que la responsabilidad es de los administradores y auditores.

Así consta en su escrito de defensa revelado por la Agencia Efe, en el que reitera que tanto la integración de las siete cajas, como la formulación de las cuentas y la posterior salida a bolsa y el desarrollo de Bankia y de su matriz, BFA, fueron "objeto de análisis y supervisión por las autoridades competentes en cada materia", a las que "correspondía velar por la correcta aplicación de las normas vigentes".

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Esta línea de defensa choca con la propia instrucción del juez Fernando Andreu de la Audiencia Nacional, que decidió no imputar a las antiguas cúpulas de estos organismos por considerar que su actuación "nunca podría encajar en términos penales de cooperación o complicidad" al ser la elaboración de las cuentas una obligación "exclusiva y excluyente" de los administradores.

Pero los abogados de Rato retuercen el argumento con la tesis de que, si estos no "han sido sujeto de reprobación, es señal inequívoca de que su actuación fue correcta y, necesariamente, la de los administradores de las entidades, al observar los mandatos y recomendaciones de aquellas instituciones". A este respecto, sostiene que los gestores del grupo "no tenían prácticamente ninguna flexibilidad para contabilizar los deterioros en una forma distinta a la que lo hicieron" en el momento de la creación de Bankia, "minuciosamente supervisada por el Banco de España".

Restoy culpa a Rato y Deloitte

Tiene lógica que Rato se agarre a este clavo ardiendo, porque se juega mucho: el exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI fue condenado en febrero a cuatro años y seis meses por las tarjetas 'black', aunque sigue en libertad a la espera de que el Supremo vea su recurso. Una nueva condena por el caso Bankia implicaría casi con seguridad su entrada en prisión.

El vicepresidente de la CNMV cuando ocurrieron los hechos y posterior subgobernador del Banco de España, Fernando Restoy, insistió en esta línea la semana pasada en el Congreso: "Los únicos responsables de la elaboración de las cuentas y de su veracidad son los administradores y auditores" (Deloitte en el caso de Bankia), mientras que el BdE solo debe revisar las líneas más generales y el cumplimiento de los requisitos de solvencia.

La principal excusa de Restoy para la incapacidad para detectar la situación que llevó a Bankia a la nacionalización es que "el desenlace no era fácilmente anticipable. Con la información pública disponible no era sencillo: no había valoraciones de expertos que cuestionaran la salida a bolsa o alertaran de su elevado riesgo, tenía informes de auditoría sin salvedades y 'ratings' similares a otras entidades y al Reino de España, aprobó las pruebas de resistencia, atrajo a inversores institucionales y obtuvo recomendaciones de compra a precios superiores al de salida a bolsa".

El juicio, en octubre

Fuentes judiciales aseguran que la vista del juicio por el caso Bankia no se celebrará previsiblemente antes de octubre, a pesar de que lleva cinco años de instrucción. El responsable de esta dilación, Andreu, abrió juicio oral el pasado 17 de noviembre a Rato y otras 34 personas, entre ellas el exvicepresidente de Bankia José Luis Olivas, así como a la propia entidad, su matriz y la auditora Deloitte.

Además de Rato y Olivas, sobre quienes pesan las peticiones más elevadas de la Fiscalía -cinco y cuatro años de cárcel-, figuran el exconsejero José Manuel Fernández Norniella -tres años- y el exconsejero delegado Francisco Verdú -dos años y siete meses-, por fraude a inversores. Solicitudes que aumentan hasta los 12 años de cárcel en el caso de las acusaciones particulares y populares, que atribuyen a los 35 un presunto delito de falsedad contable.