Nuevo frente legal para Nadal: quién le apoyará en el Congreso para cargar el Castor

La sentencia del Tribunal Constitucional que anula la indemnización de 1.350 millones de euros pagados a Florentino por el Castor lo dice bien claro: "habremos de comenzar señalando la necesidad de una norma con rango de ley para atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista". Este precisamente es el punto sobre el que pone el foco el Alto Tribunal, ya que entiende que no concurría una "situación de extraordinaria y urgente necesidad" que justificara aprobar un decreto ley para "atribuir nuevas obligaciones de pago al sistema gasista".

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Dicho de otro modo, el Gobierno optó sin justificación por la vía del real decreto ley, que no implica trámite parlamentario, para pagar a Florentino Pérez, presidente de ACS, compañía propietaria de UGS Escal. Y para enmendar esta situación señala la necesidad de que se elabore una norma con rango de ley, lo que necesita del plácet de una mayoría simple en el Congreso de los Diputados. Si el Ejecutivo hace lo que indica el Constitucional, deberá ir a la Carrera de San Jerónimo en busca del apoyo de 176 diputados para pagar con arreglo a la ley.

Esto pone en una complicada tesitura al Gobierno, ya que necesita el apoyo de parlamentarios de otros partidos. ¿Quién estará dispuesto a hacerse la foto junto al Partido Popular para adecuar el pago milmillonario a Florentino Pérez? Esto sitúa los pronósticos en dos escenarios. Que finalmente alguien decida apoyar al PP, algo que solo se entendería a cambio del mayor de los trofeos en una negociación. O que el Gobierno se quede solo, lo que impediría sacar adelante la ley y dejaría una incierta situación, ya que el sistema por el que se paga la indemnización del Castor cada mes en la factura del gas estaría fuera del dominio de lo que ha marcado el Tribunal Constitucional.

La vía extraparlamentaria por la que optó el Gobierno en 2014 le eximía del más que probable zarandeo de la oposición en el hemiciclo. En ese momento, Rajoy gozaba de la mayoría absoluta que le otorgaba la posibilidad de aprobar esta indemnización, de la que el Gobierno indicó este viernes que "no se opone al esquema financiero, sino que cuestiona el instrumento utilizado para su aprobación". Sin embargo, el contexto de recortes de la época complicaba la defensa en la Cámara Baja de una indemnización de esta magnitud para la empresa del presidente del Real Madrid. Ahora además de aguantar la ira de todos los grupos de la oposición, necesita negociar para alcanzar una mayoría simple.

El real decreto sobre el que se ha pronunciado el Constitucional responde a los recursos presentados por el Parlament, el gobierno catalán y el grupo del PSC en el Congreso. Este se publicó en el BOE el sábado 4 de octubre de 2014 y preveía el pago a la sociedad ESCAL UGS (67% ACS, 33% Dundee Energy) de una indemnización de 1.350.729.000 euros en cuestión de semanas.

Aunque este contemplaba que Enagás debía realizar el pago con cargo a su cuenta, finalmente se lo cedió a un 'pool' de bancos (Santander, Bankia y CaixaBank) que aportó los fondos y adquirió los derechos de cobro contra el sistema gasista por el que cada mes cobran de la factura de todos los usuarios. Desde los servicios jurídicos del operador gasista se preguntan en una primera lectura de la sentencia si los fondos para Castor ahora deben venir de la factura o de los Presupuestos Generales del Estado.

Según explican fuentes próximas al caso, el esquema legal para pagar la indemnización (Real Decreto Ley 13/2014) se esbozó desde la Secretaría de Estado de Energía, cuyo responsable era Alberto Nadal, actual secretario de Estado de Presupuestos. El hermano del actual ministro de Energía, Álvaro Nadal, contaba con el apoyo de Ignacio Grangel, abogado del Estado y número dos por aquel entonces de la secretaría ubicada en el Paseo de la Castellana. Grangel pasó en 2015 a ocupar la dirección de la asesoría jurídica de Red Eléctrica de España, compañía cuyo máximo accionista es el Estado a través de la SEPI. De ahí, este mismo otoño, saltó a la presidencia del operador del mercado eléctrico español Omel, tras lograr el acuerdo del Gobierno de España y Portugal.

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La pelea política entre partidos con indemnizaciones a Florentino Pérez de fondo no se limita al caso del Castor. Tal y como informó El Confidencial, el PSOE presentó una interpelación en la Mesa del Congreso en septiembre para evitar que el Gobierno compense con hasta 500 millones a ACS e Eiffage por la quiebra de TP Ferro, empresa que gestiona el AVE que une España con Francia. "¿Piensa el Gobierno rescatar la empresa del túnel del Pertús cuya deuda se aproxima a los 600 millones de euros?", pregunta el PSOE al Ejecutivo.

Tras la publicación este viernes de la sentencia del TC, la acción de ACS ha corregido levemente en bolsa. Por el momento, el Gobierno estudia la sentencia, pero no se cuestiona la devolución del pago de la indemnización. Esto supondría un duro golpe para la firma constructora que había logrado bajar su deuda a prácticamente una vez ebitda (alrededor de los 1.500 millones de euros), lo que le ha permitido adquirir el 'investment grade' de Standard & Poors esta primavera.