Restoy se escuda en que la CNMV no tenía capacidad para prohibir las preferentes

Las comparecencias en la comisión de investigación de la crisis financiera en el Congreso se han convertido en ejercicios de despejar a córner por parte de los responsables de los supervisores, que le echan la culpa a otros o a las circunstancias. Lo hizo el exgobernador Fernández Ordóñez hace algunas semanas y lo ha repetido este miércoles el exsubgobernador del Banco de España y exvicepresidente de la CNMV, Fernando Restoy. Su excusa para eludir responsabilidades es que la CNMV carecía de competencias en el caso de las preferentes y que la información pública en la salida a bolsa de Bankia no permitía adivinar que las cosas iban a acabar como lo hicieron.

En el caso de las emisiones de preferentes, ha asegurado que la CNMV llegó lo más lejos que pudo para proteger a los inversores minoristas, pero que carecía de competencias para restringir o impedir la comercialización de instrumentos para la protecciónd e l inversor como los que le concede las nueva norma MiFID II que entrará en vigor en enero. "Con esa capacidad supervisora podría haberse evitado esa comercialización. Pero la labor que realizó llevó hasta el límite las competencias entonces vigentes".

¿Y qué hizo la CNMV? Pues publicó guías de comercialización de instrumentos híbridos (preferentes y subordinada), si bien no vigiló su evidente incumplimiento; incluyó advertencias en los folletos (unos tomos que nadie se lee), pero no en todos los casos ni para advertir de que estos instrumentos no eran adecuados para los particulares, sino solo cuando su precio no se justificaba por los informes de valoración independientes; también obligó a elaborar unos foleltos reducidos en forma de tríptico pero no a que tuvieran un lenguaje comprensible ni a que advirtieran de los riesgos; y prohibió la reventa de preferentes entre clientes de las entidades a precios distntos del mercado, prohibición que fue incumplida flagrantemente en el famoso 'mercadillo' de Bankia. Con todo, se ha puesto la medalla de que los inversores han recuperado el 80% de las pérdidas gracias a la conversión de estos títulos en acciones y a los arbitrajes.

"Era imposible prever el final de Bankia"

En cuanto a la salida a bolsa de esta entidad en 2011, Restoy también asegura que la CNMV adoptó una serie de medidas, aunque ha obviado en el Congreso que fueron incumplidas. Por ejemplo, la existencia de un tramo mayorista significativo para una adecuada fijación del precio, cuando Bankia traspasó al tramo minorista la práctica totalidad del internacional por la nula demanda de acciones de los extranjeros (las instituciones nacionales acudieron por las llamadas del Gobierno y del BdE, salvo BBVA, que se negó). Otro ejemplo es la exigencia de la asunción de normas de buen gobierno y de buenas prácticas en la comercialización de las acciones, cosas que también se ha demostrado que se incumplieron. Pese a ello, ha concluido que "la CNMV cumplió su labor para asegurar la transparencia, la fijación del precio y la adecuada comercialización".

Pero en este caso su principal excusa es que "el desenlace no era fácilmente anticipable. La información pública disponible no era sencillo, no había valoraciones de expertos que cuestionaran la salida a bolsa o alertaran de su elevado riesgo. Tenñia informes de auditortía sin salvedades y ratings similares a otras entidades y al Reino de España, aprobó las pruebas de resistencia, atrajo a inversores institucionales y obtuvo recomendaciones de compra a precios superiores al de salida a bolsa. Ni el marco normativo ni la información disponible justificaban la oposición de la CNMV a la operación".

El BdE no tenía instrumentos para frenar la burbuja

En un plano más amplio, la falta de competencias también ha sido la excusa de Restoy para justificar que el Banco de España, en la época de MAFO, no pudiera frenar la burbuja de crédito e inmobiliaria cuyo estallido provocó la crisis: "Carecía de instrumentos de intervención suficientemente eficaces para moderar el endeudamiento de los agentes y limitar el crédito a promotores y el exceso de inversión inmobiliaria".

De hecho, el subgobernador sostiene que el Banco de España todavía no dispone de esas competencias, por lo que ha pedido que se incorporen a nuestra legislación "algunos instrumentos que se han probado eficaces en otros países para corregir desequilibrios como el exceso de endeudamiento o de inversión inmobiliaria, como la imposición de límites a la relación entre el volumen prestado y el valor de las garantías, o de penalizaciones cuando el volumen prestado supere un porcentaje de la renta disponible del deudor".