acusaciones de administración desleal

Lío en Caja Rural de Extremadura: guerra en el consejo, denuncias y quejas de la plantilla

El último lío de este año tan ajetreado en el sector financiero tiene como escenario la Caja Rural de Extremadura, donde la guerra en el consejo ha acabado en expulsiones y denuncias

Foto: Caja Rural de Extremadura (Imagen: Google Maps)
Caja Rural de Extremadura (Imagen: Google Maps)

Acusaciones cruzadas de administración desleal, revelación de secretos, amiguismo, cobro de sueldazos, concesión de créditos irregulares a miembros del consejo e incumplimiento de los requisitos de solvencia, además de amenazas a la plantilla. Estos y algunos más son los ingredientes de la batalla que se vive en la Caja Rural de Extremadura (CRExt), una pequeña entidad de 1.300 millones de activo y 3,5 millones de beneficio hasta septiembre pero de gran importancia en su región (cuota de mercado del 6%), que amenaza con terminar en los tribunales.

Esta guerra tiene como protagonistas a los gestores de la entidad, encabezados por su presidente, Urbano Caballo, y un consejero díscolo, José Camacho, elegido en una lista alternativa a la oficial en junio de 2016. Durante su período en el órgano de gobierno detectó una serie de operaciones que consideró irregulares y que, según la dirección de CRExt, hizo públicas contraviniendo su deber de confidencialidad. Esto derivó en su expulsión del consejo en junio de este año, a la que Camacho reaccionó con la interposición de una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción por supuesta administración desleal, que la caja califica como "sesgada y malintencionada".

Los hechos que denuncia Camacho pueden agruparse en tres bloques: anomalías en la contratación y en las remuneraciones de la cúpula de CRExt, problemas de solvencia y créditos irregulares a los consejeros y sus familiares. El primero se refiere sobre todo al presidente, ganadero de ovino y porcino, al que acusa de "pasearse" por la central (vive a 200 kilómetros), por las sucursales y por la Asociación de Cajas Rurales en Madrid para generar dietas y kilometrajes con los que inflar su sueldo, y de haberse convertido en el "dueño del cortijo" sin tener formación adecuada para ello y a pesar de no ser ejecutivo. También tiene en su punto de mira al nuevo director general, José María Portillo, fichado de Caja Rural de Navarra a través de un 'head hunter' con el doble de sueldo que su antecesor y con derecho a una indemnización de tres anualidades en caso de despido.

Portillo tampoco es santo de la devoción de una parte de la plantilla, que envía cartas anónimas al resto (por miedo a las represalias, según dice) en las que le acusa de haber llevado a la quiebra a otras entidades anteriores en las que ha estado como Caja Badajoz, hoy integrada en Ibercaja, de donde fue despedido. Lo que escuece a los empleados es que Urbano Caballo no considerase a ningún candidato interno para el puesto. Desde la caja explican que las remuneraciones están aprobadas por la asamblea general y que el presidente vive de su actividad profesional y no de su trabajo en la entidad; en cuanto al director general, fue elegido por su currículum anónimo y que su sueldo es "bastante ridículo" comparado con otros directivos de su nivel en el sector financiero.

La caja cumple los requisitos de solvencia

Más enjundia tiene la cuestión de la solvencia. CRExt fue rescatada por la Asociación de Cajas Rurales con una inyección de 10 millones cuando decidió salirse del proyecto de integración de varias rurales llamado Grupo Cooperativo Ibérico en 2013. Camacho asegura que esta inyección se hizo mediante un préstamo participativo que el Banco de España aceptó como recursos propios (algo que sería totalmente irregular) y que venció en diciembre de 2016 sin ser devuelto, por lo que la entidad está incumpliendo el plan de viabilidad que presentó al supervisor.

Cerezos del valle del Jerte, donde se ubica una de las empresas relacionadas con el vicepresidente de CRExt. (iStock)
Cerezos del valle del Jerte, donde se ubica una de las empresas relacionadas con el vicepresidente de CRExt. (iStock)

La caja responde que lo que computa como recursos propios es lo que está establecido en la ley, no lo que permite o prohíbe el Banco de España. Los 10 millones fueron participaciones (las cajas rurales no tienen acciones al ser cooperativas), que son recursos propios de primer nivel que la entidad remunera al 1,5% (sería el equivalente al dividendo). Lo que hubo fue un pacto de que CRExt revendería esas participaciones entre sus cooperativistas a partir de 2017 si la solvencia de la entidad y el Banco de España se lo permitían, pero tiene 12 años de plazo para hacerlo. En cuanto a su solvencia, cumple de sobra los requisitos impuestos por el BdE para 2018: el 11,505% (capital total), frente al 13,25% que presenta la entidad en la actualidad.

"Consejeros que dicen amén y se duermen"

En tercer lugar, Camacho califica de irregulares toda una serie de créditos concedidos a consejeros, directivos y familiares; en algunos casos, incluso asegura que se concedieron pese a un informe contrario del comité de riesgos por la situación de insolvencia de algunas de las empresas de este grupo (es el caso de Campo y Tierra del Jerte, relacionada con el vicepresidente). Cita también otro préstamo de 300.000 que ha renovado en condiciones ventajosas Urbano Caballo para su sociedad familiar en fase de disolución, si bien reconoce que hipotecó una finca valorada en 2,7 millones.

Finalmente, la denuncia -que aún no ha sido admitida por la Fiscalía- ataca a los miembros del consejo de CRExt, de los que dice que se limitan a decir amén a todo sin preguntar nada porque ninguno de ellos sabría leer un balance o una cuenta de resultados. "Su principal objetivo es tratar de colocar a sus hijos o parientes en la caja, conseguir préstamos en buenas condiciones, cobrar la dieta e ir a la comida cada vez que hay un consejo, y tener una tarjeta de visita donde ponga "consejero de Caja Rural de Extremadura". Alguno de ellos se duermen en los consejos", asegura.

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