Ocho de cada 10 ‘pillados’ en el Popular aceptan la compensación del Santander

A falta de menos de dos días para que venza el plazo para aceptar el llamado bono de fidelización que el Santander ha ofrecido a los accionistas que perdieron su inversión en Banco Popular, ocho de cada 10 de los 115.000 afectados han dado por buena la compensación que les propuso su nuevo dueño. O lo que es lo mismo, la entidad presidida por Ana Botín evitará cerca de 92.000 demandas potenciales y solo tendrá que hacer frente a un máximo de 23.000 litigios si los que han rechazado la propuesta deciden reclamar en los tribunales.

Banco Santander ha preferido no hacer declaraciones sobre esta información. Desde la entidad, se limitan al último dato ofrecido hace casi mes y medio, cuando José Antonio Álvarez, consejero delegado del grupo financiero, señaló que el nivel de aceptación había alcanzado el 60%. El número dos de la entidad añadió que “hay gente que espera hasta el último minuto” con la esperanza de que “llegaremos a cifras muy atractivas, en línea con nuestras expectativas”.

Pero Álvarez no especificó cuáles eran esas previsiones internas. Según fuentes próximas al banco, Santander confía en que cerca del 80% termine aceptando el próximo miércoles lo que desde la entidad consideran como un premio y no una compensación, porque no tenían obligación legal de plantearla. Las fuentes indican que, a falta de dos días para que expire el plazo, clientes con cerca de 785 millones de euros en acciones y deuda subordinada del Popular ya han firmado la suscripción del bono a cambio de renunciar a presentar ninguna demanda judicial contra la institución.

La propuesta del Santander iba dirigida a 115.000 accionistas que tenían invertidos 980 millones de euros en títulos —acciones o bonos subordinados— del Popular hasta el 7 de junio, día en que las instituciones de la Comisión Europea intervinieron la entidad presidida por Emilio Saracho y se la vendieron por un euro al grupo dirigido por Ana Botín. Los afectados recibirán de forma gratuita obligaciones perpetuas contingentemente amortizables del Santander de 100 euros de valor nominal con vencimiento en siete años.

Es decir, bonos que en el momento de la emisión —empezarán a cotizar el 15 de enero— tendrán un valor de 100 euros, pero que rápidamente se ajustarán al valor real de mercado, habitualmente inferior y que en este caso ronda el 70%. Estos valores ofrecerán una remuneración en efectivo pagadera trimestralmente del 1% sobre el valor nominal hasta el séptimo año de la inversión.

La Iglesia se resiste

No obstante, la compensación no es para todos igual. Santander ha estipulado tramos de tal forma que los que invirtieran hasta 100.000 euros percibirán la totalidad de lo perdido. Entre los 100.000 y los 500.000 euros, recuperarán el 75% del valor, y entre los 500.000 y el millón de euros, el 50%. A partir de esa cantidad, nada, ya que el banco entiende que esos volúmenes se corresponden con accionistas institucionales profesionales. En el segundo grupo hay numerosas instituciones religiosas que tenían una gran vinculación con el Popular y que se han resistido a aceptar la oferta del Santander.

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El 99% de los clientes y empleados de Banco Popular que compraron acciones de la entidad entre el 26 de mayo y el 21 de junio de 2016 realizó inversiones inferiores a 100.000 euros, por lo que la gran mayoría recibirá bonos por el importe total que invirtió.

Para recibir este premio de consolación, los inversores particulares deberían haber tenido depositadas las acciones o la deuda subordinada que compraron a través de Banco Santander, Banco Popular, Banco Pastor o Popular Banca Privada. Si las adquirieron desde BBVA, CaixaBank, Sabadell, Bankia o cualquier otra entidad, quedan directamente fuera de la llamada ‘acción de comercialización’.

Además, para tener derecho a este bono a siete años al 1%, los inversores deberán mantener abiertas todas las restantes posiciones que tenían previamente con el Popular, con el Pastor o con la división de banca privada. O lo que es lo mismo, no podrán haber retirado depósitos, cerrado cuentas corrientes o de valores, fondos de inversión, de pensiones, amortizado créditos, contratos de 'factoring' o 'leasing' con el banco intervenido. Un detalle esencial para el Santander, que de esta forma quiere minimizar el daño comercial causado por la quiebra de la que ahora es su filial.