POR LA FALTA DEL INFORME DEFINITIVO

Un juzgado admite el concurso del Popular y puede anular su resolución

Un juzgado mercantil de Madrid puede echar por tierra la resolución del Popular al admitir el concurso de acreedores del banco que echaría por tierra la resolución del 7 d ejunio

Foto: Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución. (Reuters)
Elke König, presidenta de la Junta Única de Resolución. (Reuters)

Novedad importante en el frente judicial del Banco Popular. La magistrada María Teresa Vázquez Pizarro, titular del juzgado de lo mercantil número 9 de Madrid, ha admitido a trámite la solicitud de concurso necesario de acreedores del banco. Si finalmente prospera, podría anular la resolución de la entidad y su venta al Santanderder decidida por la Junta Única de Resolución Bancaria (JUR) el 7 de junio, lo que provocaría un conflicto jurídico muy importante. Fuentes del consejo del Popular bajo la presidencia de Emilio Saracho aseguran que no se trata de un brindis al sol sino que tiene un fundamento jurídico importante: la falta de un informe definitivo de valoración del banco.

Esta solicitud había sido presentada por un accionista del banco llamado Mariano Corbalán, y en medios jurídicos se ha interpretado como una vía para que la JUR haga públicos de una vez los famosos informes (el suyo propio y el del experto independiente, Deloitte) en los que se basó la decisión que significó que los accinostas y tenedores de subordinada perdieran todo su dinero. Sin embargo, la decisión de este juzgado tiene mucho más calado, según estas fuentes, puesto que puede considerar que la resolución del Popular es nula.

Nuevo diseño de las sucursales del Banco Popular.
Nuevo diseño de las sucursales del Banco Popular.

Dicha eventual nulidad se basaría en que la decisión del 7 de junio no cumple uno de los requisitos que establece el Reglamento europeo de resolución bancaria (806/2014): la existencia de un informe definitivo de valoración por parte del citado experto independiente. Dada la gravedad de la situación de liquidez del Popular y la urgencia para solucionarla (no tenía dinero para abrir al día siguiente), la JUR adoptó la decisión basándose en un informe provisional. Sin embargo, sigue sin existir el preceptivo informe definitivo casi cinco meses después.

Los afectados recibirían una indemnización

Como es sabido, inicialmente el FROB dijo que el informe provisional de Deloitte valoraba el Popular entre -2.000 millones negativos en el escenario base y -8.200 millones negativos en un escenario estresado. Más adelante, se supo que también había una valoración positiva de +1.500 millones, aunque el presidente del FROB asegura que esa cifra no podía utilizarse por cuestiones de prudencia y que entregaría el informe provisional a los tribunales si se lo solicitaban. Pero no hay ni rastro del definitivo.

A priori, una decisión del juzgado de lo mercantil en este sentido provocaría un conflicto jurisdiccional con el Tribunal de Justicia de la UE, el organismo competente para recurrir la decisión de la JUR y al que han acudido numerosos accionistas del Popular. Además, una nulidad de la resolución implicaría también la de su venta al Santander, que ya se ha blindado contra posibles decisiones en este sentido con la colocación del ladrillo del Popular a Blackstone, que hace inviable volver a la situación anterior. Por tanto, cualquier solución a este entuerto pasaría por una indemnización a los afectados.

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