Sánchez Ortega: Abengoa era una compañía "en absoluta normalidad" cuando cesé

Este lunes ha arrancado el juicio contra la antigua cúpula de Abengoa por presunta administración desleal. El primero en pasar ha sido el ex consejero delegado de la sevillana, Manuel Sánchez Ortega, que ha asegurado que la compañía se encontraba "en absoluta normalidad" tras su cese, y ha defendido que el contrato por el que recibió una indemnización de 4,5 millones no incluía "ni una sola cláusula" a su favor.

Sánchez Ortega, que ha comenzado a declarar a las 12:20 horas, ha sido el primero de los cinco acusados en enfrentarse a un interrogatorio en el que ha explicado los detalles de la indemnización percibida tras su cese en 2015 y por la que la Fiscalía pide para él cuatro años y tres meses de cárcel.

TE PUEDE INTERESAR

Fornieles aprobó a ciegas la indemnización de 11,4 millones de Benjumea

Manuel Altozano

Según consta en el escrito del fiscal José Perals, tanto Sánchez Ortega como el expresidente Felipe Benjumea, se favorecieron de sendas indemnizaciones millonarias de 4,5 y 11,4 millones de euros, respectivamente, a sabiendas de que la compañía "ya atravesaba una grave crisis".

Irregularidades en las que habrían participado tres de los integrantes de la Comisión de Nombramientos y Retribuciones de la época: su presidenta, Mercedes Gracia, y dos de sus consejeros, Alicia Velarde y Antonio Fornieles.

En este sentido, el segundo de Benjumea ha asegurado que a tenor de los datos "revisados y auditados", la compañía "tenía respaldo financiero, de los mercados y la confianza de sus clientes" cuando comunicó su renuncia voluntaria, el 20 de abril de 2015, la cual ha atribuido a cuestiones personales.

Se marchó por "motivos personales"

Ha descartado así que su marcha se debiera a la situación de Abengoa, que siete meses más tarde solicitó el preconcurso de acreedores, y ha negado que la firma sevillana tuviera el problema de deuda oculto del que alertó la agencia de calificación Fitch a través de una nota que provocó una caída cercana al 40 % de su valor en bolsa a finales de 2014.

Al respecto, ha reconocido que este hecho "hizo un daño tremendo" a la compañía, cuya cotización "vuelve a subir" en marzo de 2015, y ha reiterado que no presagió deterioro alguno, por lo que no vendió las acciones y bonos de la compañía por valor de 6,5 millones de euros en su haber.

Sobre el nuevo contrato de alta dirección suscrito con la sociedad en febrero de 2015, Sánchez Ortega, para quien la Fiscalía pide cuatro años y tres meses de cárcel, ha explicado que éste se firmó como una exigencia legal tras la reforma de la ley de Sociedades de Capital y que si bien mantuvo "el mismo sueldo", introdujo "cláusulas que parecían de sentido común".

Colapso previsible

Apenas minutos antes, la sección cuarta de la sala de lo Penal que preside la juez Ángela Murillo, ha rechazado buena parte de las pruebas documentales solicitadas por las acusaciones, entre ellas el informe elaborado por KPMG Asesores en noviembre de 2015 sobre la situación económica en la que se encontraba la compañía apenas dos meses antes coincidiendo con los ceses.

Prueba que, según ha explicado el abogado de la Plataforma de Afectados por Abengoa, Eliseo Martínez, mostraría que "el colapso era previsible y que los acusados debían tener perfecto conocimiento de ello como gestores", y ha destacado que la falta de viabilidad de Abengoa, que solicitó el preconcurso de acreedores en noviembre de 2015, "no fue como un rayo que cayese del cielo, sino que había indicios anteriores para los miembros del Consejo".

Razones por las que esta acusación particular también había propuesto requerir a la compañía información acerca de la repercusión contable de varios proyectos en Brasil que motivó ajustes en las previsiones por importe de 700 millones de euros, y del deterioro de 1.200 millones ocasionado por la participación de Abengoa en sociedades filiales a finales de año.

Tras Sánchez Ortega, le llegará el turno a Benjumea, para el que el Ministerio Público solicita cinco años de cárcel.