El Rey evalúa con Isla, Fainé y Alierta el impacto económico de la independencia

La histórica intervención del Rey el pasado martes se produjo después de haber departido con otras altas instancias del Estado, incluidos algunos expresidentes del Gobierno, a los que Felipe VI ha pedido su impresión sobre la evolución de los acontecimientos en Cataluña. Además de todo ello, ha mantenido reuniones recientemente con los principales directivos de algunas empresas del Ibex 35 para conocer su parecer y el impacto que tendría en la economía española una ruptura del país.

Según indican fuentes próximas a la Casa Real, entre los directivos con los que el Rey ha realizado una ronda de contactos se encuentran Pablo Isla, presidente de Inditex, Isidre Fainé, presidente de Criteria CaixaCorp, el 'holding' financiero e industrial de La Caixa, y César Alierta, ex primer ejecutivo de Telefónica y hombre de confianza de la Casa Real durante las dos últimas décadas. La intención del monarca era testar la posición de varias compañías representativas de lo más granado de la empresa española sobre las consecuencias que tendría en el sistema financiero y empresarial el desafío soberanista.

La respuesta fue clara: los efectos serían nefastos. Sobre todo por la incertidumbre que provocaría en la comunidad internacional la crisis de Estado, lo que inmediatamente se manifestaría en una retirada de fondos de España y el cierre del crédito por parte de los grandes ‘private equity’ y bancos extranjeros para invertir en Madrid y en Barcelona. Además, de forma inminente se produciría una rebaja de la calificación crediticia del Reino de España por el aumento de la prima de riesgo —en máximos desde el pasado mes de marzo— y de todas las empresas cotizadas, lo que supondría un encarecimiento del acceso a la financiación.

En resumen, un daño difícil de especificar, pero que se traduciría en una caída del producto interior bruto (PIB) —Cataluña representa el 20% de la economía española—, un frenazo de la creación de empleo y la puesta en marcha de planes de contingencia que traerían consigo reducción de la inversión y medidas para disminuir los costes. En otras palabras, despidos a medio plazo si la tensión política y social se dilatase en el tiempo.

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Según las fuentes, don Felipe se quedó preocupado tras las reuniones con los interlocutores del Ibex 35, a los que dejó caer que tenía decidido realizar una intervención pública para defender la unidad de España y el papel de la Constitución como ley inquebrantable. No les concretó qué día lo haría, decisión que la Casa del Rey adoptó el mismo martes después del anuncio del PSOE de Pedro Sánchez de reprobar a Soraya Sáenz de Santamaría en el Congreso por la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado.

Riesgo máximo

De hecho, en su discurso oficial, Felipe VI recordó que lo que calificó como “conducta irresponsable” del Gobierno de la Generalitat puede incluso “poner en riesgo la estabilidad económica y social de Cataluña y de toda España”. Un mensaje que un buen número de directivos ha trasladado al equipo de Carles Puigdemont para que sea consecuente con el impacto que tendría en el tejido empresarial y en los puestos de trabajo la separación de la comunidad autónoma del resto del país.

Otras fuentes no han querido confirmar si en estos encuentros han estado también Ana Botín, presidenta del Santander, y José María Álvarez-Pallete, primer ejecutivo de Telefónica. Tanto Botín como Pallete ya mantuvieron un encuentro denominado como privado el pasado 4 de septiembre en la sede de la compañía de telecomunicaciones para valorar la situación política de España. Una reunión secreta a la que también asistieron Isidre Fainé, Pablo Isla, Francisco González, presidente de BBVA, y Francisco Roig, máximo accionista de Mercadona.

Estas grandes empresas han ido fichando en los últimos años a exagentes del Centro Nacional de Inteligencia y expertos en investigación corporativa para disponer de informes específicos de la situación política y jurídica de los países en los que invierten con el fin de conocer los potenciales riesgos a los que se enfrentan, como los que hay actualmente en Cataluña y en España.