BBVA y CaixaBank tendrán que revisar uno a uno los pagos de la Generalitat

Los grandes damnificados del control de los pagos de la Generalitat de Cataluña que impone la orden ministerial de Hacienda serán BBVA y CaixaBank. Estas dos entidades gestionan todas las cuentas de tesorería de la Administración autonómica y tendrán que revisar uno a uno de forma manual todos los pagos que pretenda realizar el Gobierno de Carles Puigdemont. Lo cual supone una ingente carga administrativa —con su correspondiente coste— y un contratiempo para ambas entidades, según fuentes conocedoras de la situación.

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Marcos Lamelas. Barcelona

El Govern adjudicó en 2007 la gestión de su tesorería por concurso a CaixaBank, BBVA y CatalunyaCaixa; como esta última entidad fue comprada al FROB por BBVA tras su nacionalización, esta gestión queda ahora en manos de las dos primeras. Por tanto, serán ellas las que tengan que aplicar casi exclusivamente las medidas de control de pagos impuestas por el Gobierno central, a pesar de que el ministerio de Cristóbal Montoro se ha reunido con todos los bancos y cajas con presencia en la comunidad.

Según las fuentes citadas, este control previo de los pagos supondrá un trabajo ingente para la plantilla de ambas entidades financieras en Cataluña, ya que "no hay forma de automatizar el proceso" y deberán revisar de forma manual cada transacción para asegurarse de que no supone un pago de bienes o servicios relacionados con el referéndum del 1 de octubre. Para ello, tendrán que emitir un certificado para cada persona o empresa que los recibe y remitirlo al ministerio para que conceda su visto bueno. Los impresos para estos certificados no habían llegado aún a las entidades a día de ayer.

Además, no existe un importe mínimo para fiscalizar las transacciones, por lo que este proceso debe realizarse con todos los pagos por pequeños que sean. Y no estamos hablando solo de la Generalitat, sino también de multitud de instituciones dependientes de la Administración regional, lo que incrementa todavía más esta carga de trabajo. En teoría, el Govern cuenta con una tesorería de unos 1.000 millones de euros —pese a quedarse sin los 1.400 que no va a cobrar de adelantos del sistema de financiación autonómica— para acometer compras.

El papel de la banca

En el sector bancario, han asumido estas obligaciones inesperadas, aunque hubieran agradecido, sostienen, haber sido consultados o, al menos, avisados. No solo por el aumento del trabajo y de los costes, sino también porque el Ejecutivo ha puesto a las entidades en el centro de la tormenta.

De hecho, este martes, el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, amenazó a los bancos con enviarles un requerimiento administrativo y notarial para exigirles que "cumplan sus obligaciones legales", lo que significa que incumplan la orden de Hacienda y no fiscalicen los pagos de la Generalitat. El Tribunal Supremo admitió ayer su recurso contra la norma, si bien eso no implica la adopción de medidas cautelares que impidan su entrada en vigor en cuanto Montoro la active.

Algunas voces en el sector consideran que el Gobierno de Mariano Rajoy está "aplicando el artículo 155 de forma encubierta" a través de la banca. "Habríamos preferido que aplicase directamente el artículo y nos dejara al margen", añaden. En todo caso, todas las entidades van a cumplir escrupulosamente la orden ministerial.