Monumental enfado de las eléctricas tras la reunión del Gobierno con Goldman Sachs

Primera semana de septiembre de 2017. Madrid. Cuatro analistas del banco estadounidense Goldman Sachs se reúnen con el secretario de Estado de Energía, Daniel Navia. "Se trata de contactos habituales que los reguladores mantienen con grandes inversores", señalan desde el Ministerio. El cara a cara de los hombres de negro de Goldman se repitió este mismo año con los de Blackrock, fondo de fondos con presencia en muchas de las grandes empresas del Ibex, JP Morgan, otro de los tótems del capitalismo americano, la suiza UBS, la italiana Mediobanca o los burócratas de Bruselas con su brazo inversor, el BEI.

El objetivo de los encuentros es siempre es el mismo: "explicar la política energética del Estado". Sin embargo, las consecuencia de esta última reunión ha sido diferente. Una vez escucharon al secretario de Estado, el equipo de análisis de Goldman hizo una enmienda a la totalidad del sector eléctrico español y lo plasmó en un informe.

Lo demás vino en cascada: bajada generalizada de precios objetivos, descensos en las recomendaciones, advertencias de descensos en los ingresos de las cotizadas reguladas... una bomba de relojería que Goldman decidió activar el miércoles y que se filtró el jueves entre inversores. La onda expansiva alcanzó a la opinión pública durante el día y acabó por derribar a todas lass 'utilities' en bolsa. El golpe se puede medir: el sector eléctrico pasó a valer 2.800 millones de euros menos en bolsa en un sólo día.

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Tras la devastación, el sector al completo "fumaba en pipa", aseguran fuentes de una de las empresas. Oficialmente, silencio atronador. Ni Iberdrola, ni Endesa, ni Gas Natural, ni Acciona, ni Red Eléctrica, ni EDP han hecho declaración pública al respecto. Sin embargo, sotto voce, ninguna de estas eléctricas arrasadas por la bomba de Goldman Sachs podía disimular su monumental enfado y malestar. Las caídas vienen tras el informe del banco, pero todos apuntan como culpables a los responsables del Gobierno.

Su opinión es unánime, consideran una torpeza los mensajes transmitidos por el Ejecutivo a los grandes inversores y les culpan de sus caídas en bolsa. Creen que su discurso genera inseguridad jurídica y espanta a los inversores, el efecto contrario buscado a la hora de mantener encuentros con los custodios de los grandes capitales foráneos. El cabreo es tal que varios opinan que "se quieren cargar a todo el sector". Ven muy dañino algo así cuando ya de por sí la inestabilidad por el desafío independentista catalán les está generando problemas por el efecto desbandada que puede producir entre los inversores.

"No hay nada nuevo a nivel regulatorio que no se conozca desde antes del verano", advierten fuentes del Ministerio de Energía

Desde el Ministerio de Energía se defienden. Explican que lo único que hacen sus responsables es explicar la política energética, sin entrar en disquisiciones de lo que pueda suceder con la regulación a medio plazo. "No hay nada nuevo a nivel regulatorio que no se conozca desde antes del verano", advierten. La madre de todas las polémicas parte de que el Gobierno trasladó a Goldman Sachs su intención de aplicar la norma de cálculo que regula la retribución a las renovables y a las redes tal y como se diseñó para 2014 en 2020, como adelantó en exlusiva El Confidencial, lo que les aboca a un descenso importante de sus ingresos.

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A nadie se le escapa que al estar los ingresos vinculados al interés del Tesoro se producirá una caída de la retribución regulada de redes y renovables en el periodo 2020-2025. Dicho y hecho. Goldman hizo sus cálculos y empezó a plegar velas en sus recomendacione sobre las compañías españolas del sector eléctrico.

Ninguna empresa entiende por qué se transmite a los inversores la intención de mantener una metodología de cálculo de la rentabilidad en 2020 cuando aún faltan más de dos años para que haya que tomar una decisión. Varias compañías, además, discrepan desde hace meses de que la intención del Ejecutivo de Rajoy (aplicar de manera automática la norma para obtener la "rentabilidad razonable") se ajuste a la legalidad, ya que creen que para ello deberían pasarlo por el Parlamento. Goldman Sachs sostiene en el informe que "en teoría, el Gobierno puede incrementar los diferenciales para permitir unos ingresos más altos". Sin embargo, advierte que esto no está entre sus planes.

Las empresas no entienden por qué se transmite la idea de mantener la norma que aboca a una bajada de ingresos cuando aún faltan más de dos años

"La rigidez en la aplicación de los mecanismos aritméticos de la regulación se está poniendo por encima del criterio de una rentabilidad razonable para el sector. Este hecho va a generar y está generando ya inseguridad en los inversores, poniendo en riesgo la transición energética en España hacia un modelo más sostenible", apuntan fuentes del sector.

Las empresas sacan a la palestra más argumentos. Está en cocina una Ley de Cambio Climático y Transición Energética que verá la luz en 2018 y que tiene que sentar las bases de la regulación energética en España en las próximas décadas o el encaje de las directivas para la descarbonización que exige Bruselas, por lo que consideran precipitado avanzar intenciones a los inversores cuando todo está por decidir. No sólo eso, sino que se trata de decisiones para 2020, que se tendrán que tomar justo antes de las elecciones generales.

Desde el Ministerio insisten en que es Goldman Sachs quien ha hecho los cálculos a la baja y las interpretaciones sin que se sepa aún qué va a pasar. Pero la arena del reloj ya ha empezado a caer y la rentabilidad del sector eléctrico se calcula con la media del valor del bono en los dós últimos años, hasta junio de 2019, y ninguna previsión financiera como la de Goldman supera una caída de un 30% en los ingresos regulados.

El ministro Nadal, sin embargo, siempre ha hecho gala de que su principal objetivo como titular del ramo de Energía es ofrecer la factura para los consumidores más baja. El propio ministro dijo en el Congreso de los Diputados que la caída de la "rentabilidad razonable" traerá un descenso en la factura de entre el 5% y el 10%. Otro argumento que no encaja para las empresas, que apuntan a que cualquier ahorro del sistema eléctrico debe ir al pago de la deuda histórica. Más batalla.

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El discurso del regulador es para las empresas la detonante que espanta a los inversores. Las relaciones, por lo menos de manera públca, son frías. Desde las compañías aseguran que en ningún momento el Gobierno ha buscado reunirse con ellos previamente de cara a minimizar el posible impacto de un mastodonte del mercado como Goldman Sachs, con un poder de influencia descomunal.

El curso arranca en este convulso contexto. El Gobierno debe regular la política energética que guiará a España en los próximos 50 años, o esa es la ambición mostrada. Con este objetivo ya está reuniendo a un consejo de expertos. El BOE irá haciendo el boceto energético que le espera al país y a sus empresas. De momento, las espadas están en todo lo alto.