Banco Popular: Anticorrupción, a favor de admitir las querellas y abrir varias piezas

Los afectados por la resolución del Banco Popular y su venta al Santander están más cerca de reclamar sus derechos por la vía penal, en lo que algunos denominan ya caso Popular por analogía con el caso Bankia. Según fuentes conocedoras de la situación, la Fiscalía Anticorrupción informará previsiblemente al juez de la Audiencia Nacional al que ha correspondido la causa, Fernando Andreu, a favor de admitir las querellas y denuncias presentadas por bufetes y asociaciones de consumidores. Ahora bien, el Ministerio Público quiere evitar que se genere una macrocausa y, dada la gran disparidad de querellados y de posibles delitos, baraja la idea de proponer la apertura de varias piezas separadas. El criterio del fiscal marcará el inicio de una instrucción que se prevé larga.

Según fuentes consultadas, en julio se habían presentado más de 10 denuncias o querellas por este asunto, y probablemente el número se habrá incrementado desde entonces. Estas fuentes explican que la última reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal impulsó la división de los grandes casos como este en piezas separadas integradas en un mismo sumario y unidad por la conexidad. La aplicación de este criterio agiliza la instrucción y permite celebrar lo antes posible el juicio oral de cada uno de estos procedimientos. Se evitarían de esto modo sumarios como el del caso Bankia, que lleva abierto desde 2012 y todavía no se ha juzgado (de hecho, aún no está claro quiénes se sentarán en el banquillo).

Sin embargo, esta agilidad puede verse comprometida porque el juzgado de Andreu, el número 4, también es el encargado de la instrucción de los atentados islamistas de Cataluña, lo cual incrementará notablemente su carga de trabajo, como es evidente. De hecho, el magistrado ha renunciado a sus vacaciones y va a solicitar más funcionarios para poder hacer frente a esta ingente actividad.

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La Fiscalía también ha apreciado una dificultad añadida que aconseja la división de la causa del Popular en pequeños procedimientos vinculados: cada denunciante o querellante acusa a personas distintas y por delitos diferentes. Esta heterogeneidad hace casi inviable que se investigue todo en una única causa sin desgajar. Según las fuentes consultadas, hay querellas contra el Banco Popular, el Santander, Ángel Ron, Emilio Saracho, sus respectivos consejos de administración, el FROB, PwC (el auditor del banco), el Banco de España, los inversores bajistas e incluso algunas instituciones que retiraron sus depósitos, lo que provocó la iliquidez de la entidad.

Todo tipo de delitos

En cuanto a los tipos penales, encontramos acusaciones de estafa a inversores, falsedad contable, administración desleal, apropiación indebida (referida a los bonus, pensiones e indemnizaciones, en especial los 24 millones concedidos a Ron) y hasta información privilegiada. El número de piezas y el contenido de cada una dependerán de la opinión del fiscal y la decisión final del juez, que se espera para la vuelta de vacaciones.

Casi todos los afectados han recurrido a la vía penal independientemente de que vayan a interponer demandas civiles o de que hayan recurrido la resolución del banco al Tribunal de la UE, porque interrumpe la prescripción y porque las condenas penales llevan aparejada la responsabilidad civil, es decir, la devolución del dinero (de la que tendría que hacerse cargo el Santander). Pero cada uno se encuentra en una situación diferente, por lo que la estrategia procesal de cada uno debe ser propia.

La estrategia de los diferentes afectados

Como explicó El Confidencial, el caso más fácil es el de los que acudieron a la ampliación de capital de 2016, que acusan al banco y a Ángel Ron de falsedad contable puesto que Saracho "reexpresó" las cuentas de cierre de 2016 al encontrar un agujero adicional de 700 millones. De hecho, es muy probable que recuperen el dinero por la vía civil con el precedente de la polémica sentencia del Supremo sobre la OPV de Bankia; es más, el Santander ha ofrecido el reembolso a los pequeños inversores en esta situación sin tener que acudir a los tribunales (aunque mediante bonos perpetuos con un bajo interés).

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La oferta del banco que preside Ana Botín no se extiende a los que compraron después de la ampliación, que pueden también ir por la vía civil, pero que en su mayor parte han acudido a la penal con la misma acusación de falsedad contable contra Ron, o bien de administración desleal contra Saracho por dejar hundirse el banco con su gestión negligente. La administración desleal también es la vía para los que compraron acciones o deuda subordinada antes de la ampliación —o bien vieron cómo les canjeaban sus bonos convertibles—, tanto contra Ron como contra Saracho. Aquí la falsedad contable tendría que ser anterior al momento de su entrada en el banco, algo mucho más difícil de demostrar.

Finalmente, están los grandes accionistas del Popular que se sentaban en el consejo y que no pueden ir contra sí mismos. Pero todas las denuncias se van a admitir, incluida la del abogado de cabecera de Ron, que monta una teoría de la conspiración entre Saracho y la familia mexicana Del Valle, e incluso acusa a JP Morgan de haber obtenido beneficios con la venta del banco.