pero los abogados la usarán en sus demandas

Santander salva su primer 'match ball' judicial con la venta del ladrillo del Popular

El Santander ha acelerado la venta de los activos tóxicos del Popular para hacer la operación irreversible ante la amenaza de que un tribunal adopte medidas cautelares que la paralicen

Foto: Oficinas del Banco Santander y del Popular en Madrid. (Reuters)
Oficinas del Banco Santander y del Popular en Madrid. (Reuters)

El Banco Santander cerró ayer la venta del 51% de los 30.000 millones de euros de ladrillo del Banco Popular (inmuebles adjudicados y crédito promotor) a Blackstone por unos 5.100 millones inmediatamente después de que Bruselas diera el visto bueno a la compra del banco inviable ejecutada el 7 de junio. La mayor operación inmobiliaria de la historia que fue muy bien recibida por el mercado y el sector cuando la publicó El Confidencial el 28 de julio, ya que supone quitarse del medio en tiempo récord el principal problema que llevó a la quiebra al Popular. Unas prisas que se explican porque el banco que preside Ana Botín quiere hacer irreversible la adquisición ante posibles condenas judiciales o medidas cautelares.

R. UgaldeR. Ugalde
Al Santander le interesa cerrar operaciones lo antes posible que hagan inviable la devolución del Popular. La eventual nulidad que pueden declarar el Tribunal de Justicia de la UE o la Audiencia Nacional en España comportaría la restitución de la propiedad del Popular a sus anteriores accionistas; pero, si eso es impracticable porque el Santander ya ha adoptado acciones que han transformado la entidad de forma irreversible (como la venta de esa enorme cantidad de activos a un tercero que podría reclamar sus derechos), la única opción sería una indemnización dineraria. Esto último es lo que está dispuesto a afrontar el Santander, pero en ningún caso quiere renunciar a las sinergias y los beneficios de la integración (500 millones anuales a partir de 2020), ni tirar a la basura la reciente ampliación de capital de 7.000 millones para acometerla.

Esta amenaza se ha agravado mucho con la solicitud por parte de algunos demandantes de la suspensión del proceso de integración como medida cautelar. De hecho, pedían que se adoptara de forma inmediata, lo que se conoce como "medidas cautelarísimas", pero la sala de vacaciones de la Audiencia Nacional las ha rechazado al no apreciar que concurran los requisitos de urgencia máxima que las justificarían. Por tanto, se verán en septiembre a la vuelta de vacaciones; demasiado tarde después de la operación de ayer.

Pagar lo que sea con tal de conservar el banco

Ana Botín en la presentación de la compra del Popular. (EFE)
Ana Botín en la presentación de la compra del Popular. (EFE)

Y no se trata solo de las demandas de pequeños accionistas: los grandes fondos que han perdido su dinero en los CoCos (bonos contingentes convertibles) del Popular, encabezados por Pimco, habían pedido al Santander que no acometiera ninguna venta de activos por si era condenado a devolver el banco: "Cualquier anulación o posibilidad de anulación del Plan de Resolución revertiría legalmente el efecto del Plan de Resolución (y la consecuente conversión, amortización y transferencia de las acciones al Santander)". "La consecuencia de ello sería devolver la propiedad de Banco Popular a sus accionistas originales y restaurar los bonos de nuestros clientes", según su abogado.

"Al Santander no le importa en exceso tener que acometer un mayor pago en indemnizaciones. Inicialmente tenía previsto devolver los 900 millones de la ampliación de 2017 [ha anunciado una acción comercial para reembolsar la inversión de forma extrajudicial], así que tener que llegar a 2.000 o incluso algo más tampoco supone un problema excesivo. Además, aunque fuera condenado no tendría que pagar hasta dentro de varios años", explica un analista especializado en el sector financiero.

Argumento para las demandas

Sin embargo, esta operación también puede tener consecuencias negativas en los tribunales para el Santander, ya que da argumentos a las demandas de los afectados contra la resolución del Popular al apoyar la tesis de que este último tenía un valor superior al euro que pagó por él el Santander. "Apenas dos meses después, el Santander ya ha obtenido un beneficio de 5.000 millones con el ladrillo del Popular, así que el banco tendría al menos ese valor; por tanto, la venta al Santander por un euro no se puede justificar", explica Rodolfo Fernández Cuellas, de Miliners Abogados, bufete que ha solicitado (como otors muchos) la nulidad de la decisión de la Junta Única de Resolución ante el Tribunal de la UE.

Los abogados de la OCU en la presentación de una querella contra el Popular en la AN. (EFE)
Los abogados de la OCU en la presentación de una querella contra el Popular en la AN. (EFE)

Un participante en las negociaciones para la venta de los activos del Popular llegó a plantear al equipo negociador del Santander que debía ser "más discreto" en esta operación y no ganar tanto dinero de golpe, precisamente para no dar armas a la multitud de despachos de abogados que pretenden hacer el agosto con las demandas de los perjudicados por la resolución del Popular.

No obstante, el Santander cuenta con potentes armas para defenderse de estas acusaciones: no es cierto que haya comprado el Popular por un euro, sino que además le ha inyectado 7.900 millones en provisiones (lo que explica la necesidad de ampliar capital), que es lo que ha rebajado el valor contable de sus inmuebles hasta un 35% del inicial y lo que, a la postre, le ha permitido venderlos a Blackstone a ese precio. En todo caso, si al final pierde estas demandas, tendrá que responder con dinero y no con la devolución del banco.

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