Los reversionistas de operación Chamartín vuelven a la carga tras la luz verde al plan

Llevan cinco años en la sombra, esperando a que llegue su momento para volver a la carga, y ese momento es ahora. La Asociación No Abuso, que agrupa a antiguos propietarios de 1,2 millones de metros cuadrados de suelo expropiado para construir la estación de Chamartín, ha vuelto a organizarse para reivindidar sus derechos de reversión.

El detonante ha sido el acuerdo al que llegaron hace dos semanas el Ministerio de Fomento, el Ayuntamiento de Madrid y Distrito Castellana Norte (DCN), sociedad participada por BBVA y San José, para relanzar operación Chamartín, pacto que acerca el momento en el que estos reversionistas volverán a exigir su opción a adquirir estos terrenos.

La normativa vigente en 1994, cuando nació este desarrollo, reconoce a los propietarios originales de los suelos poder adquirirlos si la Administración decide desafectarlos, cambiar el uso para el que originariamente fueron expropiados y venderlos. Esto es, en grandes líneas, lo que se conoce como derecho de reversión, una legitimación que llevan décadas peleando sin éxito en los tribunales.

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"Tras la sentencia del Supremo nos consideraron amortizados, pero no es así", señala Antonio Vázquez Delgado, letrado de No Abuso, en referencia al fallo del año 2012 en que el alto tribunal concluyó que "al no acreditarse la desafectación tácita" de los terrenos no "procede la reversión".

Para la asociación, este pronunciamiento viene a refrendar que existe un derecho de reversión, pero que este no cobrará cuerpo hasta que llegue el momento de desafectar los terrenos, es decir, hasta que el minuto justo anterior a su venta a DCN, que será cuando pierdan su actual uso ferroviario para poder construir oficinas o viviendas.

Venta de sus derechos

El actual plan, rebautizado como Madrid Nuevo Norte, no prevé que ese momento llegue antes de finales de 2019 o principios de 2020, ya que todavía quedan por delante muchos meses de tramitaciones administrativas. No Abuso está dispuesta a aprovechar este tiempo para llegar a un acuerdo de venta de sus derechos a DCN e, incluso, para transmitírselos a cualquier otro interesado, como aseguran haber hecho en 2007 con el empresario gallego Manuel Jove.

"Con él firmamos una opción de venta de nuestros derechos justo cuando estaba entrando en BBVA, pero la rompió tras la sentencia del Supremo", asegura César Sánchez Ceballos, director de Análisis y Estrategia de No Abuso, que cifra en 300 millones el justiprecio que debería pagarles DCN, cantidad que representa un 5% de los 6.000 millones de inversión prevista en todo el desarrollo de operación Chamartín.

Los reversionistas critican el trato de favor dado a la Compañía de Jesús, a la que sí se le reconocieron sus derechos sobre 110.000 metros cuadrados

En el pasado, cuando San José atravesaba los momentos más duros de la crisis económica y se especuló con que BBVA estaba intentando sacar al grupo gallego de Duch (actual DCN), los reversionistas llamaron a la puerta de la empresa controlada por Jacinto Rey para ofrecerle opcionar sus derechos y contar así con un escudo protector, conversaciones que nunca llegaron a cristalizar.

Detrás de la Asociación No Abuso hay cerca de 2.000 familias, antiguas propietarias de los terrenos expropiados por Renfe, que también denuncian el trato de favor dado por Duch en el año 1996 a la Compañía de Jesús, cuyos derechos sobre 110.000 metros cuadrados de terrenos sí fueron reconocidos por la filial de BBVA.

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Desde DCN han declinado hacer comentarios respeto a las reivindicaciones de los reversionistas, los cuales sospechan que tanto la promotora como Fomento van a intentar alegar que ya no hay lugar para sus reivindicaciones, porque el nuevo plan reduce de 3,3 a 2,8 millones los metros cuadrados sobre los que se puede edificar, recorte que afecta por completo a los terrenos por donde circulan las vías de tren.

Sin embargo, desde No Abuso sostienen que, como sí se tendrán que desafectar cerca de 1,5 millones de metros cuadrados de Adif (todos los que no son vías), existen argumentos legales para reclamar por todos los reversionistas acogiéndose a la equidistribución. "Nuestro interés es que la operación se haga, somos el mayor baluarte que tiene BBVA, pero, si se pasan por alto los derechos de reversión, estarán en fraude de ley", advierte César Sánchez.