Bankinter tiene un problema con los clientes: las reclamaciones se disparan un 480%

Bankinter siempre se había vanagloriado de que era, junto con el Santander, la única entidad financiera no afectada por las cláusulas suelo. Sin embargo, la reputación del banco controlado por Jaime Botín se ha había visto salpicado por los llamados swap sobre tipos de interés, un complejo producto financiero que también iba contra los derechos de los clientes, que no se podían beneficiar de la bajada del Euribor. Un colectivo que ahora se ha rebelado en masa y que ha presentado en el primer semestre del año 14.541 reclamaciones contra el grupo, un 480% más que en el mismo periodo del año anterior.

El motivo de este incremento tan considerable de las quejas formales es la petición de los clientes de exigir la devolución de los gastos hipotecarios, tras la sentencia 705/2015 del Tribunal Supremo de diciembre de 2015 que obliga a los bancos a hacerse cargo total o parcialmente de los costes por la firma de un préstamo para comprar de una vivienda. El fallo del alto tribunal de diciembre de 2015 ha puesto en alerta a todas las entidades financieras, ya que se estima que el importe que pueden revindicar los consumidores se acerque a los 18.000 millones de euros.

Si no se tuvieran en cuenta las reclamaciones por los gastos hipotecarios, las protestas de los usuarios de Bankinter hubieran ascendido a 3.723, lo que hubiera representado, en cualquier caso, un crecimiento del 54%. Por lo tanto, las demandas por las devoluciones de los costes de notaría, registro de la propiedad, impuestos de actos jurídicos documentales, verificación de la situación registral, tasación y gestoría se elevaron a 10.818. Una cifra muy significativa porque, según la información oficial a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la cartera de personas físicas con préstamos para vivienda asciende a 25.689.

De las 14.047 reclamaciones económicas recibidas en lo que va de año, Bankinter solo ha dado la razón a 1.072 clientes, el 7,92% del total

La entidad presidida por Pedro Guerrero aumentó el pasado año en 2.334 millones el volumen de créditos para financiar la adquisición de primeras y segundas residencias, con un crecimiento del 25,7%. Un porcentaje que ha frenado durante los seis primeros meses de 2017, ya que el banco ha firmado préstamos hipotecarios por 1.132 millones, un 2,2% menos que en el mismo periodo del pasado ejercicio. La cartera hipotecaria de personas físicas muestra un Loan to Value (LTV) del 63% a cierre de 2016 y un 89% tiene como garantía la primera vivienda de los titulares. El índice de morosidad es del 2,6%.

De las 14.047 reclamaciones económicas recibidas en lo que va de año, Bankinter solo ha dado la razón a 1.072 clientes, el 7,92% del total, por lo que ha desestimado 12.990 demandas, el 92,48% restante. El porcentaje muestra bien a las claras que el banco se ha opuesto frontalmente a devolver el dinero que, según la sentencia del Tribunal Supremo, cargó de forma irregular a los hipotecados. De hecho, hasta el pasado año, la entidad aceptaba una de cada tres demandas de sus usuarios y se enorgullecía de resolver en apenas 48 horas las quejas de sus usuarios, un plazo que ahora se alarga en su mayoría a más de diez dáas.

La banca niega la mayor

Una actitud similar a la que han adoptado BBVA y Bankia, que también han declinado las protestas de sus prestatarios y los han invitado a acudir a los tribunales. Un paso que ya han empezado a dar determinadas organizaciones, como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin), que ha presentado una demanda colectiva contra Santander, Caixabank, Bankia y Banco Sabadell en el juzgado de lo Mercantil número 9 de Madrid. La Fiscalía de Madrid ya se ha personado en la causa por la que esta agrupación exige la devolución de las cantidades cobradas indebidamente.

De momento, una jueza de Primera Instancia de Alcorcón ha condenado a Bankia a devolver todos los gastos hipotecarios de uno de sus clientes, incluido el impuesto de actos jurídicos documentados (AJD), la partida más gruesa en la formalización de este tipo de créditos. Se trata de un gravamen presente en todas las hipotecas actuales y que se articula como el pago de un porcentaje sobre la escritura notarial que varía según la comunidad autónoma, pero por el que los hipotecados pagan de media 3.500 euros.

Según los cálculos de Asufin, en España existen unos ocho millones de consumidores que se han visto perjudicados por lo que consideran un "abuso" de la banca, que carga sobre sus clientes una serie de gastos que, por su propia naturaleza, no podrían repercutir sobre el particular. Afectados que, en su conjunto, podrían hacer un nuevo agujero a la banca de 3.000 millones de euros, según las entidades financieras, y de hasta 18.000 millones, según otras asociaciones de particulares.