Estudia otras vías judiciales

La OCU pide a Bruselas el acceso al expediente de resolución del Popular

La organización de consumidores ya publicó el pasado 12 de junio una querella contra la cúpula del banco popular como la primera de las acciones en defensa de los inversores

Foto: El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)
El expresidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)

La Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha remitido una carta a la Comisión Europea, pidiendo el expediente completo del procedimiento de resolución del Popular con la intención de proteger a todos los pequeños inversores y accionistas que se vieron afectados tras la compra por parte del Santander.

En el escrito, OCU también solicita el acceso a la valoración de la entidad financiera realizada por un experto independiente (Deloitte), --que estableció un valor de entre 2.000 y 8.200 euros negativos--, así como a todas las notificaciones o comunicaciones intercambiadas entre los distintos organismos intervinientes durante el procedimiento de resolución de la entidad.

La organización de consumidores se ampara en el derecho de acceso a documentos reconocido en el artículo 42 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea en nombre de todos los clientes del Popular afectados por la pérdida de sus acciones tras su adquisición por parte del Santander. OCU considera "imprescindible" esclarecer las responsabilidades y examinar a conciencia toda la documentación vinculada a este proceso, así como el estudio de las comunicaciones con las autoridades supervisoras.

OCU considera "imprescindible" esclarecer las responsabilidades y examinar a conciencia toda la documentación vinculada

Para OCU, acceder a este expediente permitirá obtener información de utilidad de cara a las futuras acciones que la Organización está planteando en defensa de los pequeños inversores y accionistas minoritarios que han perdido toda su inversión tras esta operación.

El pasado 12 de junio, OCU presentó ante la Audiencia Nacional una querella contra la cúpula del Banco Popular como la primera de las acciones en defensa de los pequeños inversores y los accionistas minoritarios que tiene pensado emprender. Esta querella está dirigida contra los antiguos administradores del banco responsables de la última ampliación de capital en 2016 y contra la auditora PwC, a los que acusa de los presuntos delitos de falsedad contable y estafa a los inversores.

Fachada de Pwc. (REUTERS)
Fachada de Pwc. (REUTERS)

Además, la organización ha informado de que continúa estudiando otras vías posibles, judiciales y extrajudiciales, que permitan a los afectados obtener una compensación por el perjuicio sufrido. Hasta la fecha, más de 16.600 afectados por la resolución de Popular se han puesto en contacto con OCU.

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