Banco Santander se ahorrará 5.000 millones en impuestos gracias a la compra del Popular

Aunque el Banco Santander no ha recibido ayudas públicas en el rescate y adquisición del Popular, sí se lleva un importante regalo a costa de las arcas del Estado: 4.900 millones en créditos fiscales, que podrá utilizar para reducir su factura fiscal en España en el futuro (frente a los 7.000 millones en que debe ampliar capital para absorber la entidad intervenida). Estos ahorros se los habría apuntado el Banco Popular en cualquier caso si hubiera podido continuar en solitario, y son consecuencia de la normativa que garantiza estos activos fiscales diferidos (DTA, por sus siglas en inglés) para la banca. Estos activos no son técnicamente ayudas del Estado, pero la oposición ha criticado que se trata de un apoyo con recursos públicos a la operación del Santander.

Los DTA son créditos contra la Hacienda pública procedentes de las fuertes provisiones realizadas y de las pérdidas sufridas por el sector financiero en los años de la crisis, y se restarán de los impuestos que pagarán las entidades en los próximos años. Ahora bien, eso depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro para pagar todos esos impuestos (algo incierto), por lo que las normas de solvencia de Basilea III obligaban a restarlos del capital. Para evitarlo, los distintos gobiernos nacionales, incluido el español, garantizaron la recuperación íntegra de esos créditos fiscales aunque no se alcance el nivel de beneficios necesario.

En el caso del Popular, estos créditos alcanzan un total de 4.900 millones, según las cuentas de la entidad al cierre de 2016. Todos ellos los heredará el Santander, según la opinión de diferentes expertos consultados y tal como confirmó el ministro Luis de Guindos en su comparecencia en el Congreso el lunes pasado. Estos créditos se dividen en tres clases. Por un lado, Popular tiene 2.036 millones de DTA monetizables, que son los procedentes de las provisiones por créditos morosos e inmuebles adjudicados y por aportaciones a planes de pensiones (son gastos que no se pueden deducir fiscalmente en el mismo ejercicio, de ahí que surja este activo fiscal a futuro).

Estos DTA son los que están garantizados por el Estado aunque el banco no tenga suficientes beneficios futuros; los puede cobrar a los 18 años o si da pérdidas en algún ejercicio. A cambio, tiene que pagar una tasa anual del 1,5% de su importe para conservarlos en su balance. Además, gracias a esta garantía, los bancos no tienen que restarlos de su capital. En segundo lugar, están los DTA no monetizables, que no cuentan con esa garantía, por lo que su aprovechamiento depende de que la entidad tenga beneficios en el futuro. Provienen de fondos de comercio o de la pérdida de valor de las inversiones del banco, y suman 1.332 millones en el Popular.

Finalmente, están las bases imponibles negativas, que se generan cuando un banco da directamente pérdidas en algún año. Popular tiene 1.540 millones, 680 anteriores a 2016 (procedentes en su mayor parte del Banco Pastor) y otros 860 generados por las fuertes pérdidas del año pasado, de 3.611 millones tras la "reexpresión" de sus cuentas. Estas pérdidas se restan de los impuestos futuros siempre que la entidad tenga suficientes beneficios en el futuro, como en el caso anterior. Santander puede apuntárselos en balance porque tiene mucha más capacidad de generar beneficios futuros que el Popular.

El Santander refuerza su capital

La resolución del Popular, por ser la primera del nuevo mecanismo europeo, ha generado muchas dudas que se tendrán que resolver en las próximas semanas. Una de ellas es qué ocurrirá con todos los DTA acumulados por la entidad. Lo que ha confirmado Guindos es que todos esos activos pasarán al balance del Santander, por lo que restará su factura al fisco durante los próximos años. El Ejecutivo cambió el impuesto de sociedades a finales de 2016 para limitar el porcentaje de créditos fiscales que pueden utilizar las empresas cada año, rebajándolos desde el 60% hasta el 25% de la base imponible. En otras palabras: si ganó 100, podrá descontar 25 y tributar por los 75 restantes. Con esta fórmula, el Ministerio de Hacienda consiguió limitar el impacto recaudatorio de los miles de millones de créditos fiscales que todavía conservan las compañías españolas.

No hay un euro de ayuda pública en la venta del Popular, no hay garantías al comprador

En el caso de los activos monetizables, esto es, de máxima garantía, el Santander los podrá conservar si paga la tasa del 1,5% que pactó Guindos con la comisaria de Competencia de la UE, Margrethe Vestager, a cambio de que no se consideraran ayudas de Estado. "Probablemente va a tener un coste para el erario público", lamentó el portavoz del Grupo Socialista en la Comisión de Economía, Pedro Saura.

Guindos quiso salir al paso de las críticas y aseguró que la intervención del Banco Popular no requerirá "ni un euro" de dinero público. Eso sí, el Santander se ahorrará una parte de su factura a Hacienda en los próximos ejercicios al utilizar este activo. “No hay un euro de ayuda pública, no hay garantías al comprador”, remarcó el ministro. Una situación que contrasta con los esquemas de protección de activos (EPA) firmados durante la crisis y que suponían que el Estado respondía por posibles pérdidas futuras que sufriesen los activos de una entidad vendida.