Santander ofrece aplazar tres años a los arruinados en la ampliación del Popular

El equipo ejecutivo de Banco Santander se ha encontrado un problema acuciante nada más aterrizar en la sede del Banco Popular: el vencimiento inmediato de créditos concedidos por la anterior dirección a empleados e inversores particulares para que acudieran a la ampliación de capital de 2016. Unos préstamos que los afectados no pueden devolver porque las acciones que suscribieron no valen nada y no disponen de liquidez para cumplir con sus obligaciones. Han perdido la inversión, pero se han quedado con la deuda.

Para solventar un problema que se puede convertir en una vía de agua para retener a los clientes, ya que muchos de los que se sienten esquilmados quieren romper cualquier relación comercial con el Popular, los nuevos gestores de la entidad intervenida por el Banco Central Europeo (BCE) están ofreciendo una alternativa para evitar un doble problema. Por una parte, que los afectados entren en la lista de morosos y, de forma automática, salten las garantías de otros productos que tengan contratados con el banco, como por ejemplo una hipoteca. Por otra, que el Santander vea cómo la mochila de créditos dudosos engorde nada más tomar el control del Popular por los impagos.

La solución que han propuesto los nuevos gestores es aplazar por tres años los préstamos que la anterior dirección dio para garantizarse el éxito de la ampliación de capital por 2.500 millones de euros que el banco hizo en junio de 2016. Dicha refinanciación se haría a un tipo de interés al 4%, pagadero mensualmente. En caso de no atender un mes la letra, el interés se dispararía al 29%, un precio que, según una sentencia del Tribunal Supremo de 2015 y otra de 2016, se considera usura.

La propuesta ha sido acogida con diferentes reacciones por parte de los clientes, que se sienten engañados por los antiguos directivos del Popular. Algunos han decidido pagar y dar por perdida su inversión. Otros han optado por aceptar el aplazamiento a tres años pese a que consideran que el tipo de interés de la refinanciación es muy elevado. Un grupo minoritario, según fuentes próximas al Santander, ha optado por la vía más radical: demandar al banco y judicializar el caso, al considerar que las cuentas incluidas en el folleto informativo de la ampliación de capital estaban falseadas.

Según distintas fuentes, el importe de créditos concedidos para ese fin y que vencen durante este mes de junio asciende a cerca de 140 millones de euros. Pero lo cierto es que Popular otorgó hasta 426 millones para que los clientes comprasen acciones que hoy en día ya no valen nada, según reconoció el propio banco cuando corrigió las cuentas de 2016 el pasado mes de abril. Se desconoce cuándo expiran los restantes 290 millones. Pero otras fuentes indican que también tienen vencimiento a corto plazo.

Sin piedad para los minoritarios

De momento, Banco Santander no tiene previsto dar ningún tipo de compensación a los cerca de 300.000 clientes que suscribieron la ampliación de capital del pasado año. Sobre todo porque no sería fácil discriminar a quiénes se tendría que resarcir y a quiénes debería dejar fuera de un presunto rescate. No obstante, desde la entidad se reconoce que, en el caso de que hubiera sentencias en contra, dado el ingente volumen de demandas que ya se han anunciado desde la quiebra del Popular, atenderían sus obligaciones para indemnizar a los afectados. La postura oficial es que la potencial responsabilidad penal es del BCE, por lo que se deduce que la entidad peleará cualquier decisión de los tribunales de justicia.

Un grupo minoritario demandará al Popular, al considerar que las cuentas del folleto informativo de la ampliación de capital estaban falseadas

Hasta la fecha, Santander solo ha compensado en dos ocasiones a determinados clientes que se vieron salpicados por presuntas irregularidades. Los primeros fueron los participes de dos fondos monetarios, cuyos gestores incumplieron la política de inversión. El banco abonó 12,17 millones. Los segundos fueron los vips que compraron productos de Bernard Madoff a través de Optimal, una filial del grupo, a los que se les ofreció unas participaciones preferentes al 2% durante 10 años.

Santander, que en un primer momento también rechazó recompensar a los estafados, tuvo que dotar 500 millones contra los resultados de 2008 tras el escándalo que acabó con los huesos del financiero americano en la cárcel. Algunos clientes no aceptaron la propuesta y fueron a juicio contra la entidad, que en 2015 tuvo que compensar a un cliente con 600.000 euros tras un fallo del Tribunal Supremo. Los inversores que se quedaron atrapados en el fondo Banif Inmobiliario no recibieron nada a cambio cuando el fondo fue cerrado por falta de liquidez.