La eurozona responde a la compra del Banco Popular en cuestión de horas

Con agilidad, alevosía y nocturnidad, pero sin escenas de pánico que despierten los fantasmas de la crisis del euro. Así se ha decidido el destino del Banco Popular entre Fráncfort, Bruselas y Madrid. Una operación que culmina con la venta de la entidad al Santander y evita la caída del sexto banco español y, de paso, las turbulencias que esto podría haber provocado.

En cuestión de horas, se ha puesto en marcha el mecanismo diseñado en la eurozona durante la crisis para evitar que los contribuyentes tuvieran que volver a poner de su bolsillo miles de millones de euros para pagar la cuenta de los excesos o errores de los bancos. Esta mañana se sellaba la delicada operación con el visto bueno tanto del Banco Central Europeo como de la Comisión Europea. Aquí un repaso a sus claves:

¿Qué se ha hecho?

El BCE, en su calidad de Supervisor Único de los mayores bancos de la eurozona, dio este martes la voz de alarma, tras llegar a la conclusión de que la sexta entidad española estaba “quebrando o cerca de quebrar”. Esto puso en marcha el Mecanismo de Resolución creado en la zona del euro tras la crisis financiera y la traumática experiencia de los rescates financieros, como el que tuvo que pedir en su día España.

Tras analizar el caso, la Junta Única de Resolución -el núcleo decisorio del citado Mecanismo de Resolución Único- ha optado por “transferir todas las acciones y los instrumentos de capital” del Popular al Santander. La Junta, de la mano del FROB, “han decidido que la venta va en el interés público, a la par que protegen todos los depositantes del Banco Popular y aseguran la estabilidad financiera”, según un comunicado de la institución.

Tras esto, la Comisión Europea ha aprobado el esquema de resolución de Banco Popular, con lo que el plan de reestructuración ha entrado en vigor hoy mismo. Lo ha hecho según las normas de recuperación y resolución bancaria de la UE.

¿Se ha inyectado dinero público?

No, Popular no recibirá ninguna ayuda del Fondo de Resolución Única de la zona del euro, ni tampoco fondos públicos de las arcas españolas. Por ello, la operación está sujeta a un examen ordinario por parte de Bruselas, bajo las normas de Competencia que regulan las fusiones y reglamentaciones de empresas en la UE (pero no bajo las más estrictas normas de ayudas de Estado).

¿Se ven afectados los depósitos?

No. Las normas europeas protegen a todos los depósitos en manos de particulares o pymes por debajo de 100.000 euros, pase lo que pase. Pero en el caso del Popular, tampoco se verán afectados los depósitos de más de 100.00 euros, ya que las pérdidas se han recapitalizado con otros pasivos y fondos propios.

¿Por qué se ha optado por esta resolución?

Bruselas alega que así se asegura que esta era la mejor opción para “asegurar la continuidad de las importantes funciones” que desempeña el banco Popular en España y evitar que su caída pudiera tener “efectos adversos significativos sobre la estabilidad financiera”. De hecho, los depositantes del Banco Popular podrán seguir teniendo acceso ininterrumpido a sus depósitos, una medida diseñada para evitar una fuga que desestabilice a la entidad y se pueda llegar a crear un pánico bancario.

¿Cumplía Popular con los requisitos?

Sí, la Comisión Europea recalca que dado su visto bueno a la resolución del Popular porque precisamente se respetaban tres exigencias necesarias para poner en marcha las normas de resolución europeas:

• El banco estaba cayendo.
• No se podía recurrir a soluciones en el sector privado que fueran alternativa.
• No se podía haber evitado su caída con medidas de supervisión.

​¿Cuál es el objetivo?

Las normas europeas están diseñadas es evitar en la medida de lo posible 'shocks' en el sistema financiero y que se inyecte capital público en los bancos. Por lo que se prima todo tipo de soluciones en las que no acaben más “dinero de los contribuyentes” en el sector, tras la lección aprendida en la crisis. En este caso concreto, las pérdidas son absorbidas en su totalidad por los accionistas y los tenedores de deuda subordinada.

¿Qué son las normas de resolución (BRRD)?

Las “directiva europea por la que se establece un marco para la reestructuración y la resolución de entidades de crédito y empresas de servicios de inversión”, conocida por sus siglas en inglés: BRRD, son las normas que conforman el núcleo duro de la inacabada Unión Bancaria de la zona del euro. Se crearon con el objetivo de evitar a toda costa que un tropiezo de un banco volviera a costar miles de millones a los contribuyentes. Esta normativa fue creada a calor de la crisis del euro y entró en vigor el uno de enero de 2015.

Uno de sus puntos clave es la jerarquía que se debe seguir a la hora de repartir las pérdidas durante la resolución de un banco. Antes de recurrir a dinero externo y, por supuesto, público, es necesario llevar a cabo un “rescate interno” o “bail-in”. En la primera línea de fuego están los accionistas, la deuda subordinada y los titulares de bonos, tras lo que se sitúan los depósitos de más de 100.000 euros. Los menores de esta cantidad en manos de pymes o clientes privados están protegidos.

¿Un “rescate interno”?: Cómo funciona la resolución bancaria en la eurozona

Desde 2015, las normas de resolución y liquidación europeas exigen a los bancos que tengan preparados planes de recuperación para hacer frente a situaciones de graves problemas financieros. Además, las autoridades nacionales responsables de la resolución deben tener también un plan de resolución para los bancos, en el caso de que llegue el momento en que no se pueda recurrir a alternativas privadas en el sector privado o medidas de supervisión que puedan evitar la caída del banco.

Si se cumplen estos requisitos, una vez se llega a una situación de difícil retorno, como la del Popular, las autoridades pueden decidir proceder a la resolución de la entidad. Para ello, pueden optar por la venta de la totalidad o parte de sus activos y pasivos a un comprador ajeno -no público, porque entonces entraríamos en el espinoso terreno de las ayudas públicas y los rescates financieros, como sucedió en el caso de Bankia. 

Las autoridades pueden decidir resolver un banco, “siempre que se considere que hacerlo va en el interés público”. Y en el caso de los bancos de mayor tamaño, como el Popular, se pone en marcha el sistema previsto en la Unión Bancaria.

El entramado de la zona del euro para evitar otra crisis bancaria

Las 125 entidades consideradas de importancia sistémica, ya sea por su tamaño o por la naturaleza transfronteriza de sus negocios, están supervisados desde Fráncfort por el Mecanismo Único de Supervisión (MUS) bancaria. Éste, el conocido como primer pilar de la Unión Bancaria, está formado por el BCE y las autoridades supervisoras nacionales de la eurozona. El MUS -o BCE- es el encargado de dar la voz de alarma, tras lo que entra en escena el segundo pilar, el Mecanismo Único de Resolución (MUR). 

Le corresponde a su Junta Única de Resolución adoptar el esquema de resolución del banco, en el que se especifican los detalles de la operación. En algunos casos, pero no en el del Popular, la Junta también decide cuánto dinero va a aportar el Fondo Único de Resolución de la zona euro para cubrir las pérdidas que se generen en la operación, si no pueden ser cubiertas de otro modo. Este fondo se va a alimentando de contribuciones anuales de la banca, con lo que se trata de evitar inyecciones de dinero público.

Tras esto, es el turno de la Comisión Europea de pronunciarse sobre la operación, sobre la que debe dar su respaldo o presentar sus objeciones, caso éste último en el que la Junta revisaría el plan de reestructuración para enmendarlo. Todo este proceso está diseñado para hacerlo en menos de 32 horas, para evitar pánicos bancarios y resolver un banco en un máximo plazo de un fin de semana, mientras los mercados están cerrados. 

El “rescate interno”

Las normas europeas exigen que las pérdidas que se generen en la resolución sean repartidas siguiendo una estricta jerarquía, ya que de lo contrario Bruselas y el BCE no dan visto bueno a la operación, como sucedía hasta hace poco en las negociaciones con el Gobierno italiano sobre Banco Monte dei Paschi di Siena. Es la operación conocida como “bail-in” o “rescate interno”.

En la primera línea de fuego para asumir las pérdidas están los accionistas, la deuda subordinada y los titulares de bonos, tras lo que se sitúan los depósitos de más de 100.000 euros. Los menores de esta cantidad en manos de pymes o clientes privados están protegidos. Una vez se cumple con este reparto, se puede proceder a la resolución, incluya o no ayudas públicas.