ante el inminente vencimiento de varios créditos

Clientes vip del Popular y Uría y Menéndez ultiman las demandas contra el consejo

Varias familias preparan las primeras reclamaciones contra el banco ante el vencimiento inminente de créditos que les concedió para acudir a la fallida ampliación de capital

Foto: El vicepresidente del Banco Popular, Roberto Higuera (c), junto al secretario del consejo, Francisco Aparicio (i), y el consejero delegado, Pedro Larena (d). (EFE)
El vicepresidente del Banco Popular, Roberto Higuera (c), junto al secretario del consejo, Francisco Aparicio (i), y el consejero delegado, Pedro Larena (d). (EFE)

Mientras el viernes la cotización del Banco Popular vivía otra jornada de infarto, varios clientes destacados de la entidad se reunían en la sede de Uría Menéndez para preparar las primeras demandas colectivas en España contra el consejo de administración de la institución. El motivo es el vencimiento inminente de créditos que no pueden pagar y que el banco les dio para comprar acciones en la ampliación de capital de junio de 2016 con unas cuentas presuntamente falseadas.

Esto es lo que van a denunciar los citados inversores, que prefieren guardar el anonimato, después de intentar negociar un aplazamiento de los préstamos que Popular les sugirió pedir para suscribir la ampliación de capital a cambio de mantener abiertas el resto de líneas de financiación. La práctica fue, según denuncian, muy similar a la que llevó a cabo Bankia en el verano de 2011, cuando recomendó a sus clientes de pequeñas y medianas empresas comprar títulos en la salida a bolsa para poder disponer de avales y circulante para sus negocios privados.

Muchos de estos créditos vencen este viernes 9 de junio y la garantía, que son las propias acciones, no cubre el principal ni de lejos. De hecho, debido al desplome del 60% respecto al precio de la ampliación —1,25 euros—, los clientes corren el grave riesgo de ser ejecutados, amén de en muchos casos no disponer ni de liquidez para abonar los intereses. Varios de ellos han retirado sus depósitos del banco debido a la incertidumbre sobre la solvencia de la entidad y al sentirse engañados.

El problema para estos clientes es que tienen otro tipo de créditos con el Popular y, al producirse el impago del préstamo personal que firmaron para adquirir las acciones, inmediatamente después saltan las garantías del resto de activos, como viviendas, locales comerciales o edificios de oficinas. Ante esta situación, los afectados han decidido emprender acciones legales contra el consejo de administración, al considerar que la información incluida en el folleto de la emisión no se correspondía con la realidad.

El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)
El presidente del Banco Popular, Emilio Saracho. (EFE)

Una de sus quejas es que, cuando se hizo la ampliación, Popular anunció la necesidad de hacer dotaciones adicionales de 4.700 millones por el deterioro de la cartera crediticia en 2016, cifra que finalmente ascendió a 5.700 millones. Mil millones adicionales que incluso se han quedado cortos, porque la nueva dirección está haciendo una tasación nueva de sus inmuebles que derivará en al menos la obligación de provisionar cerca de 3.000 millones más. Por si no fuera suficiente, en octubre, el anterior consejero delegado, Pedro Larena, anunció la vuelta al dividendo en 2017, remuneración al accionista que Saracho ha descartado por completo ante la gravedad de la situación. Sus casos han sido puestos en manos de los abogados de Uría y Menéndez, que en breve presentará las demandas contra el banco.

En la revisión de cuentas que hizo el exbanquero de JP Morgan al aterrizar en la institución financiera, el nuevo presidente hizo ajustes por 600 millones de euros tras el informe solicitado a PWC. Parte de estas pérdidas adicionales a los 3.485 millones que se registraron en 2016 se debió al análisis de 426 millones de euros concedidos a los clientes en la ampliación de capital y que habían sido mal clasificados. En un primer vistazo, el banco dio por malos 205 millones.

Préstamos blandos para amigos

Esta práctica comercial ya la hizo el banco años atrás, según denuncian los implicados, con pésimas consecuencias para los clientes, incapaces de atender sus obligaciones, y ahora para el balance de la entidad, al tener que provisionarlos y reclasificarlos correctamente. Ambas partes pierden porque la mayoría serán ejecutados y el Popular tendrá que reconocer el agujero por el impago.

Uno de los casos más llamativos de esta forma de actuar del banco en la etapa de Ángel Ron fue la concesión de créditos al 1% a Unión Europea de Inversiones (UEI) para acudir a las tres ampliaciones de capital que la institución ha hecho en los últimos años. Esta sociedad, vinculada a familias del Opus DeI y dueña del 3% del Popular, recibió préstamos al 1% para comprar acciones y mantener su posición cuando cualquier cliente minorista pagaba en esos momentos entre el 7,88 y el 13,56% por obtener dinero para una nómina o comprarse un coche.

En concreto, Popular dio dos créditos al 1% a UEI, miembro de la Sindicatura de Accionistas, el primer inversor del banco, y con un puesto en el consejo de administración, por 60 millones de euros, línea de financiación que expiró en diciembre de 2015. Posteriormente, le otorgó otro de 25 millones de euros, cuyo vencimiento se fijó para el 15 de enero de 2019. Debido al hundimiento de la acción, no pudo atender ninguno, por lo que entró en quiebra. Después tuvo que ser rescatada finalmente por Viviendas y Oficinas, otra empresa cercana al Opus, propietaria de la sede central del propio banco, gracias a la financiacion de Santander, Bankia y Sabadell.

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