Abril-Martorell ratifica al CEO de Indra tras el escándalo del Canal de Isabel II

Javier de Andrés, actual consejero delegado de Indra, seguirá en su cargo en el nuevo organigrama que la compañía está ultimando tras la fusión por absorción de Tecnocom. Según fuentes próximas, Fernando Abril-Martorell, el presidente de la multinacional de tecnología y defensa, le ha ratificado pese al escándalo surgido por las investigaciones judiciales en relación a los supuestos delitos cometidos en el Canal de Isabel II, que ha salpicado indirectamente a la empresa participada por el Estado.

Según las mismas fuentes, las primeras pesquisas del juez Velasco no atribuyen ninguna responsabilidad a Javier de Andrés, que fue nombrado por primera vez consejero delegado a mediados de 2012. Otras fuentes añaden que cuando la Policía entró en la sede central de Indra en busca de pruebas, el objetivo era indagar en los contratos con la Comunidad de Madrid entre 2007 y 2011, en especial en la adjudicación del recuento de las elecciones al parlamento autonómico. En aquella época, De Andres era el 'controller' de la sociedad, pero el cargo de consejero delegado correspondía a Regino Moranchel.

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La permanencia del actual Chief Operating Officer (CEO, por las siglas en inglés) había sido puesto en duda después de que su mujer, María Fernanda Richmond, la directora financiera y de desarrollo de negocio del Canal de Isabel II, entrase en prisión bajo fianza de 4 millones de euros acusada de pertenencia a organización criminal, blanqueo de capitales, falsificación de documentos públicos, prevaricación, fraude y malversación de caudales públicos. Abril-Martorell, sin embargo, no ha dudado en ratificarlo como número dos del grupo en el futuro organigrama de la compañía resultante de la fusión entre Indra y Tecnocom, operación que ha liderado personalmente.

De hecho, en la reunión del consejo de administración celebrada el pasado 27 de abril no se debatió nada sobre la continuidad del consejero delegado y ningún miembro del órgano de administración, incluidos los dos en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) expresó disconformidad alguna tras los registros policiales.

De Andrés, que fue ya fue imputado por el caso Púnica en 2015 por los supuestos pagos a una empresa de la trama corrupta del PP, es íntimo amigo de la infancia de Ignacio González, el expresidente de la Comunidad de Madrid con el que compartió colegio en los agustinos de la calle Padre Damián de Madrid. Sus esposas, María Fernanda Richmond y Lourdes Cavero, también tenían una relación muy estrecha, como demuestran imágenes públicas en la que comparten viajes.

Pero, pese a esta amistad, las pesquisas del juez Velasco hasta la fecha no han encontrado ninguna irregularidad que responsabilice a De Andrés de delito alguno. Por este motivo, Abril-Martorell ha decidido mantenerlo en su puesto. En gran parte porque el consejero delegado ha sido pieza fundamental en la reestructuración de Indra, que entre 2014 y 2015 perdió 730 millones y tuvo que despedir a más de 3.000 empleados en todo el mundo.

Decisiva junta general a la vista

No obstante, el futuro de Javier de Andrés tendrá que ser validado en la próxima junta general de accionistas, que se celebrará previsiblemente el 29 de junio. Su mandado como consejero y consejero delegado expira ese día, por lo que el consejo de administración que Indra convocará para el mes de mayo deberá proponer la renovación o no de sus cargos. Según distintas fuentes, si Abril-Martorell lo respalda ahora en el nuevo organigrama corporativo que se está diseñando para la fusión, lo lógico es que ya haya sondeado con los principales accionistas su continuidad como miembro del órgano de gobierno.

En el consejo de administración de Indra hay dos miembros -Juan Carlos Aparicio y Adolfo Menéndez- en representación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), el máximo accionista de la multinacional, con el 20% del capital. Algunas fuentes consideran que el Gobierno podría presionar a través de estos dos consejeros para no avalar la renovación de Javier de Andrés, pero no necesariamente para votar en contra. Es decir, para abstenerse en la votación. Otras fuentes indican que ninguno de los dos ha expresado hasta el momento rechazo alguno a la continuidad del consejero delegado, que acumula un fondo de pensiones de 4,9 millones de euros y que no tiene ningún tipo de blindaje.

Junto a la renovación de Javier de Andrés, la junta también deliberará sobre el futuro de otros cinco consejeros, entre ellos el de Isabel Aguilera, Ignacio Santillana, Rosa Sugrañes y los dos miembros de la SEPI. Se da casi por hecha la salida o el cambio de calificación de Aguilera, que lleva ya doce años en el consejo de administración, un plazo que los normas de gobierno corporativo no recomiendan sobrepasar.