Abanca tiene demandas judiciales sin provisionar por 300 millones

Abanca reconoce en su informe de gestión anual remitido a la CNMV que "al 31 de diciembre de 2016, se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y reclamaciones contra el Banco por importe de 304 millones de euros", una cifra que es superior a todo el beneficio obtenido el año pasado, 269,5 millones, pese a lo cual no ha provisionado (apartado del beneficio) ninguna cantidad, puesto que considera que no tiene riesgo de ser condenada con impacto en los recursos del banco.

El importe potencial de los pleitos pendientes al cierre del año pasado se incrementó un 17,8% respecto a la de 2015, según reconoce también este informe anual que la antigua Novagalicia ha publicado en vísperas de que los bancos cotizados anuncien sus cuentas del primer trimestre (y que no aparece en el apartado correspondiente de la web de la CNMV). "Dentro de este importe se incluyen las demandas interpuestas contra el Banco y contra el FROB por una parte de los antiguos accionistas del Banco, promoviendo la nulidad de las compraventas de acciones del Banco otorgadas en su momento y la devolución de los importes satisfechos por cada uno de ellos siendo el importe total de estas reclamaciones a 31 de diciembre de 2016 de 65 millones de euros (65 millones de euros a 31 de diciembre de 2015)" (sic).

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Eduardo Segovia

Abanca se refiere a una serie de ricos gallegos que entraron en el capital de la fusión de las antiguas cajas de esa comunidad antes de su hundimiento (de hecho, lo hicieron para tratar de salvarla) y que perdieron toda su inversión, por lo que demandaron tando a la entidad como al FROB. Su posible victoria en los tribunales no es en absoluto descartable, puesto que algunos de ellos -como el dueño de los supermercados Gadis- ya tienen sentencias a su favor.

Abanca no teme una salida de recursos

Aparte de estos accionistas, la entidad gallega explica que "el resto de procedimientos y reclamaciones al 31 de diciembre de 2016 se corresponden con reclamaciones con origen en el desarrollo habitual de las actividades del Banco", sin explicar a qué actividades se refiere. En todo caso, "tanto los asesores legales del Banco como su Consejo de Administración entienden que la conclusión de estos procedimientos y reclamaciones no provocarán una salida de recursos del Banco y por tanto no se han registrado pasivos por este concepto en estas cuentas anuales". Es decir, no dota ninguna provisión para hacer frente a esta eventualidad; si finalmente se produce, esos 304 millones tendrán que salir de los beneficios futuros de la entidad.

Esta actitud se inscribe dentro de la política general de Abanca en 2016 de no solo no dotar nuevas provisiones para saneamientos u otras contingencias, sino de liberar las que ya tenía constituidas en ejercicios enteriores, en muchos casos con el dinero del rescate (12.280 millones de dinero público inyectado). Gracias a esta política y a los créditos fiscales, el beneficio de 2016 se disparó un 90%, hasta los citados 269,5 millones. Esto implica que el riesgo de las demandas judiciales es aún mayor, puesto que la entidad tendrá menos recursos para hacerlas frente con una cuenta de resultados normalizada.

18 millones más por las preferentes

En otro apartado (Abanca no agrupa el riesgo judicial en un único epígrafe del informe), añade que tiene otro riesgo judicial con los antiguos titulares de preferentes y deuda subordinada valorado en 17,83 millones. Ahora bien, en este caso sí asegura que existen provisiones de sobra: 28,26 millones, lo que implica que el banco ha liberado 67,33 millones que, en teoría, había dotado de más en ejercicios anteriores

Los antiguos preferentistas fueron obligados a canjear sus títulos por acciones con una quita para reducir el importe de dinero público que hubo que inyectar a la entidad cuando esta resultó insolvente. Por tanto, se trata de pleitos de tenedores de preferentes y deuda subordinada que no acudieron al arbitraje que puso en marcha la entidad antes de su venta al venezonalo Banescode Juan Carlos Escotet, o bien que fueron rechazados en el mismo al considerarse que sí sabían lo que estaban comprado -y qué riesgos tenía- cuando adquirieron estos títulos.

Por otro lado, esta cantidad supone solo el 15% del importe reclamado, puesto que el Estado (a través de FROB) concedió a Escotet una garantía sobre el 85% del coste por posibles reclamaciones judiciales de las preferentes y la subordinada en el proceso de venta de la entidad. El FROB (fondo público de rescate bancario) estimaba hace un año que el impacto de ese 85% en sus cuentas sería de 165 millones como máximo, y que Abanca debía pagar primero su parte antes de que entrase el dinero del contribuyente.