Saracho acelera la limpieza del Popular: vende 125 millones de deuda de las radiales

Mientras el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, cree que las autopistas de peaje en quiebra serán un buen negocio cuando el Estado se apodere de ellas y las vuelva a sacar a concurso, la banca española y la extranjera no quieren saber nada del pleito judicial que se adivina en el horizonte por la falta de acuerdo entre el Gobierno y los acreedores. El último en vender la deuda vinculada a las ocho carreteras de peaje ha sido Banco Popular, que ha traspasado créditos fallidos por 125 millones de euros.

Fuentes financieras han confirmado que la entidad que preside actualmente Emilio Saracho se ha desprendido de este paquete a un precio de derribo, en línea con las transacciones que anteriormente hicieron bancos nacionales como el Santander o extranjeros como ING y BNP Paribas. Las mismas fuentes señalan que estos 125 millones de valor nominal han ido a parar a Taconic, Strategic Value Partners y King Street, tres de los llamados fondos oportunistas que se están haciendo con la mayoría de los créditos impagados por parte de las principales constructoras españolas. Inversores que se han puesto en manos de exbanqueros españoles para sacar el mayor partido a estos saldos.

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La operación tiene dos efectos para Banco Popular. El primero es el registro de las pérdidas derivadas de la diferencia de dinero que prestó a las concesionarias de las autopistas actualmente en quiebra, que según distintas fuentes son de al menos el 75% del importe concedido. La segunda es la liberación de capital, una cuestión esencial para una entidad financiera cuya solvencia está ahora mismo en seria duda por su hundimiento en bolsa. La banca española, incluidos Sabadell (240 millones), Unicaja (70 millones), Ibercaja (40 millones), CaixaBank (100 millones), Santander (350 millones) y Bankia (200 millones), se ha desprendido de cerca de 1.000 millones en créditos incobrables.

La venta de estos 125 millones se suma a las operaciones de limpieza de balance que llevó a cabo a principios de enero, cuando logró cerrar los traspasos de dos carteras de créditos improductivos por 620 millones de euros. Dos portfolios, uno hotelero de 220 millones y otro inmobiliario de 400 millones, que fueron adquiridos por Apollo y Blackstone. Unas operaciones que la entidad no hacía desde finales de 2012, cuando se desprendió de 1.143 millones de préstamos personales concedidos a inmigrantes y que compraron Lindorff y AnaCap.

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Poco dinero en cualquier caso porque Popular, tanto con Ángel Ron como con Emilio Saracho en la presidencia, se ha comprometido a sacarse de encima préstamos fallidos por 4.000 millones en un año, una cantidad que se presume complicada de alcanzar porque ni los bancos más activos como Sabadell y CaixaBank consiguen limpiar su balance por esos importes. Según distintas fuentes, el banco sondeó a finales del pasado año lanzar una macrosubasta de créditos improductivos por 2.000 millones, pero la operación no terminó de salir a mercado ante las dudas sobre la capacidad de atraer inversores, como le ocurrió en su día a Bankia.

El ministro, sin personarse

La salida de Banco Popular como acreedor de las ocho autopistas en quiebra es otra mala noticia para el Ministerio de Fomento, que observa cómo aumenta el poder de los fondos oportunistas que han comprado más de la mitad de la deuda vinculada a estas concesiones. Es decir, cerca de 2.000 de los 3.700 millones de préstamos impagados, que los ‘hedge funds’ quieren recuperar a toda costa. A esa cantidad hay que añadir otros 1.300 millones en compensaciones por las expropiaciones, lo que eleva la factura total a casi 5.000 millones, según Seopan, la patronal del sector.

Hasta la fecha, las negociaciones entre el Gobierno y los conocidos como fondos buitre han sido infructuosas, por lo que, de no alcanzarse un acuerdo, el conflicto acabará en un juicio en una corte internacional. A ninguna de las reuniones ha asistido el ministro de Fomento, enfrascado desde principios de año en la reforma de los estibadores.

Fuentes próximas a estos fondos discrepan de la versión optimista que hizo este lunes Íñigo de la Serna, quien argumentó que el Estado conseguirá el dinero suficiente con la venta futura de las radiales una vez descontada la deuda para pagar a los acreedores el montante que finalmente se acuerde por la vía pacífica o la guerrillera. Consideran que el ministro de Fomento no valora lo que se conoce como seguridad jurídica, un elemento básico para hacer cualquier inversión y de la que España se ha quejado cuando otros países como Argentina, Colombia o Bolivia han tomado medidas contra empresas nacionales.