Ángel Ron lleva al Popular a un arbitraje para cobrar indemnización además de pensión

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Eduardo Segovia

En la junta general en que fue ratificado el nombramiento de Saracho, el Popular hizo público que Ron tenía derecho a una pensión vitalicia de 1,1 millones anuales. Para satisfacerla, el banco tuvo que aportar de golpe 15,64 millones adicionales al dinero que ya había ido dotando en cada ejercicio por este concepto, hasta un total de 24 millones (que es el cálculo actuarial de lo que recibirá en total el expresidente basándose en su esperanza de vida). Además, anunció que había percibido un sueldo de 1,47 millones en 2016, el ejercicio en que la entidad registró las mayores pérdidas de su historia: 3.485 millones de euros.

Sin embargo, estas cantidades no le han parecido suficientes y ahora pretende que el banco reconozca que lo despidió de forma improcedente cuando el consejo de administración dio el golpe de Estado que significó su sustitución por Saracho. Por eso, ha presentado una solicitud formal en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC) de Madrid para un acto de conciliación con el que, si el Popular se aviene a su petición, podrá optar a una indemnización por despido.

Según fuentes de la entidad, la indemnización a la que tendría derecho el expresidente por su antigüedad como empleado del Popular ascendería solo a unos 250.000 euros, pero otras fuentes aseguran que Ron, cuya esposa es una abogada de primera fila, pretende obtener una cantidad sustancialmente mayor derivada de su estatus de alto directivo cuando fue despedido de forma improcedente, así como de ciertos cambios legales que afectan a la fiscalidad de estas retribuciones.

A años luz de Corcóstegui, Sáenz o Goirigolzarri

En todo caso, el dinero que se llevará Ron a casa por todos los conceptos estará a años luz de las compensaciones recibidas por otros banqueros que fueron destituidos de sus cargos antes que él: Ángel Corcóstegui se marchó del entonces Santander Central Hispano con 108 millones en el bolsillo (el récord hasta la fecha), Alfredo Sáenz fue destituido como segundo de Emilio Botín tras el episodio de su indulto con 88,1 millones, y José Ignacio Goirigolzarri recibió una pensión de 53 millones —y tenía derecho a una indemnización de 68 millones que, al parecer, no llegó a cobrar— cuando Francisco González le destituyó por postularse como su sucesor.

Aun así, los accionistas del Popular consideran que esta compensación a Ángel Ron es excesiva, habida cuenta de la situación en que ha dejado el banco y de las enormes pérdidas que ellos han sufrido como consecuencia del desplome de la cotización. De hecho, tanto en la junta de febrero como en la de la semana pasada, varios minoritarios pidieron al consejo que emprendiera acciones legales contra él, aunque Saracho respondió: "No podemos tomar acciones legales, de momento no hay razones para ello aunque haya gente a la que le apeteciese".

Las responsabilidades de Ron serán las mismas

A este respecto, las fuentes consultadas explican que es indiferente una dimisión o un despido a efectos de posibles responsabilidades civiles o penales. Si los hechos objeto de futuras reclamaciones ocurrieron durante el mandato de Ron, él será responsable en cualquier caso. Como ha informado El Confidencial, uno de los principales obstáculos a los que se enfrenta la macroampliación de capital anunciada por Saracho es la posibilidad de un aluvión de demandas por parte de los accionistas sobre la base de que en el aumento de capital del año pasado se ocultó la verdadera situación del banco o los enormes riesgos que asumían quienes compraran acciones en la operación. Merrill Lynch considera que este riesgo también dificulta la compra del banco.

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Al menos, el nuevo presidente reconoció que el plan de pensiones de Ron es algo obsoleto: "Este banco tiene muchas singularidades, como ese plan de pensiones que se eliminó, que carecen de transparencia, son muy antiguas y no corresponden a este mundo". Ahora bien, los cambios que ha introducido Saracho en la política de remuneraciones del Popular han consistido en incrementar la retribución normal de los administradores. Su justificación para ello fue: "En este banco tenemos gente valiosa que compite con un brazo atrás. Remunerar a ejecutivos al mismo nivel que la competencia es necesario. No tenemos recursos, pero debemos dotarnos de este instrumento".