El TS anula la suspensión del 30% de vuelos que pasan por una urbanización de Barajas

El Supremo ha anulado este miércoles el auto del Tribunal Superior de Justicia de Madrid que ordenaba suspender el 30% de los vuelos del aeropuerto de Barajas que sobrevuelan la urbanización madrileña de Santo Domingo. La Sala de lo Contencioso Administrativo del alto tribunal ha considerado que aquel auto, que había sido suspendido provisionalmente y recurrido ante el Supremo, no ejecutaba adecuadamente su sentencia de 2008.

El Supremo ya dictaminó hace nueve años que los aviones que sobrevolaban la urbanización dañaban a los vecinos por el ruido de los motores de las aeronaves. Esto fue lo que motivó al TSJ de Madrid a decretar la suspensión del 30% de vuelos sobre la zona como medida para subsanar esa situación. Sin embargo, lo que dice ahora el TS es que esta no era una medida adecuada, de ahí que proceda a su anulación.

En cualquier caso, esto no supone una victoria plena para AENA. El TS ha tomado ahora la iniciativa sobre el conflicto y ha señalado que en los próximos días determinará qué medidas debe implementar el operador aeroportuario para que se deje de vulnerar la intimidad domiciliaria de los vecinos de Santo Domingo.

La sentencia permite a AENA levantar el veto que le había impuesto el TSM, pero señala que tendrá que tomar medidas para subsanar el daño a los vecinos

Los propios afectados han recibido la sentencia con optimismo, ya que mantiene su reivindicación por el agravio sufrido. Los inversores de AENA, por su parte, han recibido la noticia con tibieza. Las acciones de la compañía apenas subían un 0,5% y tras conocerse el dictamen judicial las alzas han mermado hasta el 0,4%. Es decir, que los accionistas no están tomando esta noticia como una victoria total para el operador.

El fallo del Supremo se ha retrasado casi medio año respecto al calendario inicialmente previsto, ya que todas las partes confiaban en un pronunciamiento para el pasado verano.

La Justicia señalará en la sentencia las posibilidades existentes para encontrar un equilibrio entre los derechos de los vecinos y el interés general; lo que ha anunciado este miércoles es solamente el fallo.

Con este fallo, el Supremo pone fin a un proceso judicial que se remonta hace 13 años y enfrenta a la empresa pública AENA con los residentes de Ciudad Santo Domingo, que denuncian que el operador dueño de Barajas vulnera su derecho fundamental a la intimidad domiciliaria por el ruido de las aeronaves.

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El máximo tribunal ya se pronunció en favor de los vecinos en 2008, cuando dictó queAenacorrigiera los ruidos que invadían la intimidad domiciliaria. Pero el grupo presidido por José Manuel Vargas nunca llegó a ejecutar el fallo, gracias al rosario de recursos, autos y sentencias que se han encadenado a lo largo de estos nueve años.

Para tratar de cerrar este capítulo, en diciembre de 2014, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid impuso una reducción del 30% del número de vuelos sobre Ciudad Santo Domingo, decisión que no agradó a ninguna de las partes y que ha obligado al Supremo a pronunciarse definitivamente.

Tras esta sentencia, ahora falta por ver qué postura toma el Juzgado de Instrucción número 35 de Madrid, que el pasado verano citó a declarar como investigado aJosé Manuel Vargas y a su antecesor en el cargo, Juan Ignacio Lema, por los presuntos delitos de desobediencia y contra el medio ambiente.

La pista de la discordia

El epicentro del conflicto se encuentra en la pista 18R/36L, la más larga de Barajas y por la que operan los grandes aviones con destinos de largo recorrido, que son los que mueven mayor volumen de pasajeros y carga. Si se hubieran reducido en un 30% sus operaciones, siempre según los cálculos de AENA, se verían directamente afectadas las conexiones con Latinoamérica, que representan una cuarta parte de todas las operaciones del aeropuerto.

Podría realizar 14.000 operaciones en esta pista, frente a las 20.730 que alcanzó en 2004, año que tomó como referencia el Superior de Justicia

AENA siempre ha sostenido que limitar, en la medida dictada por el TSJM, el número de operaciones, tendría un impacto directo en la economía de la región, ya que, como máximo, podría realizar 14.000 operaciones en esta pista, frente a las 20.730 que alcanzó en 2004, año que tomó como referencia el Superior de Justicia. Los cálculos que siempre defendió AENA fueron que podrían perderse más de 70 millones de pasajeros hasta 2030, lo que impediría la creación de 14.000 empleos en la Comunidad de Madrid.

Los vecinos, cuyas casas son anteriores a la ampliación de Barajas, siempre sostuvieron que el operador aeroportuario falseaba las cifras, ya que, según ellos, los ruidos solo afectan a esta ruta y bajo ciertas condiciones de viento, con lo que existen alternativas técnicas para salvaguardar los intereses del aeropuerto sin afectar a los vecinos.