El Gobierno explora con las empresas aliviar el mazazo contable de los créditos fiscales

El pasado diciembre, el Ministerio de Hacienda rebajó por sorpresa el límite a la compensación de las bases imponibles negativas, que pasó del 70% al 25% para las empresas con unos ingresos superiores a 60 millones de euros, una medida que obligará a las compañías a elevar el porcentaje de las ganancias que destinan a pagar el impuesto de sociedades, ya que según el propio Cristóbal Montoro, el tipo efectivo medio apenas es del 7,6%, frente al 18% de las pymes.

Sin embargo, el verdadero impacto que tiene este decreto en las cuentas de las compañías va mucho más allá de un asunto recaudatorio y afecta directamente al patrimonio de las compañías, que puede verse seriamente mermado con esta medida, lo que ha llevado a varias asociaciones empresariales a reunirse con el Ejecutivo para encontrar una vía que permita flexibilizar la manera de contabilizar esta nueva norma.

El problema de fondo es que, al tratarse de un crédito fiscal, el equivalente a una cuenta pendiente, las compañías pueden apuntárselo en su activo, pero siempre y cuando prevean ejecutarlo en un plazo de 10 años. Con la reforma de diciembre, a grandes rasgos, lo que antes era plausible poder 'cobrarlo' en una década, ahora tardará entre dos y tres, con el consecuente impacto en el balance, ya que todos aquellos créditos fiscales que excedan el plazo de 10 años deberán desaparecer del activo, pasar a una especie de cajón hasta que puedan volver a activarse en el futuro.

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El Confidencial

Estos daños colaterales son los que las empresas han intentado hacer ver tanto a Hacienda como al ICAC, organismo dependiente del Ministerio de Economía, junto a quienes han analizado, en las reuniones que han mantenido, diversas alternativas para poder mitigar el impacto en sus balances. Las propuestas van desde hacer temporal este cambio, como ya ocurrió en los ejercicios 2012, 2013 y 2014, hasta ampliar el plazo de 10 años que permite actualmente la contabilidad.

Aunque el tono de las reuniones ha sido siempre cordial, según señalan diversas fuentes empresariales, la cristalización de sus peticiones está todavía en el terreno de las voluntades, ya que Hacienda defiende mantener el carácter permanente de la norma para hacer un guiño a Bruselas, en el sentido de que está endureciendo su política fiscal. No obstante, fuentes gubernamentales reconocen estar abiertas a encontrar una solución por el lado de la interpretación contable, que permita evitar el mazazo en los balances de las compañías.

Constructoras, inmobiliarias, bancos y empresas de distribución aparecen a la cabeza de los sectores más afectados, ya que son los que más pérdidas tuvieron durante la crisis y, por tanto, los que ahora contaban con un cheque mayor para poder compensar los beneficios, hasta el punto de que, en algunos casos, los créditos fiscales llegan a representar un 30% del activo, según afirman desde una gran auditora.

Comparativa con el resto de países

La medida aprobada el pasado diciembre, en la que se rebaja al 25% la compensación de las bases imponibles para las grandes compañías, dista mucho del 100% permitido en Australia, el 90% de Estados Unidos, el 80% de Italia, el 70% de Portugal, el 60% de Alemania y Japón, y el 50% de Francia y Reino Unido, que contempla este nivel en su última reforma fiscal en curso.

Constructoras, inmobiliarias, bancos y empresas de distribución aparecen a la cabeza de los sectores más afectados

A pesar de la desventaja competitiva que supone para los grandes grupos la reforma, estos han optado por mostrar comprensión con la necesidad recaudatoria de las arcas públicas, y, en las conversaciones que están manteniendo, han centrado sus esfuerzos en corregir los daños colaterales de este cambio, que al golpear directamente al patrimonio puede tener consecuencias en aspectos tan diversos como la política de dividendos o los fondos propios.

Por el momento, las interpretaciones que han hecho la CNMV y el ICAC respecto a otro de los cambios fiscales que se produjeron a finales del año pasado, el que afecta al endurecimiento de la reversión de las deducciones por pérdidas en filiales, y que finalmente se podrá contabilizar en un plazo de cinco años y no de golpe, es un balón de oxígeno para las empresas y marca la senda por la que aspiran poder seguir avanzando las dos partes: suavizar el mazazo contable.