La imputación de la cúpula del BdE quiebra todo el sistema de supervisión financiera

La decisión de la sección tercera de la Audiencia Nacional de imputar a Fernández Ordóñez, Restoy y Segura por el caso Bankia ha puesto patas arriba todo el esquema de supervisión financiera en España, en un movimiento de consecuencias impredecibles. La imputación cuestiona no solo un modelo de supervisión que quedó en entredicho con la quiebra de las cajas y el rescate europeo, sino que afecta al actual porque varios de los miembros de la antigua cúpula del Banco de España y la CNMV siguen ocupando puestos de primera fila en la actualidad. Y Fernando Restoy es el máximo representante español en las instituciones financieras internacionales.

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Eduardo Segovia

La imputación de un gobernador del Banco de España tiene un precedente, el de Mariano Rubio: llegó a entrar en prisión en 1996, pero el delito no fue cometido en el ejercicio de sus funciones (fue el caso Ibercorp de fraude fiscal). En todo caso, ahora el daño reputacional de la decisión de citar a MAFO como investigado puede ser enorme para la institución. El propio Restoy llegó a decir que "cuestionar a una persona es cuestionar la institución" y que "este país no se puede permitir que se cuestione al Banco de España" (respondía así a las críticas del expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso al papel de MAFO en la crisis financiera).

Pero más allá de este daño, varios de los imputados ocupaban cargos de primera fila en su organigrama hasta ayer, puesto que presentaron su dimisión tras conocerse el auto judicial. Es más, como señalan fuentes de las acusaciones, eran precisamente aquellos que hicieron oídos sordos a las advertencias de los inspectores sobre la inviabilidad de BFA-Bankia, mientras que los que la denunciaron no han llegado muy lejos. Ahora, no solo queda en entredicho su actuación entonces, sino la posterior y la de quienes les han mantenido en el puesto o promocionado.

El más importante es Mariano Herrera, hasta ahora director general de supervisión, el cargo con más poder después del gobernador y el subgobernador. Herrera había sido 'desterrado' en la época de autos a la dirección general del FROB —es decir, era el que decidía sobre las ayudas públicas— por el entonces subgobernador, Javier Aríztegui (también imputado). Posteriormente, volvió como adjunto al entonces director general de supervisión, Jerónimo Martínez-Tello (otro imputado), y cuando este abandonó el BdE, ocupó su cargo. Y nombró como adjunto a Pedro Comín, el destinatario de los famosos correos de Casaus (el inspector jefe de BFA-Bankia) que advertían de la situación de la entidad y cayeron en saco roto. También seguía en el supervisor otro de los investigados, Pedro González, responsable del departamento de Inspección IV bajo el mando de Herrera.

Restoy, en el alero

Muy complicada también es la situación de Restoy, que abandonó el BdE el 4 de enero para incorporarse como presidente al Instituto de Estabilidad Financiera, un organismo dependiente del Banco Internacional de Pagos de Basilea (BIS): con la retirada de Jaime Caruana al frente de esta institución, será el español con un cargo de mayor nivel en los organismos financieros internacionales.

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Ayer tampoco estaba claro si podrá acceder a este cargo tras la imputación. El BIS tiene un código de conducta para sus empleados y altos cargos que regula cómo deben comportarse en el ejercicio de sus funciones, pero no dice nada respecto a los requisitos que deben cumplir para acceder a estas posiciones, ni tampoco señala que ser investigado por un presunto delito constituya un impedimento para ello. Un portavoz de este organismo no respondió a las preguntas de El Confidencial.

La CNMV, también cuestionada

La CNMV no tiene ese problema de altos cargos imputados en su organigrama, pero sí sufre un daño reputacional que se suma a otros muchos golpes, como la comercialización de las preferentes y deuda subordinada entre particulares (en el mandato de Segura) o los presuntos fraudes contables de Pescanova y Abengoa (bajo la presidencia de Elvira Rodríguez), por no remontarnos a la guerra entre Manuel Conthe y Carlos Arenillas por la opa sobre Endesa. De hecho, los profesionales del mercado consideran que la CNMV es el mayor obstáculo para que Madrid atraiga a las entidades que salgan de la City con el Brexit (una carrera en la que España va muy rezagada).

El supervisor de los mercados que preside actualmente Sebastián Albella emitió también ayer un comunicado en el que "muestra su convencimiento de que la actuación de la institución en el mencionado proceso de salida a bolsa fue correcta y se llevó a cabo con la debida profesionalidad y diligencia". Sin embargo, al igual que en el caso del Banco de España, la sala de la Audiencia considera que hay indicios múltiples de que la CNMV era consciente de la situación de Bankia en su salida a bolsa, que debía autorizar —según se desprende de los informes de los peritos y de los correos del inspector Casaus—, y tomó una decisión que hace a sus responsables corresponsables en los hechos investigados.

En manos del BCE

A raíz precisamente de los fallos de supervisión que condujeron al rescate financiero de España (y de otros casos como los de Grecia, Portugal o Irlanda), el BCE se hizo cargo directamente de la supervisión de las principales entidades financieras de cada país, incluyendo 14 españolas. Por tanto, la principal labor del Banco de España en la actualidad es la de brazo ejecutor de las decisiones tomadas en Fráncfort. Pero su conocimiento del sistema, sus relaciones históricas con el sector y su capacidad normativa —acaba de entrar en vigor una modificación de la circular contable— le confieren todavía un gran poder sobre la banca.

Por todo ello, será la presidenta del Mecanismo Único de Supervisión, Danièle Nouy, quien tenga la última palabra sobre las consecuencias de la decisión de la Audiencia Nacional; es decir, si se conforma con las dimisiones anunciadas ayer o exige una renovación total del Banco de España. Nouy es conocida por su inflexibilidad sobre ciertas cuestiones y por la importancia que concede al gobierno corporativo del sector bancario. Una importancia que es probable que traslade a los propios supervisores.