La banca española tendrá que pagar también por promociones fallidas en el extranjero

Los problemas legales de la banca española no acaban en la frontera. La Audiencia Provincial de Madrid ha obligado al Banco Popular a devolver el dinero que un comprador británico dio a un promotor de Murcia en una cuenta del banco para un resort en Brasil. Como tantas otras, la promoción nunca se construyó y el comprador reclamó al banco por no haber garantizado que esa cantidad que entregó estuviera avalada. El Tribunal Supremo falló a finales de 2015 que en estos casos la banca era responsable gracias a una ley de 1968, pero en este caso el Popular esgrimió que no se podía aplicar porque la promoción estaba fuera de España. La Audiencia de Madrid ha rectificado al juez de primera instancia y afirma en una sentencia que también se aplica a promociones en el exterior. Se abre así otra vía de agua, no tan grande como otras, a la banca.

El 28 de enero de 2003, con solo 29 años, Luis Nicolás Mateos dejó de vender coches y con un capital de 3.000 euros montó el Grupo Nicolás Mateos. Este murciano estaba decidido a ser un tiburón del ladrillo. Pero no uno cualquiera. De la nada se lanzó a construir un resort en Brasil. Lo llamó Lagoa de Coelho. En 2005, sin haber movido ni un camión, lanzó su órdago. "Según constaba en los diversos anuncios y folletos, en el complejo residencial se proyectaba la construcción de aproximadamente 13.500 viviendas, así como centros comerciales, lago, teatro, instalaciones deportivas", según la acusación posterior del fiscal por estafa. Está a punto de ir juicio en la Audiencia Nacional. "Pese a conocer que no contaba con el soporte económico ni financiación para acometer la obra, comenzó la promoción de la misma, sobre plano, con el fin de lucrarse ilícitamente con las cantidades que le serían entregadas por los compradores", añade la acusación.

La promotora es brasileña, la vivienda está en Natal y el comprador es británico pero vive en Australia

Las casas costaban entre 76.500 y 130.758 euros. Las cantidades estaban avaladas por la sociedad italiana Albatross Invest SPA Fidejussoni & Canzioni, y utilizaba bancos de renombre, principalmente el Popular y el Santander. Él garantizaba que la promoción se revalorizaría y que cuando estuviera terminada podrían venderla por más dinero. A quien no quisiera vender, Luis Nicolás le garantizaba que le pagaría durante dos años un alquiler de 400 euros al mes.

Todo era fachada. Abrió oficina en Trafalgar Square (Londres), en Barcelona y en Madrid. Presentó el proyecto en una fiesta en La Moraleja en la que se gastó 300.000 euros. Solo la maqueta costó unos 30.000 euros, según recuerdan personas que le trataron. Se movió entre deportistas profesionales y famosos. Se decía que le compró un Ferrari rojo a Fernando Morientes. Cristina Tárrega, Santiago Segura o el exfutbolista del Atlético y el Rayo José María Movilla fueron algunos de los famosos que picaron y compraron en la promoción.

El dinero que aportaban los compradores, alrededor de 15 millones, se fue en pirotecnia. Luis Nicolás patrocinó un equipo ciclista, fiestas y coches de lujo, vivía a lo grande... La investigación judicial posterior ha demostrado "transferencias a otras cuentas de las que era titular por importe de 9.618.137 euros, e ingresó 530.816 euros en la cuenta de la entidad Proresma de la que era administrador único. Desde las citadas cuentas realizó también transferencia a favor de la entidad Lagoa do Coelho Emprendimentos Turísticos por importe de 2.913.069". Pero no puso un ladrillo. "En el terreno no se había realizado más que un desbrozamiento de la maleza", según el fiscal. Este pide para él casi nueve años de cárcel en un caso en la Audiencia Nacional, pero eso de poco sirve a los compradores para recuperar su dinero. Además, ese tribunal rechazó en 2013 que el Popular fuera responsable civil subsidiario.

"Luis Nicolás y sus mercantiles siempre han tenido la intención de construir el proyecto inmobiliario, tenían la propiedad de la finca libre de cargas, desarrolló el proyecto inmobiliario y comenzó a ejecutarlo, siendo circunstancias sobrevenidas por la crisis mundial, y en particular en el sector inmobiliario, lo que le impidió ejecutar el proyecto, al cerrarse toda financiación por las entidades bancarias", ha sostenido su defensa en el procedimiento en la Audiencia.

Nicolás Mateos vendió 13.000 viviendas en Brasil. Ni ha desbrozado el terreno, pero transfirió 9,6 millones de euros de compradores a sus cuentas

Emilio Triviño, abogado de Málaga, exploró una vía distinta. En diciembre de 2015, el Supremo falló que los bancos debían responder del dinero que los compradores de promociones fallidas habían entregado a cuenta a los constructores. Se basaban en una ley de 1968, "sobre percibo de cantidades anticipadas en la construcción y venta de viviendas”. Es un texto sencillo, de dos folios y siete artículos, que da todo tipo de garantías al comprador de viviendas. La ley explica que surge por “la justificada alarma que en la opinión pública ha producido la reiterada comisión de abusos, que, de una parte, constituyen grave alteración de la convivencia social y, de otra, evidentes hechos delictivos”. Nació tras el escándalo de la sociedad Nueva Esperanza, que en los sesenta se llevó el dinero de más de 10.000 ahorradores en pisos que nunca llegaron a levantarse.

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Cuando en 2014 Triviño emprendió el camino, comenzaba a haber sentencias a favor de los compradores, pero este caso tenía una peculiaridad, que la promoción estaba en Brasil y no en España. ¿Aceptarían los jueces que el Popular devolviera los 27.602 euros que un británico había entregado a Luis Nicolás Mateos para construir en Brasil? El juzgado de instrucción 48 de Madrid falló en julio de 2015 que no porque no era una promoción española.

El abogado recurrió entonces a la Audiencia Provincial de Madrid y el Popular se opuso a la demanda. El banco señaló el "carácter internacional de la operación", que "la promotora vendedora, Lagoa, es de nacionalidad brasileña; el comprador es de nacionalidad británica y con residencia actual en Australia; el objeto de la compraventa lo constituye una vivienda en la localidad de Natal, en Brasil". Rechazó que estuviera obligado a devolver el dinero "por un contrato privado internacional suscrito entre representantes legales de dos contratantes foráneos sobre una finca ubicada igualmente en el extranjero". "Sostiene por ello la inaplicación de la ley de 1968", defiende el banco.

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El pasado 24 de octubre, la sección 11 de la Audiencia Provincial de Madrid dio la razón al comprador. "Se trata, en efecto, de un litigio en el que concurre elemento extranjero, pero en el que en el contrato, celebrado en España, existe pacto de sumisión expresa a la ley nacional española: 'Las partes acuerdan que el presente contrato será sometido a las leyes españolas", afirma el fallo. "Entendemos que resulta aplicable el derecho español, pues aunque ni el actor comprador ni la promotora vendedora son nacionales españoles —aquel tiene nacionalidad británica y esta es brasileña—, ni residen en España —no habiendo residencia común—, y la finca objeto del contrato de compraventa está fuera del territorio español, resulta que el contrato en el que la demandante funda sus pretensiones se ha formalizado en España", añade.

Por eso, condenó al Popular a devolver el dinero con intereses. Durante los años de la burbuja, promotoras españolas lanzaron proyectos que quebraron por toda la costa mediterránea. Pero cuando el precio de la vivienda comenzó a subir, unas cuantas lo hicieron en Marruecos o Brasil con igual resultado. Es ahí donde esta sentencia —que no ha sido recurrida al Supremo— cobra especial relevancia. Esta es la primera, pero después otros compradores emprendieron el mismo camino contra el Popular —que no ha querido hablar para esta información— por la promoción Lagoa de Coelho.