tras las quejas de los ecologistas

La Comisión Europea investiga si Baleares pone en peligro el paraíso de los March

El Gobierno de Rajoy ya ha movido ficha, y ahora es el turno de las instituciones europeas: podrían sancionar a España por permitir abrir el paso en las zonas protegidas donde los March tienen su finca

Foto: Buitres negros en la sierra de Tramontana. (Foto: Fundación Vida Silvestre Mediterránea)
Buitres negros en la sierra de Tramontana. (Foto: Fundación Vida Silvestre Mediterránea)

Doble espaldarazo a los ecologistas. La Comisión Europea (CE) ha abierto una investigación para determinar si el Gobierno balear actuó de manera irresponsable al abrir el paso al público en zonas protegidas de la sierra de Tramontana (Mallorca), y lo hace como respuesta a las quejas de la Fundación Vida Silvestre Mediterránea. Esta organización también acudió al Defensor del Pueblo y al Ministerio de Agricultura —que también ha movido ficha— para intentar que Baleares recule en su decisión de acabar con el carácter 'restringido' de Ternelles, una zona en la que hay muchos intereses en juego que van más allá de la conservación del medio ambiente.

De hecho, la familia March sale perjudicada porque es propietaria de la finca que los turistas tendrían que atravesar para llegar a pie a Cala Castell y Castell del Rei (Ternelles). Antes solo podían pasar 20 personas al día previa autorización, pero la disposición final segunda de la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares que se aprobó en verano dinamitó ese límite. Y los conservacionistas pusieron el grito en el cielo, pues muchos no podían entender cómo un Gobierno “supuestamente ecologista” —integrado por el PSOE, Podemos y los Verdes— estaba “poniendo en peligro” zonas protegidas donde anidan especies autóctonas como el buitre negro o el águila pescadora.

La presidenta de la comisión de peticiones del Parlamento Europeo, Cecilia Wikström, admitió a trámite la solicitud de la Fundación Vida Silvestre Mediterránea a principios de año y, acto seguido, instó a la Comisión Europea a que abriese una investigación que ya está en marcha. Si Bruselas considera que la modificación de la ley no está ajustada a derecho, podría abrir un procedimiento de infracción a España y ordenar su suspensión inmediata, explican fuentes europeas a El Confidencial. Esto no frena las actuaciones paralelas, que ya se han iniciado a nivel nacional. En todo caso, añade presión y las acelera.

Bruselas ha comenzado a investigar el caso poco después de que el Gobierno central echara un capote a la familia March. Hace 10 días, el BOE y el BOIB (Boletín Oficial de Baleares) publicaron una resolución con la que se abren oficialmente las negociaciones entre el Ejecutivo y el Gobierno balear, como adelantó este periódico. O dicho de otra manera, el Ministerio de Agricultura pretende solucionar el conflicto por las buenas con la creación de una comisión bilateral de cooperación entre ambas administraciones. Si no lo consigue, presentará un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC).

La comisión bilateral ya se ha comprometido por escrito a “designar un grupo de trabajo” y poner en marcha las negociaciones para resolver las discrepancias existentes, una vía de colaboración que servirá para restablecer, en su caso, la protección de las zonas de exclusión de la sierra de Tramontana. Estas apenas representan un 2,98% del espacio natural y albergan especies en peligro de extinción que van más allá del buitre negro, como el sapillo balear o el halcón de Eleonor.

Foto: Fundación Vida Silvestre Mediterránea.
Foto: Fundación Vida Silvestre Mediterránea.

Ambas partes están dispuestas a alcanzar un acuerdo, o así lo sugiere el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad en las islas. Miquel Mir ya dejó claro que escuchará con atención las reivindicaciones de los activistas y valorará cada caso antes de conceder una autorización. Abrir el acceso no significa que se vaya a dejar pasar a todo el que lo pida, puntualiza.

Baleares ya dijo en su día que su intención era “garantizar la propiedad pública de la costa” le pese a quien le pese, pues existía un “clamor social” para poder acceder a las calas. Pero el máximo temor de los activistas es que los buitres negros abandonen los nidos si detectan presencia humana en la zona. No en vano, encargaron un estudio a la Universidad de Alcalá para demostrar que la nueva normativa es lesiva para este entorno protegido y las especies que habitan en él.

La Fundación de Vida Silvestre Mediterránea también ha encontrado apoyo en su tercer interlocutor. El Defensor del Pueblo no tiene intención de presentar recurso ante el TC, pero sí ha abierto una actuación de oficio para conocer a qué se debe esta “rebaja de la protección”. Los activistas critican que la Ley de Evaluación Ambiental se modificase "incumpliendo la legislación europea, nacional y autonómica, sin ser sometida a trámite obligatorio de información pública, sin informes técnicos o científicos que justificaran ese cambio y sin un análisis para evaluar las consecuencias".

Empresas

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
1 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios