guerra abierta contra la dueña del canal

Sacyr reclama 750 millones a Panamá por daños a su imagen y reputación

La guerra entre la constructora española y el administrador del Canal se recrudece día tras día después del inicio de la ejecución de avales por 350 millones

Foto: El presidente de la compañía Sacyr, Manuel Manrique, durante un recorrido por la esclusa de Cocolí en el Canal de Panamá. (EFE)
El presidente de la compañía Sacyr, Manuel Manrique, durante un recorrido por la esclusa de Cocolí en el Canal de Panamá. (EFE)

La guerra entre Sacyr y Panamá por las obras del Canal se recrudece día tras día. A la petición de ejecución de avales por 300 millones por parte de la compañía dependiente del país latinoamericano contra la empresa española, la constructora presidida por Manuel Manrique ha respondido con una reclamación de 750 millones de dólares (700 millones de euros) por daños a su imagen y reputación. Así lo han confirmado fuentes oficiales del grupo participado por la familia Carceller, que ya no esconde que la faraónica obra va a acabar con muchas heridas en los tribunales.

Estos 750 millones de dólares están incluidos en la demanda general que Grupo Unidos por el Canal (GUPC), de la que Sacyr controla el 28% del capital, interpuso en diciembre del pasado año en un tribunal de arbitraje por un máximo de 2.446,5 millones de dólares (2.280 millones de euros). Una exigencia que presentó ante la corte de arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional (CCI), sin pasar por la Junta de Resolución de Conflictos (DAB por sus siglas en inglés), el organismo que las constructoras y la Autoridad del Canal de Panamá habían acordado como mediador de cualquier reclamación.

Desde Sacyr, se explica que los 750 millones solicitados no tienen nada que ver con los sobrecostes por la calidad del basalto, las fallas del terreno, las huelgas, los aumentos de sueldos y los cambios normativos, las razones de carácter técnico por las cuales la constructora española y sus socios (la italiana Impreglio y la belga Jan de Nul) ya habían exigido 3.227 millones de dólares (3.000 millones de euros). Más de en lo que se presupuestó la obra originalmente (3.118 millones de dólares, 2.960 millones de euros).

Argumentan que esta cantidad se debe al daño que han supuesto las numerosas y constantes críticas vertidas desde Panamá contra la capacidad técnica y la solvencia financiera de Sacyr, que le ha generado muchos problemas a la hora de pujar por nuevas adjudicaciones. Además, sostienen que los problemas surgidos durante la construcción del tercer juego de esclusas del Canal lo han obligado a aportar dinero adicional para acabar el proyecto, en referencia al acuerdo alcanzado en marzo de 2014 para reanudar las obras que Sacyr había paralizado el 1 de enero de ese año.

Aquel acuerdo supuso la aportación de 100 millones de dólares por parte de la ACP y de otros 100 millones por parte de GUPC, que además debió presentar una fianza adicional de 400 millones contratada con Zúrich y que podía ser utilizada como fondos extraordinarios para completar los trabajos. Sacyr sostiene que estos recursos han sido retenidos en Panamá por los incumplimientos de la empresa administradora de la infraestructura portuaria y los retrasos a la hora de enjuiciar las reclamaciones por parte de la Junta de Resolución de Conflictos (DAB).

Demandas entre los socios

Desde Panamá, opinan todo lo contrario, puesto que aseveran que fue la ACP la que llegó a adelantar 875 millones de dólares para que Sacyr y sus socios tuvieran fondos para acabar un proyecto que finalmente entregaron con dos años y medio de retraso. Un préstamo que GUPC se comprometió a devolver conforme se fuera pronunciando el Tribunal de Arbitraje de Miami, la instancia pactada para deliberar sobre las resoluciones iniciales de la DAB por los sobrecostes. En cualquier caso, la empresa española tiene que reintegrar ese dinero a finales de 2018, fecha de vencimiento del crédito.

Por su parte, desde el consejo de administración de la constructora española, consideran impresentable que dos años y medio después de las primeras reclamaciones —los 1.600 millones de dólares iniciales—, el Tribunal de Arbitraje de Miami no se haya pronunciado todavía de forma firme, por lo que le es imposible devolver el préstamo de 875 millones de dólares. La disputa también se ha trasladado a los socios de GUPC, ya que algunos sí están dispuestos a renovar los avales que pide Panamá, a los que Sacyr se opone, por lo que Jan de Nul está dispuesta a demandar a la compañía española.

Una agria polémica que le está costando muy cara a Sacyr, puesto que cada vez que se presenta a un concurso para ganar una obra debe justificar si tiene retrasos o incumplimientos, como está ocurriendo actualmente en el proyecto de modernización y posterior gestión del principal aeropuerto de Paraguay.

Empresas

El redactor recomienda

Escribe un comentario... Respondiendo al comentario #1
5 comentarios
Por FechaMejor Valorados
Mostrar más comentarios