Aena quiere retirar los descuentos a las aerolíneas para paliar el hachazo de las tasas

El Gobierno se va a enfrentar, más pronto que tarde, a la contradicción que supone tener una compañía controlada como si fuera un departamento ministerial y cotizada al mismo tiempo en bolsa con accionistas privados internacionales que exigen una gestión estrictamente empresarial. Es el caso único de Aena, la sociedad que administra la red pública de aeropuertos y cuyo consejo de administración se reunirá dentro de 20 días en Madrid para afrontar el desafío que supone la nueva regulación impuesta por el Ministerio de Fomento y aprobada en el último Consejo de Ministros.

La rebaja de las tarifas aéreas en un 11% durante los próximos cinco años, a razón de un 2,2% lineal por ejercicio, ha supuesto un ‘golpe bajo’ para las expectativas financieras de la empresa, que verá reducidos sus ingresos a lo largo del periodo en un importe de casi 900 millones de euros. Con el fin de paliar este ‘agujero’, Aena ha decidido que no queda otro remedio que eliminar a partir de este mismo año los incentivos destinados a impulsar la demanda. Dichas bonificaciones se traducen en importantes descuentos en las tasas a las aerolíneas que establezcan incrementos de tráfico a partir de la puesta en marcha de nuevas rutas o el fortalecimiento de las ya existentes.

La política de incentivos por mayor tráfico aéreo aparece siempre vinculada como un capítulo esencial de las discusiones entre Aena y las aerolíneas por las tarifas aeroportuarias. De hecho, la compañía decidió también la eliminación de estos descuentos cuando la CNMC rebajó las tasas un 1,9% en 2016, si bien poco después el consejo de administración de Aena rectificó su posición a la vista de la satisfactoria evolución de los aeropuertos españoles. En consecuencia, las compañías aéreas se han beneficiado durante el pasado año de descuentos del 50%, que se ampliarán al 75% de acuerdo con los compromisos iniciales que están establecidos para 2017.

El conflicto que se plantea viene dado porque, a diferencia de las tasas que son fijadas por el Ministerio de Fomento, los incentivos dependen exclusivamente de la potestad de Aena. O, al menos, así ha sido hasta ahora, de acuerdo con las estipulaciones legales que establecen los requisitos del gestor aeroportuario para estimular la demanda. La propia CNMC, pese a sus controversias permanentes con la compañía, ha dejado claro que los descuentos no forman parte del cálculo de la tarifa, y Aena dispone también de informes de la Abogacía del Estado que respaldan jurídicamente el control soberano de la empresa sobre dicha política comercial.

La supresión de los incentivos generará ingresos para Aena equivalentes a un tercio del ‘agujero’ que supone el recorte de tasas impuesto por Fomento

Otra cosa muy diferente es lo que puede deducirse a partir de la entrada en vigor del flamante Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA), que marcará a partir de marzo la hoja de ruta de Aena. El Ministerio de Fomento ha introducido un epígrafe dedicado expresamente a cortar las alas de la compañía en materia de incentivos, en virtud del cual impide a la compañía mover ficha sin una autorización previa de la Dirección General de Aviación Civil. La empresa tendrá además que formular una propuesta motivada en la que se incluya la opinión de las asociaciones representativas de los usuarios.

El Gobierno ata en corto cualquier tentación del consejo de administración de Aena, y para evitar que la compañía trate de hacer de su capa un sayo, establece que los incentivos comerciales serán mantenidos y actualizados convenientemente en tanto en cuanto no se propongan nuevos esquemas o las propuestas “no tengan por objeto claro la mejora de la demanda”. Dicha prevención ha provocado enorme malestar entre los socios de referencia de la empresa, lo que puede dar lugar a un serio conflicto, a poco que los órganos de gobierno de la sociedad cotizada decidan asumir hasta las últimas consecuencias lo que se ha dado en llamar “el reto del DORA”.

Los incentivos comerciales pueden representar de acuerdo con cálculos estimativos una cifra de 65 millones de euros cada año. En suma, alrededor de 325 millones de euros, que suponen una tercera parte del recorte de ingresos producido por la bajada de las tarifas. Las consecuencias económicas de suprimir los descuentos tienen, por tanto, su importancia en la gestión de Aena, pero ahora lo que está en juego es el fuero más que el huevo. Sobre todo, teniendo en cuenta que el Gobierno sigue manteniendo las apariencias de una agenda liberal y reformista, que durante la última legislatura alcanzó su máximo nivel de eficacia con la salida a bolsa del gestor aeroportuario. De eso hace ahora dos años, aunque a la vista de los hechos, parezca que ha pasado un siglo.