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ACUERDO POLÍTICO PARA LA DIVISIÓN DE LA CNMC

El Gobierno amplía la nómina de reguladores a gogó, pero carentes de poder

La CNMC será dividida en dos entes de competencia y de regulación de mercados, en tanto que las agencias de defensa del consumidor financiero se fusionarán en una sola entidad

Foto: Saludo entre Marín Quemada, presidente de la CNMC, y Luis de Guindos. (EFE)
Saludo entre Marín Quemada, presidente de la CNMC, y Luis de Guindos. (EFE)

La reestructuración de los organismos reguladores de la actividad económica va a dar lugar a la creación de, al menos, tres nuevas instituciones teóricamente independientes, fruto de la flamante era de consenso parlamentario entre las llamadas fuerzas moderadas. Otra cosa muy distinta es que dichas autoridades tengan algo más que la potestad delegada del Gobierno para supervisar decisiones o acuerdos adoptados por los ministros de turno, quienes seguirán reservándose el verdadero y omnímodo poder regulatorio sobre los diversos sectores productivos. La nómina de reguladores se va a multiplicar en los próximos meses, pero sus responsables no dejarán de ser meros comisionados obligados a enfrentarse con aquellos que los han nombrado si quieren ejercer plenamente sus eventuales funciones ejecutivas.

Las dos entidades que surgirán a partir de la división de la actual CNMC dispondrán de seis consejeros cada una, lo que permitirá dar acomodo en sus respectivas dependencias a los representantes del PSOE y Ciudadanos, además de restaurar en el cargo a los antiguos vocales de la extinta Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), cuyo cese hace tres años ha sido anulado ahora por el Tribunal Supremo. El reparto de sillones bien amueblados servirá para hacer tabla rasa y poner punto en boca sobre las razones de fondo que han motivado el fracaso del denostado supervisor mayor del Reino, impulsado en otoño de 2013 por el Partido Popular como si fuera la quintaesencia de una nueva era de defensa de la competencia y regulación de los mercados.

La CNMC se ha pegado a brazo partido con los poderes fácticos del mundo de los negocios en una labor redentora que, como no podía ser de otra manera, ha terminado por crucificar a sus máximos responsables. La fuerza neta de los intereses creados es todavía demasiado potente en España, por mucho que el Gobierno se esmere en desplegar múltiples cortafuegos con las grandes empresas e instituciones financieras que gestionan los más rentables servicios públicos del país. Los compromisos de investidura firmados con Ciudadanos este verano han obligado al PP a tragarse su efímero modelo de regulación, pero no es menos cierto que el pacto a tres bandas que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha rubricado también con el PSOE representa un enorme alivio para algunos de los más directos colaboradores de Mariano Rajoy.

El troceo de la CNMC supondrá una dispersión de la regulación económica en manos de los distintos departamentos ministeriales del Gobierno

El flamante titular de Energía, Álvaro Nadal, no ha tenido reparos en pedir el amparo de las Cortes para parar los pies a la CNMC en su afán de ganar competencias sobre funciones tradicionalmente instaladas dentro de la cartera ministerial. José María Marín Quemada, que pasará a la historia como el primer y último presidente del regulador único, tampoco se ha mordido la lengua y ha recordado que la Comisión Europea tiene abierto un dictamen motivado contra España en el que reclama el traspaso de la fijación de los peajes eléctricos a manos del organismo regulador. El ministro está intentado llegar a un acuerdo de compromiso con Bruselas, pero se resiste en el fondo a ceder la cuchara, señalando que los requerimientos se refieren a cuestiones metodológicas de partida pero no al detalle final que supone la aprobación de algo tan sensible, hasta ahí podíamos llegar, como es la tarifa eléctrica.

La CNMC trata de apurar los últimos momentos de su atribulada existencia para inmolarse por una causa que sus vecinos homólogos de otros estados miembros han superado hace tiempo bajo el respaldo de las instituciones comunitarias. La doctrina y la normativa consagrada por el Parlamento y el Consejo Europeo son muy claras, y se sustentan en elevar el rango de los antiguos supervisores económicos para que actúen como verdaderos entes de regulación. Es de temer que, si alguien no lo remedia, las dos nuevas autoridades independientes de Defensa de la Competencia (AIDeCo) y de Regulación de los Mercados (AIReM) nacerán con el mismo pecado original, abocadas a sufrir una permanente crisis de identidad hasta que alcancen, si es que llegan, una mayoría de edad dentro de la estructura del Estado.

El despiece de la CNMC dispersará lógicamente los esfuerzos regulatorios, que ahora quedarán distribuidos entre los distintos departamentos gubernamentales del área económica del Gobierno. Aparte de los titulares de Economía y de Energía, también el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, dispondrá de su correspondiente y soberana cuota de poder sobre aspectos normativos de sectores básicos de la actividad económica, como son el mercado aeroportuario y el ferroviario. Las tasas aéreas de Aena o los cánones que Renfe paga a Adif son competencias sujetas al ámbito de control del Ejecutivo, y el máximo responsable político de las grandes inversiones públicas ya ha dejado claro que el Ministerio de Fomento aspira a mantener impolutas todas estas atribuciones.

El Banco de España y la CNMV verán alterados sus cuadros de mando con la creación de la nueva Autoridad de Defensa del Consumidor Financiero

Lo mismo le ocurre al propio Luis de Guindos con la futura Autoridad Independiente de Protección del Consumidor e Inversor Financiero, una figura contemplada desde hace dos años en la Ley de Fomento de la Financiación Empresarial y que ahora, por fin, va a ser aplicada a modo de bálsamo para sofocar algunos de los grandes hematomas que la crisis de confianza ha generado en el mundo económico y, especialmente, en el sector bancario. El futuro 'ángel de la guarda' financiero se mueve en sentido inverso a la CNMC, pues en este caso se trata de aglutinar en una sola ventanilla de reclamaciones todas las oficinas dispuestas a tal efecto en el Banco de España, la CNMV o la Dirección General de Seguros.

El anclaje de esta solemne institución en la nueva arquitectura de la Administración pública es algo que todavía está por ver. El Ministerio de Economía se juega mucho en el envite, de ahí que el nuevo presidente de la CNMV, Sebastián Albella, todavía no disponga de luz verde oficial para completar el cuadro de mando del organismo de supervisión bursátil. El plan para crear en la Comisión de Valores una nueva direccción general al uso encargada de proteger al inversor minoritario ha quedado, de momento, suspendida por orden de la superioridad que, en este caso, representa la secretaria general del Tesoro, Emma Navarro.

A fin de cuentas, y por muchas y más numerosas que sean las comisiones de supervisión económica, todas ellas adornadas con el marchamo de una supuesta independencia, lo que está claro es que en España, mientras haya algo que regular, la verdadera autoridad descansa en el Gobierno. O para ser más exactos, en la capacidad transaccional que permite al partido en el poder hacer amigos en el Parlamento a la hora de sacar adelante su programa de legislatura.

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