El Gobierno pone a las eléctricas en la diana y da la puntilla a su dañada reputación

Los acontecimientos sucedidos en los últimos meses han puesto en el centro de la diana al sistema eléctrico español, operado fundamentalmente por cinco compañías eléctricas (Endesa, Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Viesgo y EDP) que han sufrido varios reveses del poder político y una importante pérdida de reputación ante la opinión pública. Aunque el temporal de frío las ha situado en lo alto de la agenda mediática, su viacrucis aún no ha terminado.

La chispa que incendió la Primavera Árabe fue, valga la redundancia, la muerte de un tunecino que se quemó a lo bonzo. En esta caso, lamentablemente, los problemas para las eléctricas surgieron por la trágica muerte de una anciana en Reus, que falleció por el incendio de su casa con velas. La luz de su vivienda había sido cortada dos meses antes por impagos. El suceso, a la postre, ha traído una reforma del bono social (tarifa reducida para consumidores más desfavorecidos) por parte del recién estrenado Gobierno. Las grandes eléctricas, que aspiraban a eludir la financiación de este bono social, ya que entienden que se trata de una política social que debería ir en los Presupuestos Generales del Estado, tendrán que seguir cargando con él. La jugada del Ejecutivo para cumplir con la ley fue incluir a todas las comercializadoras eléctricas. Un añadido imperceptible para los intereses de las grandes compañías, ya que abarcan alrededor del 95% del total. Primer directo que encajaron las empresas.

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Pero sus problemas no iban a terminar ahí. Estas compañías estaban pendientes de una sentencia del Tribunal Supremo que obligara al Ejecutivo a reconocerles un mayor margen en la distribución, ya que su postura es que la ley que había las dejaba en una situación de pérdidas. La justicia dio la razón a las empresas y dijo que, con carácter retroactivo, debería subir el margen de comercialización que cobraban en el PVPC (precio de venta de los usuarios acogidos a la tarifa regulada). Sin embargo, la actualización que hizo el Ejecutivo fue mínima. Suponía un encarecimiento del 0,04% al año en la factura. Las compañías no se contentan con la decisión del Gobierno y varias de ellas ya han registrado un segundo recurso ante los tribunales. La justicia no siempre les da buenas noticias. Hace pocas semanas el TS obligó a que pagaran a los municipios por los que se extienden sus tendidos de red. Un croché a la mandíbula.

Pero el revés definitivo iba a llegar con el temporal de frío. La escalada de precios ha supuesto varios golpes para las compañías eléctricas. La primera sospecha sobre su comportamiento llegó en diciembre, cuando el ministro de Energía, Álvaro Nadal, solicitó a la CNMC un informe para esclarecer que, en sus propias palabras, "a río revuelto no haya ganancia de pescadores". Cabe destacar que los precios de la electricidad han llegado estos días al nivel récord en el que estuvieron en 2013, cuando el Ejecutivo, con el ministro Soria en ese momento, impugnó la subasta Cesur en la que se determinaba el precio de la electricidad. Aquel incidente se cerró con un nuevo sistema de fijación de precios y una multa a Iberdrola de 25 millones de euros por manipular el mercado eléctrico. De momento, el Gobierno sigue esperando a que la CNMC diga si nadie ha hecho trampas aprovechando la coyuntura.

Las medidas del Gobierno para intentar controlar la escalada de la luz no han sido inocuas para las firmas, obligadas a vender gas a un precio regulado

En cualquier caso, las medidas del Gobierno para intentar controlar la escalada de la luz no han sido inocuas para las compañías. El ministro ha puesto el foco en el mercado del gas, materia prima con la que producen las centrales de respaldo cuando las renovables son inoperantes por motivos meteorológicos. Dos de las grandes compañías eléctricas, Endesa y Gas Natural, se verán obligadas por el Gobierno a vender una determinada parte de su gas, con el que operan en el mercado, a un precio determinado. Además, Energía ha señalado que está investigando que las centrales de respaldo del sistema que pertenece a estas compañías funcionan en las debidas condiciones. Otro foco de sospecha.

La lucha llega al Parlamento

Todas estas medidas están siendo observadas con lupa desde el Parlamento. La minoría del Gobierno en el Congreso de los Diputados está obligando al Ejecutivo a llevar toda esta situación con extremado celo. El Gobierno está detallando ante la Cámara todas sus actuaciones. Una Cámara mucho más fragmentada que en el pasado y que no tiene ninguna intención de hacer concesiones a las eléctricas, como se pudo ver en la comisión de Energía celebrada esta semana.

Las eléctricas ahora temen que su denostada reputación sirva a la oposición para abrir el melón de algunas reformas que dormían el sueño de los justos y que podrían hacerles un importante agujero en sus cuentas. No obstante, por el momento cuentan con la venia del Ejecutivo, que no parece dispuesto a meter mano a según qué cuestiones.

Por un lado está la histórica reivindicación de realizar una auditoría externa a las empresas eléctricas para que se determinen los costes reales de producción y se puedan ajustar sus beneficios. Este balón lanzado por los grupos del Parlamento, Nadal lo despejó aduciendo que hay funcionarios de total reconocimiento que realizaron esta tarea y fueron capaces de rebajar en 5.000 millones algunos costes indebidos. Sin embargo, esta es una polémica que aparece a cada repunte de la factura o con la toma trimestral de beneficios de estas compañías. Apuntan a que algunas fuentes de producción, como la gran hidráulica, están sobradamente amortizadas y la ganancia de las empresas es demasiado elevada por este concepto. No parece que por el momento esta reivindicación tenga recorrido.

La otra gran reivindicación que se ha desempolvado en las últimas horas es la del gravamen al autoconsumo. Las grandes eléctricas se están viendo incapaces de transmitir a la opinión pública su mensaje. Un mensaje que, desde los grupos de influencia fotovoltaicos, han sabido inculcar a la opinión pública y en último término a toda la oposición en España. Los diferentes grupos, de izquierdas y de derechas, han presentado una proposición de ley para que se elimine el denominado "impuesto al sol", se permita realizar balance neto (dejar que se puedan hacer equilibrios energéticos entre particulares) y se excluyan las elevadas multas actuales por realizar autoconsumo de espaldas a la ley. Una vez más, las eléctricas se encuentran con el claro apoyo del Gobierno.

La obsesión del ministro de Energía Nadal es que no aumente más la parte fija del recibo y, si elimina este gravamen, esto sería irremediable

El ministro Nadal fue contundente a este respecto: "No vamos a generar ningún coste adicional en la factura para que todos los usuarios subvencionen el recibo a unos pocos". La posición del Ejecutivo, compartida con las empresas eléctricas, es que el autoconsumo está gravado por la posibilidad que se ofrece a sus usuarios de estar conectados a la red para que puedan tener electricidad en las horas del día que sus renovables no operan. Este impuesto se llama "peaje de respaldo" porque precisamente se paga por tener el apoyo al estar conectados a la red. Tanto patronal eléctrica como Ejecutivo siempre han dicho que el autoconsumo es perfectamente válido mientras uno no esté conectado a la red.

La obsesión del ministro Nadal es que no aumente más la parte fija del recibo y, si elimina este gravamen, esto sería irremediable. Las eléctricas creen, además, que se trata de algo que fomenta la desigualdad, ya que los usuarios más pudientes (que tengan grandes superficies para instalar placas fotovoltaicas) son quienes más se beneficiarían de esta medida en contra del resto. La oposición le decía a Nadal que ya pagan el acceso a la red en la parte fija, a lo que el ministro respondió que se evitarían pagar este impuesto en la parte variable y eso repercutiría en los demás porque a día de hoy la prioridad es mantener el superávit del sistema.

Reivindicaciones que vienen desde hace años y que ahora han encontrado enganche en toda la oposición. El discurso verde gana la batalla a las eléctricas, que son conscientes de que su mensaje no cala. Por el momento, el Gobierno aguanta las embestidas en el Hemiciclo y mira al cielo para que llueva y después escampe, con un ojo puesto en la CNMC y otro en la evolución del precio de la factura eléctrica. Habrá que ver cuántos golpes es capaz de encajar cada uno.