Popular rebaja el impacto de las cláusulas suelo en sus cuentas y CaixaBank lo eleva

Los bancos cotizados no creen que el real decreto ley sobre las cláusulas suelo vaya a tener ningún impacto en sus cuentas después de que este recoja todas sus exigencias. Así lo han manifestado en una serie de hechos relevantes remitidos a la CNMV en la apertura del mercado. Ahora bien, el criterio de prudencia contable impuesto por auditores y el Banco de España les obliga a provisionar en sus cuentas de 2016 el impacto de una eventual devolución de lo cobrado de más por sentencia judicial. El grueso de las entidades mantiene las cifras ofrecidas el día de la sentencia del Tribunal de la UE, salvo Popular, que reduce la cifra en 105 millones, hasta 229, y CaixaBank, que la eleva en 110, hasta 625.

La entidad presidida por Ángel Ron hasta el 20 de febrero ha comunicado que "los últimos cálculos realizados por el banco cifran en aproximadamente 229 millones de euros el importe adicional a provisionar por el efecto de la retroactividad total de la nulidad de las 'cláusulas suelo' derivado de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre de 2016, frente a los 334 millones de euros indicados en la información financiera del primer semestre de 2016". Popular —cuyas cláusulas fueron declaradas nulas por el Supremo, pero sin imponerle ninguna retroactividad— no detalla cómo se justifica una reducción tan importante del impacto calculado inicialmente.

En cuanto a CaixaBank, recuerda que "a cierre del primer semestre de 2016, contaba con una provisión por importe de 515 millones de euros para hacer frente a la potencial restitución de cantidades derivadas de los contratos de hipoteca celebrados con consumidores que cuentan con cláusula suelo. Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea del pasado 21 de diciembre de 2016, y teniendo en cuenta la normativa aplicable, está previsto proponer al consejo de administración incrementar la provisión por importe de 110 millones adicionales". La entidad que preside Jordi Gual no ha sido condenada por el Supremo, pero decidió eliminar voluntariamente las cláusulas suelo a todos sus clientes. Ahora bien, sin devolver ninguna cantidad de forma retroactiva.

Los demás bancos cotizados mantienen las previsiones realizadas tras la sentencia. El más afectado es Sabadell, con un impacto de 490 millones, seguido por BBVA, que anunció unas provisiones adicionales de 404 millones. Bankia reitera lo que dijo en diciembre: tiene provisiones por 114 millones y el impacto adicional supone otros 100. Finalmente, Liberbank mantiene su estimación de 83 millones más de los que ya tenía cubiertos.

El real decreto no supondrá ningún impacto

En todos los casos, los bancos estiman este impacto por una posible condena judicial que declare nulas las cláusulas (en los casos en que el Supremo no se ha pronunciado) y que, como es lógico, aplique el criterio de retroactividad total de la sentencia de Luxemburgo. Porque ninguno considera que el real decreto aprobado el viernes vaya a modificar sus estimaciones, ya que no les obliga a devolver ninguna cantidad, ni siquiera a negociar con el cliente ni a cuantificar el efecto de la cláusula en cada caso.

Un ejemplo de esta actitud es que, "a juicio de Liberbank, lo previsto en el mencionado real decreto ley no afecta a la información ya comunicada". Y aprovecha para reiterar "que las denominadas cláusulas suelo incluidas en sus contratos de préstamo hipotecario son legales". El más combativo en este aspecto sigue siendo Sabadell. El banco que preside Josep Oliu señala: "El Real Decreto-ley 1/2017, de 20 de enero, establece una serie de medidas que Banco Sabadell va a aplicar dentro de los plazos establecidos en el propio real decreto-ley, pero que ni tienen un efecto económico directo ni presuponen ni prejuzgan la validez de las cláusulas suelo de los contratos hipotecarios de Banco Sabadell".

En cuanto a las entidades ya condenadas (BBVA, Cajamar, Abanca y Popular), tampoco piensan devolver el dinero más allá de 2013 si el Supremo no les obliga, como informó El Confidencial, ya que entienden que la primera sentencia es cosa juzgada y, por tanto, no se les puede aplicar el criterio del tribunal europeo. Por tanto, todas las entidades dotan estas provisiones —que reducen su beneficio— por prudencia, pero con la esperanza de no tener que gastárselas y, por tanto, poder liberarlas en el futuro —lo que incrementará las ganancias de los próximos años—.