La banca tendrá que asumir todo el impacto de las cláusulas suelo en las cuentas de 2016
Las entidades financieras tendrán que apuntarse de golpe al cierre de 2016 la pérdida máxima potencial de la devolución de las cláusulas suelo, lo que lastrará sus cuentas
Los bancos ya saben cuánto van a tener que apuntarse en sus cuentas de 2016 para cubrir el impacto potencial de la devolución de las cláusulas suelo: todo. Según varias fuentes del sector, los auditores se han puesto de acuerdo para exigir a todas las entidades que provisionen el máximo riesgo potencial de golpe y contra la cuenta de resultados, lo que significa que los beneficios se reducirán notablemente (o las pérdidas aumentarán). Aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de las entidades tenían provisionada ya una buena parte de este impacto, con lo que les queda por anotarse solo una parte.
La decisión de los auditores responde a un criterio de prudencia contable: fueron unos ingresos que pudieron ser percibidos indebidamente y, como existe riesgo de que ahora tengan que devolverlos, hay que provisionarlos por completo. Si luego no es así, o si en vez de devolver el dinero lo restan de las cuotas futuras, los bancos revertirán (liberarán) esas provisiones y se las podrán apuntar como beneficio en el futuro. El Banco de España ha bendecido esta decisión y, salvo que el BCE se oponga, las entidades formularán sus cuentas anuales -que empezarán a presentar el 25 de enero- restando estas provisiones. Su importe total equivale a los 4.000 millones que calcula el supervisor (en torno a un 25% del beneficio esperado para el sector).
Ahora bien, hay que tener en cuenta que ese impacto máximo potencial se encuentra limitado por algunos criterios: se trata solo de hipotecas de vivienda habitual y concedidas a personas físicas, no a empresas. Asimismo, tampoco se incluyen los clientes que han firmado acuerdos con las entidades para eliminar el suelo a cambio de no reclamar ninguna cantidad. Y luego están las cantidades ya provisionadas: las entidades condenadas por el Supremo (BBVA, Abanca, Popular, Cajamar y las antiguas CajaSur y Caja Segovia) ya han dotado el impacto de la devolución de lo cobrado indebidamente hasta 2013, así que solo les falta el resto. Y las no condenadas también han ido haciendo un colchón por si las moscas.
El sector recoge esta noticia con caídas generalizadas en bolsa este lunes. Así, el Ibex-35 desciende casi un 1% por el efecto arrastre de las entidades cotizadas. Bankia pierde más del 3%, mientras que Banco Popular y Bancos Sabadell se dejaban algo menos del 3%. Estos son los tres valores más bajistas del selectivo. Le siguen Caixabank y BBVA, con retrocesos de más del 1,5%. Los que menos caen, aunque se dejan más del 1%, son Bankinter y Banco Santander.
Las protestas de los bancos, descartadas
Las fuentes explican que ha habido un duro debate sobre cuánto debía provisionar el sector. Por un lado, los bancos que no han sido condenados en firme insisten en que sus cláusulas eran transparentes y, aunque muchos las han quitado a futuro —la excepción más notable es el Sabadell—, no han devuelto lo cobrado de más. Por tanto, creen que no deben provisionar mientras el Supremo no les obligue a devolver nada; y, si la prudencia aconseja provisionar algo, en ningún caso debe ser el total del impacto máximo posible. Por otro lado, los condenados que han devuelto el dinero cobrado de más hasta 2013 sostienen que ya es cosa juzgada y que la sentencia europea no les afecta. La conclusión es la misma que la del primer grupo.
La decisión final ha sido del Banco de España, en un delicado equilibrio entre el rigor supervisor y el impacto en la solvencia del sector que va a tener la medida. Porque es posible que alguna entidad reduzca tanto su beneficio que tenga que suprimir el dividendo o entre en pérdidas. De ahí que el BCE pueda matizar este planteamiento en algunos casos. Entre los grandes, el Popular es el más perjudicado, por tener que provisionar de golpe los 343 millones adicionales que le supondría tener que devolver las cláusulas más allá de 2013, como adelantó El Confidencial. Pero de perdidos al río: como iba a dar pérdidas de más de 2.500 millones este año, las incrementa aún más y deja el balance limpio para la llegada de Emilio Saracho.
Vericuetos para reducir el impacto
Con todo, algunas entidades han buscado vericuetos para minimizar este impacto en sus resultados. Por ejemplo, Bankia ha planteado al gobernador Luis Linde si el sector podía cargar estas pérdidas contra reservas (capital) en vez de contra beneficios, según las fuentes: así, las entidades que tienen exceso de capital, como ella, evitarían salir mal en la foto de fin de año y el riesgo de reducir el dividendo. El BdE dio su visto bueno inicialmente, pero la CNMV ha vetado esta iniciativa para que las cuentas de todo el sector sean comparables. En todo caso, Bankia es el banco cotizado con menos exposición, unos 100 millones.
Otras entidades están intentando otra vía con el Gobierno. Su argumento parte de que todavía están vigentes los famosos decretos Guindos de 2012 que obligaron al sector a dotar ingentes provisiones para el ladrillo y que, en última instancia, forzaron el rescate financiero de España por la UE. Con el tiempo transcurrido, en muchos casos tienen exceso de provisiones para estos activos que podrían liberar y destinar a las cláusulas suelo. Pero, para ello, el Ejecutivo debería modificar estos decretos, algo que podría hacer perfectamente en el real decreto en el que aprobará el procedimiento extrajudicial por el que bancos y clientes tendrán que negociar antes de acudir a los tribunales.
Esta última opción todavía está abierta, y podría reducir el impacto en las cuentas de 2016 del sector. Pero, en todo caso, ese impacto existirá y empeorará todavía más unos resultados que registran una fuerte presión de los márgenes por el entorno de tipos cero.
Los bancos ya saben cuánto van a tener que apuntarse en sus cuentas de 2016 para cubrir el impacto potencial de la devolución de las cláusulas suelo: todo. Según varias fuentes del sector, los auditores se han puesto de acuerdo para exigir a todas las entidades que provisionen el máximo riesgo potencial de golpe y contra la cuenta de resultados, lo que significa que los beneficios se reducirán notablemente (o las pérdidas aumentarán). Aunque hay que tener en cuenta que la mayoría de las entidades tenían provisionada ya una buena parte de este impacto, con lo que les queda por anotarse solo una parte.
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