INGRESOS ADICIONALES DE 60 MILLONES EN 2015

La CNMC denuncia el 'maná' electoral que alimenta a Correos en el sector postal

El año electoral especialmente intenso de 2015 ha servido a la CNMC para poner el dedo en la llaga del mercado cautivo que tiene Correos dentro del sector postal en España

Foto: Un cartero entrega el voto por correo en una de las mesas electorales. (EFE)
Un cartero entrega el voto por correo en una de las mesas electorales. (EFE)

La investidura de Mariano Rajoy a finales de octubre evitó las terceras elecciones en España pero privó a la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos de un pellizco gordo, calculado en no menos de 40 millones de euros, que hubiera servido para garantizar la rentabilidad de todo el año 2016. La compañía dependiente de la Sepi tiene en los envíos electorales un mercado cautivo que ha sido denunciado de manera velada por la CNMC en su último informe sobre el sector postal, donde se evidencia el aplastante aunque cada vez menor dominio que la red pública de Correos ejerce en nuestro país.

Un estudio de la entidad que preside José María Marín Quemada pone el dedo en la llaga de lo que algunos operadores privados entienden como una ‘subvención encubierta’ derivada del servicio universal asignado hasta el año 2025 por la Ley Postal a la Sociedad Estatal de Correos. No en vano, la CNMC señala que la compañía registró en 2015 un pequeño crecimiento de ingresos gracias a los múltiples comicios celebrados en dicho año; en especial las autonómicas y locales de mayo y las legislativas del célebre 20 de diciembre que depararon una fragmentación inmanejable del Parlamento y provocaron una nueva consulta en las urnas el pasado 26 de junio.

La CNMC señala que “después de seis años de tasas de variación negativas del importe neto de la cifra de negocios, el ejercicio 2015 presenta un crecimiento del 1,2%, alcanzando un total de 1.614 millones de euros frente a los 1.590 millones de 2014”. El organismo regulador subraya que la diferencia de casi 24 millones “se debe exclusivamente” a la mayor facturación registrada por los procesos electorales, ya que “el resto de los ingresos, en su conjunto, disminuyeron”. En concreto, la contabilidad de Correos muestra que las distintas elecciones representaron un volumen de negocio de 60 millones en 2015.

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada. (EFE)
El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, José María Marín Quemada. (EFE)

La evolución del resto de los envíos realizados por el operador público, sin contar los procesos electorales, muestra una caída del 7%, con un descenso generalizado de todos los productos, tanto en cartas y tarjetas postales tradicionales como en certificados y publicaciones. En paralelo, los operadores privados experimentaron un 19% de crecimiento tanto en ingresos económicos como en envíos a lo largo de 2015. Pese a ello, la cuota de mercado de la compañía estatal dependiente del Ministerio de Hacienda se sitúa en un 90% en ingresos, con una pérdida de 1,8 puntos. En envíos, dicha participación es del 84% después de haber cedido a lo largo del año un 3% del negocio al resto de competidores.

Las autoridades de competencia entienden que Correos vive bajo el amparo de un monopolio secular que se manifiesta de manera evidente en la configuración de un servicio universal privativo que supone una barrera de entrada a nuevos operadores. De ahí la importancia de liberar los procesos electorales que, además de proporcionar una importante tajada comercial, podrían servir como símbolo de la supuesta apertura que el Gobierno trata de introducir en la actividad económica. No obstante, la Sepi ha decidido mantener cerrada la puerta a nuevas privatizaciones dentro del grupo, lo que contraviene, en buena medida, los planteamientos de la CNMC sobre el futuro de Correos.

Correos es la mayor empresa pública por número de trabajadores y el Gobierno quiere evitar que se convierta en un 'polvorín' durante la actual legislatura

La actual situación política y la necesidad de pactos a que está obligado el Ejecutivo de Mariano Rajoy impiden cualquier tipo de reordenación empresarial dentro de la sociedad estatal. No en vano, Correos es la más importante empresa pública por número de trabajadores, con un total de 51.000 personas empleadas, de las que casi un 80% dispone de contrato fijo. Los procesos de ajuste llevados a cabo en la última legislatura efectiva provocaron recortes de plantilla que ahora están siendo compensados por vía de apremio, como demuestra la reciente convocatoria anunciada para cubrir 2.345 plazas de cartero en 2017. El pasado año, la compañía llevó a cabo su primera oferta de empleo en ocho años, que se cerró en noviembre con la contratación de 1.600 trabajadores.

Correos constituye, sin duda, el mayor ‘polvorín’ al que se enfrenta la Sepi, por encima incluso de los padecidos antiguamente en otras grandes compañías públicas como Hunosa, Navantia o la propia RTVE. De ahí que el PP y el PSOE, conocedores del problema por su respectiva experiencia de gobierno, salieran al quite en comandita para evitar que la necesaria reducción de los gastos electorales se llevara por delante el envío de papeletas de correos en la última campaña del 26-J. Rajoy renunció incluso a desplegar carteles con su imagen por toda España, pero mantuvo el 'mailing' individual a los votantes en una medida que tenía también un significado económico y social, demostrando, a fin de cuentas, que con las cosas de Correos no se juega.

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