El histórico frontón Beti-Jai hace un agujero de 30 millones en las cuentas de Carmena

Será mañana, en la reunión de la comisión de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid, cuando el equipo de Manuela Carmena salga por primera vez a dar la cara sobre un auténtico jarro de agua fría que ha recibido por parte de los tribunales. Hace apenas un mes, el Supremo condenó al consistorio a tener que volver a calcular el justiprecio aplicado para expropiar el Beti-Jai, histórico frontón ubicado en pleno centro de Madrid.

El ayuntamiento se hizo con la titularidad de este inmueble en la primavera de 2015, cuando Ana Botella todavía estaba al frente del Palacio de Cibeles, por casi siete millones de euros y tras una larga batalla contra los antiguos propietarios, la empresa Tarcosul Gestión, la última de una lista de sociedades vascas que fueron traspasándose el control de este histórico inmueble, con la vista puesta en derribarlo y poder levantar un hotel o viviendas de lujo.

La movilización de plataformas vecinales como Salvemos el Beti-Jai llevó a la Comunidad de Madrid a declararlo Bien de Interés Cultural (BIC) para proteger su uso original, y al ayuntamiento a iniciar el expediente de expropiación a principios de 2010. Esta decisión abrió una larga guerra en los tribunales entre el consistorio y los empresarios, que se saldó con la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que valoró el complejo en cerca de 6,3 millones y que permitió al ayuntamiento ejecutarlo por casi siete millones.

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Sin embargo, lejos de quedar conforme, Tarcosul recurrió ante el Tribunal Supremo, que el pasado 10 de noviembre falló volver a calcular el justiprecio bajo una serie de parámetros que elevan el pago final hasta los 30,8 millones de euros, según recoge la propia sentencia. Contra esta, además, no cabe recurso, lo que aboca al equipo de Manuela Carmena a tener que rehacer todos sus números en un proyecto que creía tener ya encaminado.

A pesar de la lapidaria sentencia del Supremo, el ayuntamiento ha guardado silencio en torno a este tema, mutismo que se verá obligado a romper mañana tras la pregunta registrada por el concejal de Ciudadanos, Bosco Labrado, dirigida a conocer “en qué situación se encuentra la nueva tasación que tiene que realizar el Ayuntamiento de Madrid para poder cumplir la sentencia del Tribunal Supremo”.

Roto para Madrid, pelotazo para 'los vascos'

La celeridad del consistorio en resolver este conflicto va a ser clave para los bolsillos de todos los madrileños, ya que, además de elevar hasta un máximo de 30,8 millones el dinero que se deberá pagar ahora a los antiguos propietarios, el Supremo detalla que esta cantidad "se incrementará con los intereses legales devengados desde el 6 de abril de 2012, hasta su completo abono".

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La otra cara de la moneda es la sociedad Tarcosul, que ha visto cómo la Justicia ha reconocido a su antiguo inmueble un valor máximo igual al más elevado de los que ella misma aportó en la batalla de valoraciones previa a la expropiación. Una cifra muy superior a los poco más de dos millones de euros que pagó inicialmente la trama societaria vasca y que, ante la imposibilidad de recurso, garantiza un castizo 'pelotazo'.

El pasado octubre, la Junta de Gobierno aprobó el Plan Especial del Beti-Jai, que permite introducir el uso de equipamiento cultural como alternativo al principal, que es el deportivo, así como actuaciones dirigidas a poder garantizar su uso durante todo el año, como la construcción de una cubierta en el patio y la cancha, un aparcamiento subterráneo y el incremento de la edificabilidad.