El Gobierno impugna la ley balear que obliga a los March a abrir el paso por su finca

El Gobierno central está apretando las tuercas a Baleares para que recule en su decisión de abrir el paso al público en zonas protegidas de la sierra de Tramontana (Mallorca). La comunidad autónoma aprobó esta medida por vía de urgencia este verano, para liberar los accesos a las calas —que atraviesan una finca privada de la familia March en el caso de Ternelles (Pollença)—, y desató la polémica al tratarse de áreas de alto valor ecológico donde anidan especies autóctonas como el buitre negro o el águila pescadora. Ahora, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente pretende revocar esta situación por las buenas, si bien se plantea presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) si las negociaciones no dan sus frutos. Así lo explican fuentes conocedoras del proceso a este periódico.

La respuesta del Gobierno llega dos meses después de que la Fundación Vida Silvestre Mediterránea enviase una carta al ministerio en que solicitaba la impugnación de la disposición final segunda de la Ley de Evaluación Ambiental de Baleares ante el TC. "La modificación injustificada y arbitraria permite ahora el uso incontrolado para ocio de las zonas de exclusión, antes reguladas como espacios de máxima protección", rezaba el escrito firmado por el presidente de esta asociación ecologista, Jesús Garzón. Asimismo, buscó amparo en otras instituciones como la Comisión Europea o el Defensor del Pueblo.

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Este último organismo también escuchó al colectivo, y acaba de solicitar a Baleares que justifique lo que considera una rebaja de la protección ambiental de los espacios naturales. "El Defensor del Pueblo ha abierto una actuación de oficio para conocer los motivos de las modificaciones de la Ley 5/2005 y ha preguntado qué medidas aplicará el Gobierno balear para lograr su adecuada conservación", anuncia la propia entidad en un comunicado. Lo que no hará es interponer recurso ante el TC, como reclamaban los ecologistas.

Si el Estado considera que existen motivos de inconstitucionalidad en una ley, puede abrir una vía previa de colaboración con la comunidad correspondiente para negociar un acuerdo que evite dicho recurso. Precisamente en esa fase se encuentran el Ejecutivo y Baleares, si bien el Gobierno autonómico todavía no ha sido citado por Agricultura para mantener la primera reunión. "Hemos recibido la comunicación desde el ministerio", confirma a este diario el director general de Espacios Naturales y Biodiversidad de las islas, Miquel Mir. La disposición aprobada dice que se podrá autorizar el paso para acceder a una zona de dominio público como el mar, pero "eso no quiere decir que se vaya a permitir todo", matiza Mir. El departamento liderado por Isabel García Tejerina, por su parte, aún no ha respondido a la solicitud de información de este diario.

El punto más polémico del cambio legislativo tiene que ver con las áreas de exclusión. Apenas representan un 2,98% del espacio natural protegido y tienen el máximo sentido, al albergar especies en peligro de extinción. ¿Qué dice la ley al respecto? "El acceso y la estancia de personas en estas zonas se regulará en los instrumentos de planificación y gestión, atendiendo prioritariamente a su conservación, procurando a la vez satisfacer las finalidades científicas, educativas y de ocio de los bienes de dominio público". Desde el Gobierno balear, insisten en que considerarán todos los factores que preocupan a los ecologistas —como la localización de los nidos de las rapaces— antes de conceder cualquier autorización.

"No hemos concedido ninguna autorización porque de momento no hemos recibido solicitudes"

"Se trata de regular el uso público de espacios naturales protegidos. No hemos autorizado acceso alguno a estas zonas porque de momento no hemos recibido ninguna solicitud, así que no es un punto problemático", señala Mir, tras dejar caer que en el Gobierno balear están "encantados de colaborar" con la Fundación Vida Silvestre Mediterránea. Dicha organización solicitó un informe técnico a la Universidad de Alcalá cuyas conclusiones dejan entrever que la nueva normativa pone en peligro el estado de conservación de especies y hábitats protegidos. "Es lesiva para el medio ambiente, incumple la normativa europea y ha sido aprobada sin ningún estudio científico que evalúe sus consecuencias negativas".

Pero los intereses no son puramente medioambientales. Hay quien ve la posibilidad de abrir el paso al público como una ofensiva con tintes políticos contra los March, propietarios de la finca que los turistas tendrían que atravesar para llegar a pie a Cala Castell y Castell del Rei (Ternelles) si obtienen autorización. Baleares está presidida por el PSOE, con el respaldo de Podemos y los Verdes.

La familia de empresarios firmó un convenio con el Ayuntamiento de Pollença para supervisar el 'aforo' en esta zona, que contempla un máximo de 20 personas al día. Aunque desde Baleares confirman que dicho acuerdo sigue vigente y es competencia municipal, fuentes conocedoras de la situación temen que a partir de ahora se eliminen las restricciones. De momento, no se han establecido nuevos protocolos de acceso.

Los baleares ya dejaron claro en su día que "un Gobierno progresista jamás haría algo en contra del medio ambiente", una declaración que no ha bastado para frenar un verdadero tirón de orejas procedente de distintas instituciones. "Aquí nadie está rebajando la protección. Queremos garantizar la propiedad pública de la costa", defendió la Consejería de Agricultura de las islas. Sea como fuere, Baleares está abocada a negociar con la Administración central para alcanzar un acuerdo que evite que este asunto acabe en el Tribunal Constitucional.