Los imputados de Urbanismo de Botella ignoraron el criterio de los técnicos en un edificio histórico

El caso que ha llevado ante los tribunales a cuatro altos cargos de Urbanismo del Ayuntamiento de Madrid durante los mandatos de Alberto Ruiz Gallardón y Ana Botella, por un presunto delito de prevaricación continuada, ha dado otra vuelta de tuerca al haberse destapado el expediente completo de este proceso, en el que se comprueba cómo, en numerosas ocasiones, los informes técnicos del propio consistorio defendieron la posibilidad de legalizar las obras que se estaban llevando a cabo en Juan de Mena 13, edificio protegido propiedad entonces de la empresa Parques y Edificaciones Artal, que terminó yendo a la quiebra por la paralización de este proyecto.

A pesar de que este caso lleva en los tribunales desde 2009, el expediente completo nunca había sido aportado en su totalidad a Artal en ninguno de los diferentes juzgados en los que se sigue esta causa, según ha reconocido a este medio el entonces administrador de la empresa, quien, incluso, asegura que el propio consistorio llegó a denegarle la posibilidad de acceder a esta documentación. En ella, se puede comprobar cómo los servicios técnicos del ayuntamiento dieron hasta dos veces luz verde a las soluciones que propuso la empresa para retomar la obra, pero en ambas ocasiones fueron rechazado por la CPPHAN —Comisión para la Protección del Patrimonio Histórico y epicentro de la presunta trama—, dilatando injustificadamente su resolución, según denunciaron los propios servicios jurídicos del ayuntamiento.

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Fue en febrero y abril de 2010 cuando Artal presentó dos consultas vinculantes en las que exponía cómo adaptar el proyecto a los requerimientos que le había hecho el propio consistorio, documentaciones elaboradas por el despacho Arquitecto García Alba y por Antonio Moneo, respectivamente, y que, tras ser analizados por la Unidad Técnica de Licencias número 2, se vieron favorables para ser remitidas a la CPPHAN, solicitando su dictamen vinculante. En los dos escritos remitidos por este servicio a la comisión, se le apremiaba a "dar cumplimiento inmediato al requerimiento practicado por la Administración, posibilitando una continuación inmediata de las obras que evite una paralización total por más tiempo de la actividad de construcción".

Sin embargo, en sendas ocasiones, la CPPHAN sostuvo que "en la documentación presentada no quedan claras cuáles son las propuestas concretas que se plantean y que puedan ser competencia de la Comisión de Patrimonio". Además, lejos de tomar una decisión o de exponer cuál debe ser la solución ofrecida por Artal, este órgano optó por retirar el expediente, alegando que debía hacerse así "hasta que se resuelva el recurso contencioso-administrativo".

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Dicho recurso hace referencia a la guerra judicial que por aquel entonces habían abierto tanto Artal como Manuela García Martínez de Velasco, una vecina que presentó la denuncia inicial que dio lugar a la paralización de las obras. Ambos habían llevado ante los tribunales la decisión de la Dirección General de Ejecución y Control de la Edificación de julio de 2009, en la que se requería a Artal a solicitar la legalización de las obras de reestructuración, como terminó haciendo con la presentación de las dos consultas vinculantes de García Alba y Moneo.

Suma y sigue, porque en la documentación ahora aparecida hay una nota interna del jefe del Departamento Jurídico de Disciplina Urbanística, dirigido a Norberto Rodríguez, uno de los cuatro imputados, donde se dice que "cualquier dictamente de la CPPHAN que difiera el pronunciamiento (...) no haría sino dilatar en exceso la resolución del expediente de restablecimiento de la legalidad urbanística", lo que "va en contra del carácter ejecutivo" que debe darse. Por tanto, exigió a la CPPHAN que "se emita dictamen en el que se pronuncie sobre la solución aportada por la solicitante [Artal] o sobre cualquier otra que se dictamine por dicha comisión".

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Durante el mes posterior a esta nota, la CPPHAN continuó retirando el expediente, alegando que no se habían aportado los planos visados por el Colegio Oficial de Arquitectos en la documentación de Moneo. Una vez recibidos estos, la misma Unidad Técnica de Licencia número 2, que hasta entonces había visto favorable elevar esta consulta vinculante a la comisión para su aprobación definitiva, presentó un documento, en el que no se identifica al funcionario que lo redacta y donde se solicita a la CPPHAN definir el régimen de obras, ya que durante este largo proceso se habían considerado tanto de reestructuración puntual —que dejan abierta la puerta a ser legalizadas— como general —lo que conllevaría derribarlo todo—.

Con este nuevo argumento, la comisión volvió a retirar el expediente y solicitó un informe sobre el régimen de las obras. Así, en agosto de 2010, el subdirector general de Edificación, Ángel Sanz D'Asteck, otro de los cuatro imputados, señala que la obra realizada por Artal es admisible, "teniendo en cuenta el grado de catalogación del edificio [nivel 3 grado parcial], siempre y cuando se recupere exactamente el trazado original de la cubierta con idénticos materiales y sistema constructivo, tal y como exige la normativa para las obras de reconstrucción". No obstante, también puntualiza que se debe aclarar lo ocurrido por la estructura original, ya que un informe anterior decía que había sido sustituida por otra metálica.

Con este argumento, la comisión continúa retirando periódicamente el expediente y solicitando más y más informes dirigidos a aclarar la naturaleza de la obra. Uno de ellos, elaborado por el servicio de Disciplina Urbanística el 30 de septiembre de 2010, explica que desde julio de 2009, y tras una resolución del director general de Ejecución y Control de la Edificación, "ya no se imputan obras de reestructuración general, sino obras de reestructuración consistentes en el refuerzo y consolidación de estructura, sustitución del forjado de suelo de la planta bajo cubierta y aumento de la altura de la edificación. Estas obras son las que, a juicio de este Servicio de Disciplina Urbanística, deben legalizarse".

A pesar de ello, y tras una nueva visita al edificio, en enero de 2011, Sanz D'Asteck concluye que las obras deben considerarse de reestructuración general, lo que supone echar abajo todo el trabajo de Artal, promotora que, para entonces, ya estaba quebrada ante el silencio de la Administración. El edificio fue embargado por la banca y posteriormente vendido a Blig 13-13, sociedad del empresario José Ignacio Comenge, a la que, según el escrito que ha dado lugar a la imputación de los antiguos altos cargos, sí se le concedió la licencia sin el requisito de "la siempre invocada reestructuración general", y pasó a considerarse "obra de restauración y de reconstrucción del edificio", modificación que la querella considera "la infracción esencial en la licencia".

La causa penal abierta en el Juzgado de Instrucción número 5 de Madrid se dirige contra Ángel Sanz D'Asteck, que era subdirector general de Edificación y vocal de la CPPHAN; Beatriz Lobón Cerviá, coordinadora general de Urbanismo y presidenta de la misma comisión; Norberto Rodríguez Pérez, director general de Control de la Edificación y vocal de la CPPHAN, y Javier del Palacio Fernández-Montes, subdirector general de Control de la Edificación y pareja sentimental de Lobón.