Otro caso Bankia: el juez obliga al BdE a explicar si conocía la situación de la CAM

El famosísimo "lo peor de lo peor" con que el exgobernador del Banco de España Miguel Ángel Fernández Ordóñez (MAFO) calificó a la CAM (Caja de Ahorros del Mediterráneo) va a traer cola. La cuestión es si MAFO descubrió esa situación cuando la intervino en julio de 2011 o si la conocía con antelación en el ejercicio de su labor supervisora. Ahora tendrá que aportar unos documentos en el juicio, que comenzará el 17 de enero, en los que supuestamente se refleja si estaba al corriente antes de que fuera inevitable su rescate y, por tanto, avaló unas cuentas presuntamente falseadas para no reflejar su insolvencia. Exactamente lo mismo que en el caso Bankia.

El auto dictado este martes por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acepta una de las peticiones de uno de los acusados, Teófilo Segorb, consistente en pedir al BdE que "remita a este tribunal la totalidad de las actas del comité de integración del SIP y actas del consejo", para lo que le da un plazo de un mes. El SIP (sistema institucional de protección) se refiere a un proyecto de integración que se llamó provisionalmente Banco Base y que incluía a la CAM y lo que hoy es Liberbank (Cajastur, Caja Cantabria y Caja Extremadura).

Aquel proyecto se inscribe dentro de la política de MAFO en 2010 y 2011 de fusionar las cajas de ahorros como solución a sus problemas, que dio lugar a la creación de Bankia, CatalunyaCaixa, Banca Cívica, Novacaixagalicia o BMN, con el éxito por todos conocido. Otra de esas integraciones fue Banco Base, pero saltó por los aires en marzo de 2011, porque el entonces presidente de Cajastur y hoy de Liberbank, Manuel Menéndez, se negó a seguir adelante tras examinar las cuentas de la caja alicantina y darse cuenta de su inviabilidad.

La línea de defensa seguida por Segorb, exdirector de planificación y control de la CAM, pretende demostrar que el Banco de España era consciente de esta situación —de hecho, fue lo que le llevó a promover la fusión— y, por tanto, estaba al tanto de que las cuentas de la entidad no reflejaban su situación real en ese momento. Es decir, el mismo argumento de algunos de los acusados por las tarjetas 'black': lo que hicieron estaba avalado por las autoridades —en su caso, el BdE y Hacienda— y, por tanto, no podían ser conscientes de que fuera un delito y la responsabilidad debe recaer sobre tales órganos.

Semejanzas con las 'black' y el caso Bankia

También resulta evidente la similitud con el caso Bankia y con los famosos correos del inspector José Antonio Casaus. Como es sabido, en ellos queda patente que el BdE era perfectamente consciente de la inviabilidad del grupo BFA-Bankia, y de que acabaría en un rescate con dinero público y con fuertes pérdidas para los accionistas y preferentistas de la entidad, lo que puede provocar la imputación del propio MAFO y del actual subgobernador, Fernando Restoy. La diferencia es que el supervisor tuvo que remitir estos correos al juez Fernando Andreu a petición de la acusación popular que dirige Andrés Herzog.

Ahora, el supervisor bancario va a tener que retratarse de nuevo en el caso de la CAM, y esta vez en un juicio. Según fuentes jurídicas, "se trata de una defensa bastante endeble, pero es lógico que la utilicen los acusados una vez llegados al juicio, porque no quedan muchas más opciones". Estas fuentes añaden que "si el caso Bankia llega a juicio, a buen seguro que alguno de los acusados también se agarrará a los correos de Casaus para eludir su responsabilidad".

Ocho acusados y siete años de cárcel

Aparte de Segorb, se sentarán en el banquillo en enero el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós, el exdirector general de Recursos Vicente Soriano Terol y los exdirectivos Francisco José Martínez García, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.

Se enfrentan a penas de hasta siete años de prisión por delito societario de falsedad en las cuentas anuales, estafa de inversores, estafa agravada, apropiación indebida agravada, administración desleal y falsedad en documento mercantil, supuestamente cometidos en la "presunta alteración de las cuentas anuales" de 2010 y 2011 con intención de no reflejar la imagen fiel de la entidad, en los "posibles perjuicios causados a los inversores" como consecuencia de esas cuentas presuntamente falseadas, y en "las presuntas irregularidades en materia de prejubilaciones", incentivos y bonus extraordinarios que estos directivos se autoconcedieron.