El Gobierno se guarda la venta de un 10% de Aena para no subir otra vez los impuestos

Sea quien sea el ministro de Economía, el futuro titular de la cartera responsable de las finanzas del Estado empezará este viernes la nueva legislatura de Mariano Rajoy con una obligación insalvable: rebajar el déficit en 0,5 puntos del producto interior bruto (PIB) o, lo que es lo mismo, recortar 5.500 millones de euros. Las teorías apuntan a que el Ejecutivo del líder gallego no tendrá más remedio que subir otra vez los impuestos, como hizo a finales de 2011, pero otras fuentes apuntan a que el Gobierno tiene encima de la mesa una bala para no tocar el bolsillo de los españoles.

Según han indicado distintas fuentes, la carta que se guarda Rajoy es una venta parcial de Aena, el gestor de los aeropuertos que privatizó en febrero de 2015. En aquella oferta pública de venta (OPV), el Estado privatizó el 49% del capital de la compañía presidida por José Manuel Vargas, nombrado ex profeso para esta operación. Las acciones salieron a bolsa a 58 euros por acción, por lo que el Gobierno obtuvo 4.200 millones de euros que sirvieron para corregir en parte los desajustes de los Presupuestos Generales.

El precio de la enajenación le costó un sinfín de críticas por parte de los partidos de la oposición, porque Aena se disparó en bolsa hasta el punto de que al año se había revalorizado un 78% y superado los 100 euros por acción. A la ministra de Fomento, Ana Pastor, y al de Economía, Luis de Guindos, les acusaron de malvender los activos del Estado, pero lo cierto es que la operación no estuvo exenta de problemas, como las pegas de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la confección de un núcleo duro de inversores españoles, que finalmente se echó atrás.

La privatización contemplaba la colocación de hasta un 60% del capital, pero como Corporación Financiera Alba (los March) y Ferrovial se echaron atrás a última hora —iban a adquirir entre los dos el 14%—, el Gobierno limitó la operación al 49% del capital. Se guardó el 51% restante para tener una mayoría de control y evitar que cualquier operador privado o fondo de infraestructuras pudiera hacerse con las riendas de una compañía calificada como estratégica.

Una participación elevada que, no obstante, no respondía a ningún criterio de buen gobierno, porque la mayoría de las empresas comparables en Europa están en manos de inversores privados, como sucede con Heathrow en Reino Unido. Recientemente, Francia ha privatizado la mayoría del capital de los aeropuertos de Niza y Lyon, si bien mantiene una participación ligeramente superior al 50% en el de París. Los de Copenhague, Viena y Bruselas también fueron vendidos.

Ahora, con el inicio del nuevo curso legislativo, el Gobierno baraja vender otro 10% de Aena, que le reportaría unos ingresos próximos a los 1.900 millones. Actualmente, el gestor de los principales aeropuertos de España cotiza a 132 euros por acción, por lo que ha llegado a alcanzar una valoración de 19.800 millones de euros. Las estimaciones de los brókeres indican que la empresa todavía calificada como pública ha tocado su techo en bolsa, ya que sus precios objetivos medios están justo en los citados 132 euros.

Esos cerca de 1.900 millones cubrirían algo más de un tercio del ajuste que exige la Comisión Europea a España para reducir el déficit de cara a la presentación de los próximos Presupuestos del Estado. A diferencia de cuando Rajoy aterrizó en La Moncloa en diciembre de 2011, en esta ocasión no podrá responsabilizar al anterior Gobierno de la herencia recibida, como hizo en aquellos días previos a la Navidad cuando, en contra de lo que decía su programa electoral, rompió su promesa de no tocar el bolsillo de los españoles para arreglar las cuentas del Estado.

Otra promesa de bajada del IRPF

Ahora le será difícil justificar una nueva subida de los impuestos para cumplir con Bruselas, tras haberlos rebajado parcialmente en el último año, poco antes de convocar los comicios de diciembre de 2015. De hecho, para los comicios que se celebraron en junio, Rajoy mantuvo su propuesta de disminuir el tipo mínimo del IRPF del 19 al 17% y el máximo del 45 al 43%, pese a que en ese momento ya habían llegado las primeras advertencias de Bruselas sobre la potencial multa por incumplir con el objetivo del déficit.

Para Aena, una venta adicional de un 10% cambiaría totalmente su perfil, porque pasaría de considerarse una empresa pública a una privada. Esta reclasificación tendría dos efectos inmediatos. Por una parte, la empresa podría captar talento después de la marcha de varios directivos cuyos sueldos están muy por debajo de la media del sector, al estar los salarios regulados por el Estado. Por otra, Aena podría no ser vetada en la compra de otros aeropuertos, ya que ahora la participación mayoritaria del Gobierno supone un hándicap en los concursos para obtener la gestión de otros aeródromos internacionales. Al considerarse como un activo estratégico, los países tratan de evitar que los aeropuertos nacionales queden bajo control de entidades que dependen del sector público de un Estado extranjero.