Rajoy pide prórroga a Bruselas para recuperar el dinero inyectado a la banca
El todavía Gobierno en funciones ya ha comunicado extraoficialmente a la Comisión Europea más tiempo para privatizar Bankia y BMN, así como lo prestado a Ibercaja y Unicaja
El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy nacerá este fin de semana con deberes y obligaciones impuestas por los hombres de negro de Bruselas. El primero será rebajar los gastos en 5.000 millones de euros, para acercarse al objetivo de déficit impuesto por la Comisión Europea. El segundo será recuperar las ayudas concedidas a los bancos que fueron privatizados totalmente, como Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), o auxiliados, como Unicaja/Ceiss e Ibercaja/Caja 3. Este último objetivo es considerado inviable por parte del Ejecutivo actual y por los máximos responsables de los propios bancos en el plazo exigido.
Así lo han asegurado fuentes próximas al actual Gobierno en funciones del Partido Popular y a los consejos de administración de Bankia, BMN y Unicaja. “Sea quien sea el ministro de Economía, lo primero que habrá que hacer será pedir una prórroga a Bruselas para retrasar la privatización de Bankia y BMN", explican las mismas fuentes, dadas las actuales valoraciones del sector bancario. Las mismas fuentes indican que, pese a la urgencia solicitada hace 48 horas desde el organismo comunitario, privatizarlas actualmente no es viable. La situación es similar a los casos de Lloyds y Royal Bank of Scotland, cuyas enajenaciones no han sido posibles, a pesar de los reiterados anuncios públicos del Gobierno del Reino Unido.
En este sentido, el lanzamiento oficial del proceso de fusión de las dos primeras y la búsqueda de asesores solo responde al objetivo de calmar a Bruselas, a sabiendas de que ambas operaciones no son posibles. Aunque en las dos últimas semanas las cotizaciones de entidades como Santander, BBVA y CaixaBank han recuperado parte de la caída media del 30% registrada hasta septiembre, las previsiones de beneficio para el próximo año para los grupos financieros puramente nacionales son pesimistas, teniendo en cuenta el desplome de los márgenes por los históricamente bajos tipos de interés.
De hecho, bancos como Santander y CaixaBank ya se han visto obligados a rebajar sus previsiones de beneficio y rentabilidad por el entorno macroeconómico, tendencia a la que previsiblemente se apuntará el Popular este mismo viernes, cuando presente sus resultados entre enero y septiembre. “Con una caída del margen de intermediación de hasta el 20%, es imposible privatizar ninguna de las entidades nacionalizadas a precios que al Gobierno le puedan parecer razonables”, argumentan desde uno de los bancos internacionales que han asesorado al Ministerio de Economía en las ventas ya ejecutadas de Catalunya Caixa, Abanca y en la fallida de BMN.
Según lo acordado con la Comisión Europea, cuando el organismo internacional prestó 100.000 millones a España para recapitalizar el sector financiero, el Gobierno tiene que desprenderse del 64% que aún tiene de Bankia antes de finales de 2017, mientras que debería vender el banco producto de la fusión de Caja Granada, Caja Murcia y Sa Nostra —posee el 65%— en el primer trimestre de 2018.
Unicaja, el primero
Además, tenía que recuperar las inyecciones de capital realizadas mediante bonos convertibles en Ceiss/Caja España, ahora en manos de Unicaja, y en Caja 3, propiedad de Ibercaja, por hasta 1.011 millones. Pero la salida a bolsa del banco andaluz, que debería hacerse no más tarde de marzo de 2017, se ha pospuesto ya en dos ocasiones, y sus asesores ven complicado que pueda llevarse a cabo en el plazo obligado. De hecho, la entidad con sede en Málaga ya ha mantenido conversaciones con el Ministerio de Economía y con Bruselas para extender el vencimiento de la devolución de las ayudas.
Según distintas fuentes, el Estado ha recibido ofertas no vinculantes por BMN que valoran el banco mediterráneo en apenas 50 millones, muy lejos de los 1.600 que le inyectó cuando se aprobó su rescate por Bruselas. Como ocurre en los casos de Unicaja e Ibercaja, el aplazamiento de la devolución de las ayudas debe ser autorizado por la Comisión Europea, mientras que el de Bankia es tan solo una decisión del Parlamento español, por lo que no requiere el visto bueno comunitario.
En septiembre, el Banco de España hizo balance del coste de la crisis del sector financiero al contribuyente, y las cifras no han sido muy halagüeñas. Desde mayo de 2009, las ayudas comprometidas en forma de capital ascienden a 61.495 millones de euros, de los que 53.553 millones han sido aportados por el Estado, a través del Fondo de Reestructuración (FROB), y los restantes 7.942 millones, por las propias entidades mediante el apoyo del Fondo de Garantía de Depósitos. "Actualmente, se han recuperado 2.686 millones, el 5% de las ayudas públicas concedidas en forma de capital", dijo el Banco de España.
El nuevo Gobierno de Mariano Rajoy nacerá este fin de semana con deberes y obligaciones impuestas por los hombres de negro de Bruselas. El primero será rebajar los gastos en 5.000 millones de euros, para acercarse al objetivo de déficit impuesto por la Comisión Europea. El segundo será recuperar las ayudas concedidas a los bancos que fueron privatizados totalmente, como Bankia y Banco Mare Nostrum (BMN), o auxiliados, como Unicaja/Ceiss e Ibercaja/Caja 3. Este último objetivo es considerado inviable por parte del Ejecutivo actual y por los máximos responsables de los propios bancos en el plazo exigido.
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