Otro bufete le gana a Montoro: archivada la causa contra Ramón y Cajal por delito fiscal
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GRANDES BUFETES SORTEAN LA CAMPAÑA DE LA AEAT

Otro bufete le gana a Montoro: archivada la causa contra Ramón y Cajal por delito fiscal

La fiscalía cambia de criterio y después de recurrir el primer archivo decide no acusar. Hacienda ya perdió contra Albiñana y Sagardoy por cobrar mediante sociedades

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Pedro Ramón y Cajal.

Pedro Ramón y Cajal, socio director de Ramón y Cajal abogados, bufete de grandes bancos y de Jaime Botín, el que ha fichado a Carme Chacón y uno de los más importantes del país, ha ganado su batalla contra la Agencia Tributaria. El pasado 27 de septiembre, la juez que desde 2010 lo investiga tras una denuncia penal de Hacienda decretó el archivo. En medio, la fiscalía de delitos económicos de Madrid ha cambiado de criterio y ahora considera que no hay delito en que cobrara sus honorarios a través de sociedades. Se trata de una práctica relativamente habitual contra la que Hacienda emprendió una exitosa campaña de recaudación. Sin embargo, grandes bufetes como Sagardoy y Albiñana-Suárez de Lezo pleitearon en los tribunales y también ganaron.

Ya ha llovido. El 14 de enero de 2010, la fiscalía de delitos económicos de Madrid denunció a Pedro Ramón y Cajal, abogado del Estado en excedencia y socio director de Ramón y Cajal abogados, y a varios socios más del despacho por cobrar sus sueldos a través de sociedades y no mediante una nómina. Así tributan por el impuesto de sociedades, menor que el del IRPF, y Hacienda consideró entonces que no era una opción fiscal legítima sino un fraude.

Cobrar mediante sociedades profesionales era una práctica muy extendida entre los despachos de abogados, y hace casi una década Hacienda lanzó una campaña entre los bufetes por este tema. Lo mismo hizo con periodistas, actores y otras profesiones liberales. El fundador de Cuatrecasas, Emilio Cuatrecasas, por ejemplo, fue condenado en conformidad por fraude fiscal, aunque su caso no solo era por este tema. Otros abogados pagaron para evitar la denuncia, ya que no querían verse enfangados por esta materia, según fuentes del sector. Solo los que superaban 120.000 euros defraudados al año pasa a la vía penal.

En esa situación estaban César Albiñana y Rafael Suárez de Lezo, de CMS Albiñana Suárez de Lezo, y Juan Antonio Sagardoy, de los principales despachos de laboral —aunque perdió sonados ERE, como el de Coca-Cola—. Los primeros vieron su caso archivado en 2011 y el de Sagardoy quedó en nada en marzo de 2015.

Seguía vivo en los juzgados el de Pedro Ramón y Cajal. La fiscalía le acusaba de defraudar entre 2004 y 2005 un total de 512.529 euros. No era un objetivo menor. Ramón y Cajal Abogados es probablemente el despacho con más abogados del Estado en excedencia y son sus compañeros en activo los que defienden a la Agencia Tributaria. El bufete tiene un centenar de letrados. Ramón y Cajal ha sido consejero de Atresmedia, Renta 4, Indra, Hispasat y presidente de Audiovisual Sport.

La fiscalía denunció a Ramón y Cajal por cobrar a través de sociedades y no por nómina, tributando así por el impuesto de sociedades, menor que el de IRPF

La denuncia contra otros socios del despacho prescribió y en 2012, la juez del caso, María Dolores Baeza, archivó la causa sobre Ramón y Cajal al considerar que no había ocultación de datos, ni simulación. La fiscalía recurrió el archivo porque consideraba que “Ramón y Cajal escogió un mecanismo cuya única y exclusiva finalidad era obtener ilícitamente una menor tributación de las rentas”. La Audiencia Provincial de Madrid le dio la razón y ordenó proseguir la investigación.

Esto fue en 2012, y la instrucción siguió adelante hasta que hace un año la juez pidió a la fiscalía y a la Agencia Tributaria que acusasen o pidieran el archivo. Entonces, la fiscalía de delitos económicos de Madrid cambió radicalmente de criterio. En un escrito de 15 páginas fechado en noviembre de 2015, asume todas las tesis de la defensa y pide el archivo. La fiscalía, que no solo había empezado el caso sino que había recurrido el primer archivo, consideraba ahora que no había delito. En medio, el fiscal que lo llevaba había cambiado de destino.

Ahora, la fiscal entiende que "el delito fiscal, al ser un delito de defraudación, requiere, por su naturaleza, una ocultación, un engaño, un artificio o simulación". Y añade que no se daba en este caso: "Podemos encontrarnos ante una conducta ilícita desde el punto de vita tributario, no desde la óptica penal, pues no ha existido ocultación maliciosa de datos, y el mecanismo artificioso empleado puede ser apreciado sin grandes esfuerzos de comprobación, al no existir ficción alguna, sino un acogimiento indebido a la norma jurídica con el fin de eludir la carga tributaria".

La fiscalía de delitos económicos de Madrid, que no solo había empezado el caso sino que había recurrido el primer archivo, considera ahora que no había delito

La nueva fiscal del caso coincidía con la defensa en que las sociedades no se habían creado para delinquir, pues llevaban más de 20 años de funcionamiento y su actividad "ha sido conocida y consentida por la AEAT". "Si la propia Administración tributaria ha vacilado en cuanto a la concepción de este proceder fiscal, y la jurisdicción contencioso administrativa tampoco se pone de acuerdo, resulta aventurado afirmar que el obligado tributario tenía conciencia de estar delinquiendo", añade. Los precentes en los que la fiscalía había perdido contra grandes bufetes pesaron. Consideraban que en juicio tenían pocas probabilidades después de derrotas anteriores.

Foto: El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. (EFE)

La fiscalía concluía que "una vez examinada de nuevo la causa (...) no existen indicios de criminalidad como para formular acusación". La Abogacía del Estado, que ya se había conformado con el primer archivo, estuvo de acuerdo con zanjar el asunto. Aun así, hizo falta casi un año para que la juez del caso lo archivara. Fue el pasado 27 de septiembre cuando cerró la investigación y decretó el archivo de las actuaciones, ya que no había ninguna acusación en el procedimiento.

Después de casi siete años de recursos públicos y de tener a una persona imputada, el caso ha quedado en nada. Las campañas de la fiscalía y la Agencia Tributaria, que están teniendo acorralando a grandes fortunas como los Carceller y Aristrain, a multinacionales como la de Marcilla, a cantantes y actores, no han podido contra los grandes bufetes.

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