El abogado del Estado se moviliza para evitar que Abanca se quede con el dinero de NCG

La sorprendente sentencia de la Audiencia Nacional en la que ordena que las indemnizaciones que se autoconcedieron los gestores que provocaron la quiebra de Novagalicia (NCG Banco) —que ascienden a 10,4 millones— debe recuperarlas Abanca en vez del FROB ha provocado una batalla legal. El fondo de rescate ha reaccionado de inmediato movilizando a la Abogacía del Estado para que el dinero vaya a parar al contribuyente y no al banco venezolano Banesco, de Juan Carlos Escotet.

La sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional establece que los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada deberán indemnizar con 10,4 millones de euros al "sucesor universal" de la entidad, es decir, Abanca, en concepto de responsabilidad civil por el cobro indebido de sus prejubilaciones. Como es sabido, NCG fue adquirida al FROB por el banco venezolano Banesco de Escotet por 1.003 millones, de los que aún debe 300. De esta forma, enmienda la primera sentencia dictada al respecto —en la que el FROB sí era el destinatario de la indemnización— por orden del Tribunal Supremo.

Sin embargo, el FROB asegura que, en los acuerdos para la venta de NCG, se incluyó una "reserva de restitución" por la que el fondo público de rescate debe cobrar todas las cantidades derivadas de los procesos judiciales de la entidad. Así, el presidente del FROB, Jaime Ponce, aseguró ayer en el Congreso que "el FROB ha impuesto a todos los adquirentes de entidades con ayudas públicas la obligación de mantener la acción procesal o ceder las acciones judiciales de responsabilidad civil iniciadas o que pudieran iniciarse, y a entregar al FROB todas las cantidades que pudieran ser restituidas".

La abogacía del Estado, al rescate

Además, fuentes del fondo público insisten en que la sentencia en ningún caso niega la capacidad del FROB de hacer valer sus derechos en ejecución de la sentencia y no contradice la comparecencia del presidente del FROB en el Congreso. Es decir, que aunque la Audiencia ordene que la indemnización se pague a Abanca, este acuerdo de compraventa obliga a Escotet a renunciar a esos 10,4 millones en favor del Estado español.

Con el fin de hacer valer esos derechos y evitar tentaciones, la Abogacía del Estado se movilizó ayer mismo para "hacer efectiva la cesión de la acción judicial de responsabilidad civil y que se le restituyan las cuantías que correspondan", según las fuentes consultadas.

Una resolución polémica

En el auto, el tribunal justifica la imposición de tales penas, que modifican a las impuestas en primera instancia, porque con el cálculo anterior no se garantizaba "la mayor reparación del daño patrimonial a la entidad perjudicada". Asimismo, declara nulas las pólizas individuales de aseguramiento, incluidas en los contratos de alta dirección de 2010, al considerar demostrado que los condenados incurrieron en una "estrategia" para mover "las voluntades de los órganos de gobierno" a fin de aprobar estos acuerdos.

Los antiguos directivos de las cajas gallegas deberán hacer frente a tales pagos después de ser declarados culpables de un delito de administración desleal por autoadjudicarse indemnizaciones millonarias ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente.

El pasado septiembre, el Tribunal Supremo ratificó las condenas de dos años de cárcel para la antigua cúpula de NCG a pesar de considerarlas "exiguas" (por lo que reprochaba al FROB no haber recurrido), aunque instaba a la sala a corregir un error en el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones por responsabilidad civil.