La Audiencia ordena que los condenados de Novagalicia paguen a Escotet y no al FROB

Los 9.052 millones de dinero público inyectados para salvar de la quiebra a Novagalicia (Novacaixagalicia o NCG) no dan derecho al FROB a recuperar las indemnizaciones que se autoconcedieron los gestores que provocaron el rescate de la entidad, según la Audiencia Nacional. En una sorprendente resolución, el tribunal enmienda su anterior sentencia y dictamina que estas cantidades -que ascienden a 10,4 millones- debe cobrarlas Abanca, la entidad sucesora de NCG, que fue comprada por el banco venezolano Banesco de Juan Carlos Escotet por 1.003 millones, de los que aún debe 300.

Según un auto de la sección tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, los exdirectivos de Novacaixagalicia José Luis Pego Alonso, Gregorio Gorriarán Laza y Óscar Rodríguez Estrada deberán indemnizar con 10,4 millones de euros a la sucesora legal de la entidad gallega, Abanca, en concepto de responsabilidad civil por el cobro indebido de sus prejubilaciones, en vez de pagárselos al FROB como establecía la sentencia inicial.

En el auto, el tribunal justifica la imposición de tales penas, que modifican a las impuestas en primera instancia, porque con el cálculo anterior no se garantizaba "la mayor reparación del daño patrimonial a la entidad perjudicada". Asimismo, declara nulas las pólizas individuales de aseguramiento, incluidas en los contratos de alta dirección de 2010, al considerar demostrado que los condenados incurrieron en una "estrategia" para mover "las voluntades de los órganos de gobierno" a fin de aprobar estos acuerdos.

La Audiencia contradice al presidente del FROB

Esta llamativa resolución de la Audiencia contradice de plano a la comparecencia del presidente del FROB, Jaime Ponce, esta misma mañana en el Congreso, en la que ha asegurado que el fondo público de rescate ha exigido a Abanca una "reserva de restitución" por la que debe ser el FROB el que cobre las indemnizaciones derivadas de este proceso penal y no Abanca.

Los antiguos directivos de la caja gallega deberán hacer frente a tales pagos después de ser declarados culpables de un delito de administración desleal por autoadjudicarse indemnizaciones millonarias ante la previsión de que la entidad iba a prescindir de sus servicios de forma inminente.

El pasado septiembre, el Tribunal Supremo ratificó las condenas de dos años de cárcel para la antigua cúpula de NCG a pesar de considerarlas "exiguas" (por lo que reprochaba al FROB no haber recurrido), aunque instaba a la sala a corregir un error en el cálculo de la cuantía de las indemnizaciones por responsabilidad civil.