Francisco Verdú, el hombre que no usó la 'black'... pero tampoco la denunció

"Verdú quiere pasar por estos procesos como señorita por césped, como si él hubiera sido un mero espectador de todo lo que ocurría en Bankia. Pero él no pasaba por allí, él era el consejero delegado, cobraba por ello y tiene una responsabilidad", señala un antiguo directivo de la entidad. Francisco Verdú (Alcoy, 1955) fue el único consejero de la entidad que se negó a utilizar la tarjeta 'black', y la lió en su declaración en el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, al asegurar que le dijo a Rato que era una "mala praxis" y que "acabaría saliendo en los papeles".

El problema es que Verdú no pasó de ahí: ni lo denunció, ni siquiera llevó el asunto al consejo de administración para plantear la posible ilegalidad de este medio de pago, como habría sido lógico en su posición de consejero delegado. Se limitó a decírselo al presidente y a guardar la tarjeta en un cajón, lo que le valió que los demás consejeros y directivos de la entidad le pusieran verde por dejarles en mal lugar.

Esta actuación recuerda a su excusa en la salida a bolsa de Bankia: "Se produjo a los 15 días de haberme incorporado a la entidad", por lo que su participación en los hechos que dieron lugar a la demanda "se basó exclusivamente en haber tenido por correcta y veraz toda la información que la entidad me proporcionó". De nuevo, parece que pasaba por allí. El problema es que era el consejero delegado, y eso implica una responsabilidad que no se puede eludir por llevar poco tiempo en el cargo o por afearle la conducta al presidente.

Al final, estamos ante la misma lamentable peculiaridad de casi toda la banca española: los consejeros delegados 'floreros' sin poder real, a los que nombra el presidente plenipotenciario normalmente por su bajo perfil (lo más importante es que no hagan sombra al 'señorito') para guardar las apariencias de buen gobierno, y a los que compensa con una jugosa remuneración.

Fichado por Rato como Plan B

En el caso de Verdú, llegó a Bankia de rebote. La CNMV obligó a Rato a nombrar un consejero delegado —él no tenía la más mínima intención de hacerlo— con vistas a la salida a bolsa de 2011. Pero todos los profesionales de campanillas a los que sondeó le dijeron que no, sabedores de cómo estaba Bankia ya entonces y de que no iban a pintar nada con Rato en la presidencia. Así que, entre los candidatos que le propuso Seeliger y Conde como Plan B, escogió a este profesional desconocido que había sido consejero delegado deBanca March entre 1996 y 2010, y al que la familia mallorquina había dado una 'patada ascendente' hacia una de las tres vicepresidencias de la entidad.

Su bajísimo perfil ante el poder absoluto del exvicepresidente del Gobierno y exdirector gerente del FMI le permitió incluso sobrevivir a la destitución de este y a la nacionalización de la entidad, ya que Goirigolzarri le mantuvo como consejero, si bien despojado del cargo de CEO. Al final, se vio obligado a dimitir en julio de 2012 cuando la Audiencia Nacional admitió la querella de UPYD contra el antiguo equipo gestor por las presuntas irregularidades en la salida a bolsa de la entidad.

Precisamente, es en esta instrucción —el llamado caso Bankia— en la que no ha podido eludir su responsabilidad, pese a alegar que acababa de aterrizar, ya que sigue imputado y es uno de los que han tenido que afrontar la fianza por su posible responsabilidad civil, junto a Rato, Norniella y Olivas (rebajada radicalmente desde los 800 millones en que se fijó inicialmente). Mejor le ha ido en el de las 'black', donde no está imputado sino que solo ha declarado como testigo.

Salario de 2,4 millones en 2011

Una responsabilidad que estuvo muy bien remunerada, por cierto: en el ejercicio de 2011, se embolsó una cifra que, según el abogado de algunos acusados por las 'black', llegó hasta 2,4 millones, incluyendo retribución variable, plan de pensiones y otros beneficios (los informes de Bankia no invidualizaban los sueldos, sino que los agrupaban por categorías de consejeros). Al año siguiente, el Gobierno limitó los salarios máximos para las entidades con ayudas públicas, por lo que Verdú se tuvo que conformar con 600.000 euros, aunque todavía le quedó una suculenta pensión.

Como informó El Confidencial, Verdú se ha mudado a Miami, donde ha montado una empresa para asesorar a empresas españolas —principalmente constructoras— con intereses en Latinoamérica. Una sociedad, Firm Steps Investments LLC, que tiene a medias con Guillermo Martínez-Lluch, exresponsable de Bancaja en Miami hasta diciembre de 2011 y que fue detenido por el juez Baltasar Garzón por su implicación en la trama Gürtel, aunque quedó en libertad posteriormente.